La Segunda Guerra Mundial abrió una etapa de agudización de la capacidad destructiva de la industria militar de las potencias mundiales. En el período de la Guerra Fría, los organismos internacionales contribuyeron al tratamiento de temas ambientales, producto del temor a una confrontación de grandes magnitudes entre las superpotencias que comprometiese la continuidad de la vida planetaria. La creciente atención a la crisis ambiental, producto de la carrera armamentística, el desarrollo urbano-industrial acelerado, la incorporación cada vez más voluminosa de agentes contaminantes a la atmósfera, los suelos y el agua, incitó a que la Organización de las Naciones Unidas convocaran a la Conferencia sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo, en 1972. Dicha conferencia, fue la progenitora de numerosas reuniones desarrolladas por instituciones internacionales con la finalidad de contribuir a la concientización ecológica a escala mundial y gubernamental.
A partir de que se introducía en las agendas públicas e internacionales, el tema ambiental adquirió una mayor relevancia, traspasando las instituciones gubernamentales y sus comisiones y programas, al repercutir en organizaciones sociales, que provenían de colectivos pacifistas, que advertían el peligro de una crisis ambiental y humanitaria desatada por la escalada de conflictos político-militares. En forma paralela, a partir de la década del 60’ surge, en el seno de los países capitalistas occidentales de mayor desarrollo industrial, una militancia por los derechos de la naturaleza, por la defensa de los ecosistemas y de sus componentes más amenazados. En tal coyuntura, se fundan numerosas ONGs “verdes” (World Wildlife Fund, Friends of the Earth, Natural Reward Defense Council, Greenpeace). En 1992, el activismo ambiental es reconocido e incorporado en el Programa 21 aprobado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, auspiciándolos como posibles aliados a los organismos gubernamentales, si se expresan en forma “independiente”, al margen de las disputas en el campo político. Tal requisito expresa la importancia para el sistema dominante de desideologizar el problema ambiental, esto es, que queden excluidas como referentes las organizaciones que cuestionen el orden socio-ambiental y económico mundial.
En respuesta a la negación de colocar el problema ambiental como una derivación del modelo de producción capitalista, crecen movimientos sociales que abordan la temática desde una perspectiva antisistema. Estos contribuyen a desplazar el foco que el establishment instala en la problemática, al tratarla como una consecuencia de la falta de voluntad política de disponer de nuevas técnicas de producción o de la ausencia de cuadros tecnocráticos que contribuyan a matizar las externalidades negativas que toda intervención antrópica sugiere. Al mismo tiempo, estos movimientos reencuadran la conflictividad como parte de la lucha de clases, del control del aparato del Estado, de la batalla cultural, de las disputas por la autonomía de los pueblos, etc. Los modelos extractivistas, como el minero a gran escala, el agrobusiness y la introducción de agrotóxicos en las cadenas alimenticias, la deforestación para la industria y el ganado, derivan temáticas que, en las últimas décadas, han reforzado la intervención de diferentes organizaciones sociales: autoconvocantes, estructuradas en partidos, formadas como movimientos, asambleas de deliberación y acción, entre otras, que se reproducen para modificar las lógicas productivistas. La guerra, en su expresión como amenaza mundial y como resultado de los choques imperialistas, sin dejar de ser uno de los temas convocantes, ha dejado de ser lo que congrega e incentiva la formación de los llamados movimientos socio-ambientales. También, ya no solo se trata de la defensa de una especie o de un ecosistema particular, sino que se extiende que la defensa del medio ambiente o el derecho a un ambiente “sano”, tiene que activarse de cara a una situación crítica que impacta en el espacio apropiado, significado y vivenciado por las comunidades humanas en convivencia con los elementos ecosistémicos que al ser trasgredidos y corrompidos por una determinada racionalidad económica, que coloca por encima de los intereses populares los corporativos, degradan las condiciones de existencia social. Se trata, entonces, de un orden socio-ambiental que es cuestionado y enfrentado. En este encuentro, de las comunidades humanas y las demás comunidades bióticas y los factores abióticos sobre los que se desarrolla y reproduce toda existencia, lo “ambiental” se transforma en sinónimo de “territorial”. Por tal motivo, las organizaciones sociales que disputan sobre el conflicto ambiental lo están haciendo en un contexto en el que se defiende el territorio, sobre todo, el “qué hacer con el mismo y quiénes tienen el derecho de hacerlo”. En este punto, lo que aparece es que reclamar el territorio para impedir intervenciones de Estados o corporaciones que resulten en una fractura o descomposición socio-ambiental, es un acto que inaugura la pugna por la gestión y administración del territorio y el medio ambiente.
