El proceso de globalización que vive México, y gran parte de los países de América Latina, ha puesto en jaque al Estado nacional. Esto ha acelerado diversos procesos que inciden en las crisis sociales, políticas y económicas, desnudando las limitaciones normativas e institucionales del país. Además ha exhibido las prácticas de un sistema político desgastado y asfixiado por la corrupción, la violencia y la ineficacia democrática y las limitaciones y vacíos del Estado de Derecho.
Los procesos electorales en curso evidencian las contradicciones nacionales, más allá de la algarabía onerosa de los candidatos y sus campañas. La disputa por la presidencia de la República y las principales posiciones de representación popular en los ámbitos federal, estatal y municipal está marcada por una confrontación de proyectos, de candidatos y de partidos. Pero más allá de las fronteras convencionales de los comicios próximos, también están en juego los ámbitos de acción habituales de los poderes facticos. Y, por si fuera poco, el contexto internacional de estos procesos está marcado por la adversa actitud del presidente de los Estados Unidos que amaga a México con constantes amenazas en los ordenes político, económico, social, inclusive militar. Estas elecciones permitirán poner en valor las problemáticas de los pueblos indígenas de México, de sus comunidades, de sus luchas sociales en una coyuntura que anticipa nuevos rumbos hacia horizontes reivindicatorios.
Grosso modo, se considera que la población indígena es de 15 millones de ciudadano, agrupados en 56 etnias que hablan 100 lenguas diferentes. La emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace un cuarto de siglo se constituyó en una referencia para las luchas de los pueblos originarios. Los acuerdos de San Andrés Larráinzar establecieron nuevas orientaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas que integran la parte más sensibles de la población mexicana en la actualidad, han vivido una historia de oprobio, explotación, racismo, exclusión y, no pocas veces, de exterminio, a lo largo de cinco siglos. En la actualidad, la amplia demanda de la reivindicación autonómica de estas comunidades detona nuevos procesos de ciudadanización. Su reconocimiento, garantizado por la Constitución General de la República y la garantía de autogobernarse de acuerdo a los usos y costumbres comunitarias, otorga derechos emergentes que innovan las formas tradicionales del ciudadano convencional.
La azarosa relación de los pueblos indígenas con el Estado Mexicano postrevolucionario ha privilegiado el escenario histórico, jurídico, político, económico y social, con sus encuentros y desencuentros. Son múltiples los sujetos y los actores que intervienen en las relaciones entre el estado y los pueblos originarios.
El caso de la comunidad P'urhépecha de Cherán, en el estado de Michoacán, ilustra una lucha ancestral por las demandas comunitarias, que le son reconocidas después de la gesta reivindicatoria de abril de 2011. Hoy este pueblo indígena se siente orgulloso de haber logrado el estatuto que les garantiza el ejercicio de nuevos derechos a los miembros de su comunidad. Su lucha proviene de una historia muy antigua y de procesos recientes que aún están en curso. El levantamiento del pueblo cheranense hace 7 años marca un hito en la lucha de las comunidades indígenas, por las batallas ganadas en el ámbito jurídico, políticos, social y las luchas que ha emprendido por la administración de los recursos.
En la perspectiva de la historia reciente, este trabajo se propone responder a preguntas fundamentales relacionadas con los procesos que se han detonado a raíz de la toma de consciencia de la comunidad cheranense que los ha llevado las luchas reivindicatorias mismas, en el terreno jurídico y en la movilización social. También se propone indagar sobre la emergencia de nuevos sujetos y nuevos roles, desde el Estado nacional mismo hasta la comunidad cuyas decisiones democráticas han legitimado las acciones de los órganos de gobierno como lo es el Concejo Mayor. Es también interés de este trabajo evidenciar la resignificación de la ciudadanía y sus nuevos atributos que plantean el nuevo orden social y político del municipio de Cherán.
Como líder de estas luchas, Cherán inspira la movilización de otras comunidades no solo en la propia meseta P’urhépecha, también más allá de esta región, en otras comunidades del estado de Guerrero y de Chiapas, en el sudeste de México.