Avance de Proyecto de Investigación de Maestría en Derechos Humanos, UASLP, México:
El proceso de reconocimiento de los Derechos Humanos por parte de los Estados de América Latina, su justificación, su ejercicio, y sus alcances son temas de discusión constante en la doctrina jurídica y en la sociedad debido a su naturaleza esencialmente política, lo cual hace necesario su análisis desde nuestra coyuntura latinoamericana actual.
La protesta social constituye una herramienta legítima para el ejercicio de los Derechos Humanos, y en este sentido las protestas sociales en nuestra región han sido, por lo general, la única forma a través de la cual ciertos grupos tradicionalmente excluidos han logrado reivindicar sus derechos o, al menos, han conseguido que sus demandas se incluyan dentro del debate público. A su vez, muchos de los derechos y libertades del presente son consecuencia de luchas y conquistas que se sucedieron en las calles en el pasado.
Desde esta perspectiva, la intención de la presente propuesta es el análisis del derecho a la protesta social como un derecho humano. Pretendemos estudiar el reconocimiento de éste derecho por parte de los ordenamientos jurídicos, las constituciones políticas de los estados, los tratados internacionales universales y regionales, pues consideramos que el derecho a la protesta social se encuentra implícito en la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, en la libertad de opinión y de expresión y en la libertad de reunión y de asociación pacífica.
Caracterizaremos algunas de las limitaciones a la hora de fundamentar -o regular- el derecho a la protesta social en el horizonte de las libertades individuales del paradigma liberal de los derechos fundamentales expresados en la tradición de la democracia deliberativa. A su vez, estudiaremos los contenidos jurídicos-sociales que determinan la criminalización y judicialización de las protestas sociales en Latinoamérica entendiendo a los derechos humanos como una complejidad dentro de los derechos políticos que emergen.
Analizaremos los procesos políticos que tuvieron lugar en Argentina (2001-2019) y sus contextos a través del estudio de casos jurídicos de relevancia social, protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad nacional, tratamiento parlamentario al derecho a la protesta social, argumentaciones discursivas por parte del ejecutivo nacional, influencia de los medios de comunicación. Realizaremos un análisis del caso de Milagro Sala determinando la legitimidad de su detención; pretendemos demostrar que la criminalización de la dirigente indígena argentina fue un punto de inflexión respecto al reconocimiento del derecho a la protesta por parte del Estado argentino.
Nuestra condición de hombres y mujeres de la periferia, las desigualdades sociales existentes en el interior de América Latina, la colonización estructural institucionalizada por los estados liberales y conservadores de nuestra región, entre otros, son factores que nos obligan al estudio del derecho a la protesta como así también de las diferentes prácticas represivas que tienden a la criminalización de la misma según los contextos. Las protestas expresan conflictos, luchas y resistencias de distinto tipo. Los Estados, en general, responden cuestionando su legitimidad, incrementando las restricciones y los controles, persiguiendo la organización social y política, incluso a veces hasta utilizando la violencia contra quienes salen a las calles. Los más perjudicados por esta situación son los grupos vulnerables, quienes ven limitadas sus posibilidades de asociarse, demandar y expresar cómo los afectan determinadas decisiones de los sectores y estructuras dominantes en un contexto de desigualdad social creciente en América Latina.
Esta investigación, entonces, pretende primero describir y luego explicar el derecho a la protesta social, su criminalización y judicialización en Argentina, reflexionando sobre sus causas, sus consecuencias, las relaciones más o menos directas con el contexto en el que se manifiestan, el estatus que le otorgan los grupos sociales y los ordenamientos jurídicos de cada país en el que se producen estos fenómenos; analizando las posibilidades que tienen los grupos tradicionalmente oprimidos de exigir sus derechos, organizarse y demandar como ejercicio de los derechos humanos a través de la praxis de la liberación. (Dussel: 1983)