Las definiciones de gestión ambiental que abundan en los manuales de administración, delimitan tal proceso a las acciones técnicas y normativas que, como resultado de su correcta aplicación, contribuyan a conservar, reparar o mejorar el estado del medio ambiente y/o de los recursos naturales que son aprovechados. Al margen de ciertos elementos conceptuales que se hacen presentes en casi todas las definiciones, existen diferentes perspectivas en la delimitación del concepto, sus alcances y objetivos, aunque cabe destacar que se presenta un predominio de interpretarla desde un enfoque reduccionista y determinista, que pone el acento en las funciones de la administración pública. Otras definiciones, rompen con la perspectiva anterior, centrada en la autoridad, al incorporar al conjunto social como un horizonte deseable en la gestión como proceso participativo y colectivo, y lo ambiental como temática multidimensional. Respecto a la gestión territorial, sucede lo mismo que en el caso anterior. Por un lado, se la plantea como una función pública que, sobre todo, disponga a través de normativas un orden que guíe o limite la producción social del espacio. Otras definiciones sostienen que este proceso ha de ser democrático, con participación ciudadana, coordinando e integrando políticas sectoriales, adaptado a las diferentes conciencias, y considerando las tendencias y evolución a largo plazo de los aspectos que inciden en el territorio.
Existe otra forma de entender la gestión ambiental y territorial a la luz de la conflictividad socio-ambiental descripta y brevemente analizada, que es la perspectiva en la que se intenta subvertir el control sobre un espacio afectado a una intervención, por organizaciones que parten de una base social que rechaza la degradación de las condiciones de existencia que genera, o se supone que lo hace, la legitimación de tal proceso, caracterizado como perjudicial. Lo que se cuestiona es el accionar de los intereses empresariales, la habilitación y connivencia de la administración pública, la ausencia de controles y penas, los mecanismos por los cuáles se pretende manipular la opinión pública, etc. En este sentido, no se trata de una participación de todos los actores intervinientes, con la expectativa de acordar intereses contrapuestos y antagónicos, sino que se basa más en la confrontación para dirimir el conflicto. Así, medio ambiente y territorio se transforman en el mismo objetivo. Por ejemplo, en Brasil, en la década de 1980, organizaciones sindicales y movimientos sociales ligados a la preservación de la selva como ecosistema y como fuente de riqueza y trabajo, se confrontaron a los intereses de una poderosa e influyente oligarquía ganadera que, para despejar la tierra de la mata selvática, efectuaba una deforestación a gran escala. La confrontación logró que se fundaran, por la iniciativa del Consejo Nacional de los Recolectores de Caucho, reservas para la extracción del caucho. En Argentina, asambleas populares, como las del pueblo de Famatina (La Rioja), han expulsado corporaciones mineras desde el 2005 (Barrick Gold, Sisko Mining Corporation, Shandong Gold), y en Malvinas Argentinas (Córdoba) buena parte de la población se organizó en asambleas para expulsar e impedir que Monsanto construyese una planta de semillas transgénicas en el año 2012. En Chile, es histórica la lucha del pueblo mapuche contra las hidroeléctricas que lo despojan de sus tierras ancestrales, o en Ecuador donde las comunidades indígenas se confrontan al modelo extractivista petrolero en el oriente selvático. Todos estos movimientos y organizaciones se han enfrentado a las empresas mediante estrategias de territorialidad, estas son, siguiendo a Robert Sack, de afectación, influencia, o control de personas, fenómenos y relaciones, con la finalidad de delimitar y reafirmar el dominio sobre un área geográfica.
La gestión que parte de la idea de que la pugna y el disenso son las primeras etapas que deben ser experimentadas, y que tal accionar es el resultado de organizaciones sociales populares, es lo que se denomina “gestión ambiental-territorial de base” (GATeB). Esto significa que la lucha puede ser ilustrada como una herramienta eficaz para preservar o conservar el medio ambiente, para sanear el hábitat, resguardar la cultura productiva de los pueblos y defender el territorio frente a las intervenciones de las corporaciones privadas y estatales. La finalidad de este trabajo introductorio es, en sintonía con el giro ecoterritorial que se registra en el campo analítico de las ciencias sociales y en la organización social, delimitar lo que es la GATeB, cómo y porqué surge, y ejemplificar con casos históricos y vigentes de América Latina.