Derecho a la educación en escenarios de conflicto armado en Colombia: nuevas maneras de pensar procesos de formación
Ana María León Rodríguez
Introducción
La guerra es uno de los principales factores por los cuales se fragmenta la sociedad, se afecta la identidad y se pierde la perspectiva de futuro que guía las acciones de los sujetos que configuran la dinámica social, cultural y política de las comunidades. Cuando se piensa en la guerra, es inevitable pensar en su papel en el surgimiento y desarrollo de las naciones, pues varios de los hechos históricos más importantes se caracterizan por un conflicto bélico entre diversos actores.
En el caso colombiano (Colombia es uno de los países con el conflicto armado sin resolver más antiguo del mundo), la guerra implica, según el Grupo de Memoria Histórica en el informe denominado “¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad (2013), una lucha por el control del territorio, una lucha por el poder y el debilitamiento del otro, eliminando su posibilidad de participar en la vida social y política. Tal como se plantea en el informe frente a las afectaciones y el impacto del conflicto armado en el país:
En los pueblos arrasados, además de daños materiales existen evidentes daños socioculturales, relacionados con la destrucción de formas de vida en común y (…) con las afectaciones negativas que sufren los territorios y sus relaciones sociales que otorgan identidad y sirven para marcar fronteras y diferencias. (p. 277).
Comprender la dimensión del conflicto armado y la historia que ha marcado a generaciones enteras en Colombia, permite centrar la mirada en su impacto en las infancias en Colombia, pues según datos presentados en el informe, según información del RUV , “al 31 de marzo de 2013, entre 1985 y 2012, 2.520.512 menores de edad han sido desplazados, 70 han sido víctimas de violencia sexual, 154 de desaparición forzada, 154 de homicidio y 342 de minas antipersonal” (p. 314), esto tomando en cuenta los casos reportados oficialmente, pues una gran cantidad de estos se mantienen en el anonimato por el temor que genera la denuncia y la visibilización de la situación.
Tal como reporta el Grupo de Memoria Histórica (2013), el desplazamiento forzado es la problemática, producto del conflicto armado, que más genera poblaciones y, particularmente, niños, niñas y jóvenes afectados, genera en familias y comunidades enteras rupturas, la pérdida de lo que denomina Martha Nubia Bello (2001), “su lugar”, implica dejar de formar parte de un territorio en el cual se ha forjado una historia de vida y una identidad. El reconocimiento de la dimensión del desplazamiento forzado en el país, llevó a que en el año 1997 se expidiera la Ley 387, la cual adopta medidas específicas para la atención a la población desplazada y su acceso a salud, vivienda, empleo y educación. Frente a esta última, considerada como un derecho fundamental, se solicita a las entidades territoriales desarrollar programas especiales de atención educativa que garanticen no solamente el acceso, sino la permanencia de la población desplazada.
En la misma vía de la garantía del derecho a la educación desde la normatividad, el decreto 250 de 2005, por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia, plantea que el sector educativo debe:
1. Vincular y mantener a los menores en el sistema educativo formal, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad que regula la materia.
2. Ampliar la cobertura de educación a niños, niñas y jóvenes, mediante la asignación de cupos en los planteles educativos.
3. Implementar modelos educativos flexibles y pertinentes a la situación específica que permita el derecho a la educación de los menores desplazados.
4. Fortalecer el servicio educativo en zonas de retorno y reubicación de la población desplazada.
5. Mejorar la calidad de la educación mediante el desarrollo de planes y programas de capacitación de docentes, para optimizar los procesos pedagógicos que respondan adecuadamente a las necesidades de formación de los beneficiarios.
6. Apoyar la construcción, reparación y adecuación de la infraestructura física y dotación de los planteles educativos que prestan el servicio a la población desplazada (pp. 18-19)
Si bien las instituciones educativas acogen la normatividad y permiten el ingreso de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, investigaciones desarrolladas por docentes de Instituciones de educación superior como la Universidad Javeriana, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad El Bosque, la Fundación Universitaria Monserrate, han demostrado que, en primer lugar, no se han llevado a cabo estudios que se centren en los efectos del desplazamiento forzado en las instituciones educativas receptoras y, en segundo lugar, que si bien los niños, niñas y jóvenes tienen acceso al sistema educativo, no se ha centrado la atención en las prácticas pedagógicas que se desarrollan en instituciones que reciben población desplazada.
Desde este marco de referencia, se consolida el proyecto de investigación “Incidencia del desplazamiento forzado en las prácticas pedagógicas de primer ciclo de dos instituciones educativas de Bogotá”, el cual tuvo como objetivo principal analizar la incidencia del desplazamiento forzado en las prácticas pedagógicas de primer ciclo (Transición a Segundo grado) de dos instituciones educativas de las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa, dos de las cuales albergan actualmente el mayor número de población desplazada de la ciudad.
El trabajo desarrollado, permitió reafirmar la importancia de la escuela como escenario social y político en los diferentes contextos en los cuales se ubica, también el papel del maestro como un mediador y posibilitador de nuevas experiencias y proyectos de vida y, finalmente, la importancia de centrar la mirada en la educación y su función social en escenarios de conflicto armado, pues ésta se convierte en una herramienta clave para generar procesos de formación mediados por la resolución pacífica de conflictos, el reconocimiento del otro como sujeto y, en definitiva, para construir una cultura de paz. Desde esta perspectiva, se redimensiona la noción de práctica pedagógica y, a su vez, el papel del docente en la sociedad, pues tiene a su cargo la responsabilidad, no solamente de transmitir conocimientos, sino además, desarrollar habilidades sociales en sus estudiantes, con miras a que logren formarse como ciudadanos que cuenten con la capacidad para desenvolverse en la familia y la sociedad a la cual pertenecen.
Referencias
Bello, M. (2001). Desplazamiento forzado y reconstrucción de identidades. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá, Colombia.
Centro Nacional de Memoria Histórica (2015). Una nación desplazada: Informe nacional de desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá, Colombia.
-------------------------------------------------- (2013) ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General Grupo de Memoria Histórica.
República de Colombia (1997). Ley 387 de 1997.
----------------------------- (2005). Decreto 250 de 2005.
