El 24 de noviembre de 2016 se firmó en Bogotá, Colombia, el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Este pacto ha suscitado la aparición de inéditas y complejas discusiones alrededor del proyecto político colombiano, entre ellas el debate sobre la necesidad de un nuevo marco para garantizar la participación política de actores tradicionalmente considerados marginales o por fuera del sistema de deliberación legítimamente reconocido por el Estado. Ahora bien, son dos los puntos del Acuerdo que hacen énfasis en esta cuestión: por un lado, el punto 2 denominado “participación política”; por el otro, el punto 3 denominado “fin del conflicto”.

En esta ponencia proponemos una lectura de ambos puntos del acuerdo desde una apuesta de transformación profunda; esto es: orientados a una redistribución de lo político entendido como el escenario y ordenamiento de lo común, lo público, su asignación de funciones, lugares, sujetos, modos de visibilidad e interlocución (Ranciѐre, 1996). Desde este punto de vista, la potencia transformadora de la interpretación de estos puntos acordados descansa en (y se ve amenazada por) la mutua determinación de lo social y lo político; es decir, depende del reconocimiento de una condicionalidad doble entre los poderes en la esfera política y los poderes en el campo social y económico. Hay en esto un contundente rechazo a la interpretación ingenua según la cual lo político constituye una esfera independiente, autónoma, y regulada de conformidad con un proceso confiable y certero de sufragio. Por el contrario, según lo anterior, cualquier proyecto honesto de reinvención política debe involucrar también las jerarquías sociales y económicas que están a la base y se sirven de las anquilosadas dinámicas electorales (De Santos, 2017).

Siguiendo esta idea, la discusión que proponen los puntos relativos a la participación política y reincorporación de 14.178 excombatientes en Colombia no debe reducirse, pues, a la mera presencia en espacios estatales de acción, es decir, debe evitarse la simplicidad de una mirada integracionista según la cual los y las excombatientes requieren espacios para articularse dentro del sistema de gobierno electoral, sino que debe invitar a pensar formas de reconfigurar el espacio político mismo. No solo se juega aquí la posibilidad de agregar personas al bando de “representantes” en la lógica de gobierno de nuestras democracias liberales. Late, aún más, la potencia para delinear nuevas fronteras, formas de escucha y de habla, donde puedan valer las voces y formas de comunidad de quienes han estado históricamente fuera del reparto de lo político.

Se abre entonces una aparente disyuntiva para los excombatientes que aspiran a construir un proyecto político transformador: optar por la movilización social o por la reincorporación. Disyuntiva porque las lógicas de reintegración a la vida legal que ya se han implementado desde hace trece años en Colombia están atravesadas por un individualismo inherente a las políticas del Estado. El efecto político de este proceso ha sido la desarticulación colectiva y el abandono de experiencias comunitarias de vocación transformadora de los y las excombatientes, en beneficio de una adhesión a ciertas lógicas de “normalización” de subjetividades según el perfil de ciudadanía de nuestros contextos neoliberales, capitalistas y de mandato masculino (Segato, 2003); lógicas tales como: la integración a intensas dinámicas laborales en el sector de servicios y a entornos de vivienda en los cinturones de miseria de las urbes; el ejercicio de roles familiares y de género según el canon masculinista dominante, o el acceso burocratizado a la oferta de salud y justicia. Tal despotenciamiento político sin duda amenaza el proyecto de mudar la forma de incidencia y de lucha de las FARC, pero en términos más generales habla de las formas de “inclusión” y cambio político de nuestras democracias. Las preguntas que con ello se abren, entonces, son: ¿cuáles caminos se abren para la efectiva participación política de los y las excombatientes de los grupos armados en Colombia, más allá de su adherencia a alguno de los peldaños del sistema de administración de gobierno? ¿Cuál es el potencial transformador que se puede abrir para estos y otros sujetos liminares del proyecto político imperante, a partir de la experiencia de negociación de paz en Colombia?

Esta ponencia pretende abordar tales preguntas a la luz de la experiencia histórica del proceso de reintegración que ha llevado a cabo la Agencia para la Reincorporación y Normalización (antes Agencia Colombiana para la Reintegración)desde 2013, en diálogo con herramientas conceptuales tomadas del movimiento social y la teoría política contemporánea. La apuesta de este proyecto de reflexión es responder a interrogantes más amplios acerca de la superación de desigualdades profundas en nuestras sociedades, y la posibilidad de crear iniciativas sociales que impulsen políticas amplias, diversas y equitativas.