La presente ponencia gira en torno a la discusión de las políticas culturales sobre patrimonio arqueológico en el estado peruano. Una de las principales características del Perú es la gran riqueza prehispánica, huella de las diversas sociedades que habitaron anteriormente el territorio, así como sus ricas manifestaciones culturales vivas: fiestas tradicionales, gastronomía, artesanías, entre otros, y que son asumidas como potencial para el desarrollo. En ese sentido, ¿cuál es la visión de las políticas culturales frente a los marcos de desarrollo económico y social?, ¿cómo las políticas culturales son asumidas y se articulan en los distintos niveles de gobierno? siendo más precisos, cómo estas discusiones se ciñen al patrimonio arqueológico, el cual llega actualmente a los 20,273 sitios registrados a nivel nacional.
En la actualidad, todo el sistema que involucra al patrimonio cultural y su gestión es parte de una plataforma de discusión entre los gestores, asumiendo el poder transformador que tiene la cultura como agente de cambio social, y en la construcción de identidad y ciudadanía. Desde ese punto de vista, hay una fuerte carga simbólica (discurso político) que el Estado, representado en el Ministerio de Cultura, aún no puede abordar por las limitaciones de su estructura, formulando una serie de normas caducas respecto a las dinámicas que el patrimonio requiere, estableciendo una relación dicotómica y conflictiva.
Cuando el Estado peruano indica respetar los diferentes patrimonios vivos, así como promover la investigación y puesta en valor de sus sitios arqueológicos, esos esfuerzos se contradicen cuando se enfrentan a los proyectos de “interés nacional” para la modernización y desarrollo de la población, y a las necesidades e intereses de la misma población. Entonces, ¿cómo gestionar este conflicto entre el desarrollo y patrimonio cultural?
En primer lugar, debemos situar al patrimonio arqueológico como un bien en disputa, ejercidas por el Estado, la sociedad y la comunidad científica, cada una en diferentes frentes.
La posición del Estado, es la mirada clásica de patrimonialización e intangibilización de los sitios arqueológicos, en donde se extrae y aísla al monumento de su entorno físico (de su territorio), siendo un lugar en “ruinas”, sin apropiación y valor social. Así, la gestión del patrimonio arqueológico es uno de los temas que mayor contradicción le genera al Estado Peruano. Cada gobierno nuevo que llega al poder no sabe qué hacer con él; por un lado, lo ve como vehículo de desarrollo económico a través de su potencial turístico y, por otro lado, como uno de los agentes restringentes a la inversión privada, pues cada nuevo mega proyecto en el territorio nacional involucra el hallazgo de nuevos monumentos prehispánicos e históricos. Esta mirada patrimonial genera en la sociedad una relación distante con el bien arqueológico, fracturando esa relación con su historia y poniendo en debate la protección de ese pasado en común, que finalmente es el que cohesiona al colectivo. En ese sentido, el ministerio es una estructura vertical, con pocos espacios de debates democráticos que involucren a actores de la sociedad civil.
En contraposición a esta mirada conservadora de la gestión del patrimonio, se entiende al bien arqueológico como un ente dinámico, vinculado a un entorno social y fijado en un territorio, permitiendo una mirada integral y transversal a los temas de desarrollo. Asumir esta postura, significa aceptar los vínculos y apropiación que tiene la población que vive y convive con esos espacios arqueológicos, significa, también, descentralizar, fortalecer e involucrar a los gobiernos locales en los procesos de gestión. Se abre, entonces, una serie de mecanismos para reconocer la participación de distintos actores en la gestión del sector cultura. En conclusión, mientras el poder político de los decisores que están a cargo no vean la amplitud del valor de desarrollo que tiene el patrimonio, su rol se centrará solo en el establecimiento de procedimientos que pueden funcionar en el sistema, pero que no permiten potenciar y dinamizar la cultura como un agente importante de cambio.
La ausencia de una política para el sector arqueológico se visibiliza al identificar una inversión centralista por parte del Estado para la Puesta en Valor de los monumentos arqueológicos. Un ejemplo es en la ciudad de Lima Metropolitana, donde los monumentos arqueológicos recuperados y que cuentan con infraestructura se limitan a los distritos céntricos de poder adquisitivo y acceso a espacios culturales. Esta lógica de inversión se extiende a nivel nacional, siendo beneficiadas algunas regiones.
En otra etapa del análisis se observa que la política de recuperación de los monumentos arqueológicos se limita al enfoque turístico. Contar con un solo enfoque de desarrollo se convierte en una limitación, al no contemplarse las formas de organización, relaciones y necesidades que se circunscriben entre población y monumento arqueológico. Es así, que en algunos casos la inversión sobre un monumento arqueológico bajo el discurso del desarrollo turístico culmina sin ningún resultado favorable. Los ejemplos brindados, cuestionan la existencia de una política cultural desde el estado para los monumentos arqueológicos y que por otro, permite esbozar alternativas en el marco de una política pública.
Desde esta perspectiva, creemos que abrir espacios participativos y democráticos desde un nivel local, donde se rebatan los distintos intereses que confluyen en el tema patrimonial y uso de su territorio, puede generar políticas sostenibles, insertados en co- responsabilidades y co-gestionadas, no solo a favor del desarrollo económico, sino también el social, mejorando la calidad de vida y permitiendo fortalecer sus vínculos identitarios y de ciudadanía.