Políticas públicas de tierra y vivienda en la CABA en la actualidad. Procesos de acumulación económica, reurbanización social y expulsión de población.
Mgter Claudia F. Guebel,
Dra. Sandra I. Sánchez.
Dr. Jonatan E. Baldiviezo

En este trabajo nos proponemos realizar un diagnóstico sobre la situación actual en relación a la tierra y la vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, en la que asistimos a un proceso de acumulación y transferencia de tierras públicas al sector privado. A la vez que grandes inversiones en reurbanización social de ciertas viviendas en las villas, que implican una recuperación para el Estado de tierra pública, que se transfiere al sector privado. A la vez, se están dando procesos de expulsión de la población que habita en espacios “tomados”, sin otorgarles una solución habitacional definitiva. Con este trabajo queremos mostrar la intencionalidad del Estado, que está al servicio del mercado en general, y del inmobiliario en particular. Es decir, que es un Estado que no está a favor de los sectores populares, y sus derechos y su derecho a la ciudad, sino, que detrás de la fachada de “reurbanización”, se vislumbra un Estado neoliberal, donde todo se transforma en mercancía.
Con el gobierno del PRO en la ciudad, desde el año 2007, comenzó a llevarse adelante un proceso de acción sobre la tierra pública usufructuada por las villas, a través de la creación de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) y la Secretaría de Hábitat e Inclusión (SECHI). Ambos organismos apuntaron al principio al abordaje de las emergencias, lo que fue cambiando a partir del año 2016.
Con la concentración del poder político en manos del PRO, a partir de fines del año 2015, con la asunción de Macri como presidente de la República Argentina, Rodríguez Larreta en la CABA, y María Eugenia Vidal como gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, se tejieron también nuevas alianzas con el Poder Judicial y Legislativo, lo que permitió afianzar los lineamientos de las políticas públicas urbanas macristas, principalmente en materia presupuestaria y respecto de la voluntad de endeudamiento económico.
Hacia fines del año 2016, el jefe de gobierno de la ciudad, lanzó un programa de “integración socio-urbana” de cinco villas: villas 31-31 bis, villa 20, Rodrigo Bueno, Lamadrid y Playón de Chacarita. Este programa abarca distintos aspectos: por una parte, propone diferentes modalidades para la formalización de las situaciones habitacionales para la población; por otra, está acompañado por la transferencia de tierra pública del Estado Nacional al Estado local -proceso facilitado a partir de la alineación política del Estado nacional y local bajo el mismo gobierno PRO- y por último, se propone mecanismos de regularización dominial.
Paralelamente este programa en villas significó una conveniencia para otros actores sociales. De la mano de la reurbanización en villas, se plantearon grandes obras con tierras públicas, obras que en muchos casos son innecesarias para las villas, pero que dan “oportunidad de negocios” para grandes empresas, algunas amigas del gobierno actual, como AUSA o IRSA.
El discurso oficial se focalizó en argumentar de manera positiva la realización de estas obras justificando que son necesarias para la “integración socio-urbana” de las villas, obras que se realizan con endeudamiento externo y con la venta de tierras públicas a grandes compradores privados, como condición previa para la urbanización. Por ejemplo: para la Villa 31, se propone el desvío de la Autopista Illia y la construcción de un parque lineal elevado sobre la actual autopista (a la manera del High Line neoyorquino); la Villa Olímpica se construirá sobre los terrenos del actual Parque de la Ciudad en el sur de la misma; la construcción por parte de IRSA será la “Dubai argentina”, en los terrenos de la ex ciudad Deportiva de la Boca y la villa Rodrigo Bueno ; el emprendimiento de Catalinas Sur a partir de la venta de tres hectáreas situadas en los lindes de La Boca y Puerto Madero; y la continuación de la Avenida Triunvirato – a cargo de AUSA, empresa estatal porteña de autopistas - para el Playón de Chacarita.
Entretanto, se intensifican los desalojos masivos de viviendas informales en hoteles, pensiones, inquilinatos y casas tomadas a través de la instrumentación de la operatoria conocida como “desalojo administrativo”. Esta operatoria habilita el ingreso de la Guardia de Auxilio (un área de mantenimiento urbano del Gobierno de la Ciudad) para que el desalojo sea expeditivo e inmediato, argumentando peligro de derrumbe y demás riesgos derivados del deterioro de las estructuras materiales de las viviendas ocupadas.