En noviembre de 1968, el economista chileno Aníbal Pinto participó de un encuentro convocado por la OIT cuyo título fue “Integración Regional y Seguridad Social”. Allí expuso una ponencia que llamó “Condiciones Sociales e Integración Regional” (Pinto 1968), en donde destacó que los programas de pensiones y de asignaciones familiares representan una transferencia de un grupo social a otro y que por ende esos recursos deben considerarse parte del “coste real”, es decir, como un componente más del coste salarial. Relativiza también los efectos económicos que los mecanismos redistribuidores de ingresos puedan potencialmente generar y señala que la disparidad en los salarios y los costos de la seguridad social en los países latinoamericanos está asociada esencialmente a las diferencias en las productividades observadas entre ellos. Observa, además, que las remuneraciones directas e indirectas no representan un componente principal en las estructuras de costos en las empresas que operan en América Latina, y que:
“Los demás componentes del precio, principalmente cargas de capital y utilidades…. representan una proporción del precio muy superior a la de los Estados Unidos. Ello se debe a otras circunstancias, a saber, la carestía del capital, su precio, el tipo de interés y las cargas de depreciación y los altos beneficios, ya sean de origen monopólico en el sentido tradicional, o derivados de la marcada protección de los mercados internos”.
Resaltamos dos de sus conclusiones:
i. Que el proceso de integración regional en América Latina no debería encontrar obstáculos en los desniveles del coste real existentes en los años 60;
ii. Y que esa integración no debería causar efectos relevantes en materia de nivel de empleo e ingresos de los trabajadores.
Cincuenta años más tarde, observamos que la seguridad social se ha fortalecido en términos generales, la participación de los asalariados cubiertos y el gasto en seguridad social en proporción del PIB se duplicó, aumentando también la esperanza de vida y la participación de los adultos mayores en el total de la población. En fin, un afianzamiento del Estado Social construido para dar protección a aquellos que quedan fuera de la protección que brinda la siempre arisca propiedad. Aquellos no cubiertos por el Estado liberal, que en el concepto de John Locke vino a “proteger la vida, la libertad y la propiedad”. Ese Estado Social, esa propiedad social alternativa, se construyó sobre protecciones fuertes al trabajo y dio lugar a la transformación de la “modernidad restringida” del siglo XIX y comienzos del siglo XX a la “modernidad organizada” (Castel 2001) afianzada luego de la segunda guerra mundial.
Sin pretender ni remotamente contrastar las observaciones y tesis de Aníbal Pinto, su visión aguda nos da pie para hacer un breve recorrido sobre tres importantes sistemas pensionales de Sudamérica, en momentos en que la seguridad social está como en la bitácora de la región. En Brasil, las organizaciones de los trabajadores, distintos movimientos sociales y políticos, se oponen a la reforma que el gobierno de Michel Temer impulsó en diciembre de 2016, una pieza promotora de la desigualdad. En Chile, millones de ciudadanos en las calles pujan por una reforma que distribuya el fruto del trabajo más equitativamente, más igualitariamente. El presidente Sebastián Piñera a poco de asumir su mandato ha indicado que durante 2018 impulsará una reforma al sistema de pensiones. En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri impulsó una serie de medidas previsionales en sus dos primeros años de gobierno que describen una “ultra actividad” en la materia y que ha dado lugar también a amplias movilizaciones de la ciudadanía en defensa de sus derechos.
El debate sobre las reformas previsionales venideras tiene puntos en común en los tres países mencionados. En Brasil y Argentina la preocupación oficial es asegurar la baja del gasto previsional. Ambos países aplican políticas de ajuste macroeconómico y de aumento del endeudamiento público. En Brasil, el pago de intereses de la deuda en 2015 fue mayor al presupuesto previsional. En Argentina, el pago de esos intereses en ese año significó un 8% del Gasto de la Administración Nacional, mientras que al año siguiente (2016) trepan a cerca del 15%. El impulso de políticas macroeconómicas acrecentadoras del endeudamiento termina aumentando el monto de intereses a pagar y disputando el espacio fiscal al gasto social.