Como define David Harvey (2003, 2012) el derecho a la ciudad es un derecho colectivo, más que individual, que incluye en su núcleo el derecho que tienen los habitantes de una ciudad a definir y construir lo que debiera existir en ella, con el fin de satisfacer los requerimientos básicos para llevar una vida decente en los ambientes urbanos y tener posibilidad de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. En palabras de Harvey:
“Es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos” […] “La libertad de hacer y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es, uno de los más preciosos pero más descuidados de nuestros derechos humanos” (Harvey 2012: 20)
Es decir, junto con el derecho a la movilidad, a la vivienda digna, a la seguridad, al medioambiente sano, entre otros varios derechos entretejidos en el derecho a la ciudad, un hilo conductor de éste, es un aspecto muchas veces abandonado: el derecho a la participación en la toma de decisiones y en el diseño e implementación de las políticas urbanas que configuran el espacio que habitamos.
Una característica de los derechos humanos es que son interdependientes entre si, ya que la falta del ejercicio de un derecho pone en riesgo a los demás. Esto es cierto con todos los derechos humanos, pero esta interrelación se vuelve claramente visible al observar la relación entre el acceso que los grupos vulnerables tienen a los procesos de toma de decisiones y el ejercicio de los derechos humanos de estos grupos.
Esto responde en gran medida a la visión androcéntrica de la ciudad que se perpetúa en los espacios políticos de toma de decisiones, en los espacios institucionalizados de participación ciudadana, así como en los espacios de trabajo cotidiano donde se da la problematización técnica de la realidad urbana. Estos espacios son tradicionalmente dominados por varones de estratos altos, sin problemas de movilidad y de un perfil de edad específico.
Este sesgo se presenta también en los altos cuadros técnicos de las secretarías encargadas del desarrollo urbano, que diseñan, priorizan y proponen a los tomadores de decisiones las soluciones técnicas para construir la ciudad, en sus respectivos temas: vivienda, transporte, infraestructura, servicios urbanos.
Así, se pierde de vista que los habitantes de la ciudad son en su gran mayoría de grupos vulnerables. Mujeres, niños, ancianos, migrantes, miembros de comunidades indígenas, entre otros, conforman la mayoría de la población urbana. Sin embargo, la ciudad formal latinoamericana ha sido construida de manera androcéntrica, desde la posición de un grupo con un perfil muy específico: varones adultos, de sectores acomodados, heterosexuales, hispanohablantes, con buena movilidad corporal y las políticas implementadas responden a sus prioridades y necesidades.
En las ciudades latinoamericanas, existen desde hace varias décadas luchas para acceder a los espacios de participación. Los grupos de la sociedad civil organizada a partir de identidades de clase, gremio, barrio o género han logrado que se abran espacios de consulta formal cuando se elaboran o actualizan diversos instrumentos de planeación de las ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México el proceso de consulta ciudadana es un requisito legal para que se aprueben los planes de desarrollo urbano a escala local o estatal. En el contexto de las ciudades latinoamericanas, donde las desigualdades de género abonan a las desigualdades de color de piel, edad, ingreso, lengua y religión, es particularmente importante que los grupos tradicionalmente excluidos, en el caso de las políticas de género, las mujeres, accedan tanto a los espacios de toma de decisiones, como a los espacios donde se diseñan, priorizan y proponen a los tomadores de decisiones las soluciones técnicas para construir la ciudad. Este acceso contribuirá a deconstruir el modelo de ciudad androcéntrico que ha sido naturalizado y que perpetua a través de la elección de soluciones técnicas, aparentemente neutrales, las desigualdades de género.
En este trabajo se analizará el caso de dos ciudades latinoamericanas: la Ciudad de México, México y Santiago de Chile, Chile, revisando las políticas públicas urbanas para la igualdad de género contenidas en el Plan de Desarrollo urbano vigente, o en el caso de la ciudad de México el documento que se puso a consulta pública. Asimismo, se analizarán, las políticas urbanas de igualdad de género que se han implementado en ambas ciudades entre 2012 y 2018 y se rastreará el proceso a través del cual se decidió implementar la política analizada, poniendo particular énfasis en las políticas que surgen de los espacios de participación ciudadana y el perfil de las personas involucradas en su diseño e implementación. Para ello se utilizará una metodología cualitativa, se realizará investigación hemerográfica, análisis temático de documentos oficiales y entrevistas a informantes clave dentro de las secretarías de gobierno de las ciudades y la sociedad civil organizada.
Referencias:
Harvey, D. (2012) Ciudades rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Madrid: Akal