El acuerdo de paz firmado entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano en noviembre de 2016 significa un acuerdo político que promete la inclusión de una población (particularmente negra, indígena y campesina) que ha sido históricamente excluida. Esta, que ha desarrollado en medio de un conflicto social y armado unas formas propias de organización, gobernanza y manejo ambiental de un frente agrícola que le sirvió inicialmente como refugio y posteriormente como fuente de territorialización, busca que estas experiencias sean reconocidas en el escenario de un post-acuerdo de paz. Sin embargo, este nuevo escenario permite emerger en el debate público los diferentes modelos económicos y de producción que la lógica de la confrontación armada había puesto en un segundo plano. Inicialmente el de estas comunidades desplazadas y expropiadas históricamente que han desarrollado experiencias locales de manejo ambiental del territorio. Pero también, el de un modelo hegemónico que se ha alimentado de la expropiación violenta para implementar grandes extensiones de monocultivos y acumular improductivamente la tierra sobre ecosistemas frágiles ambientalmente.
En este nuevo contexto, el futuro de ese frente agrícola en el marco de una reforma territorial, particularmente rural y la implementación del acuerdo de paz podría entenderse como un nuevo escenario de conflicto entre estos dos modelos en diferentes ámbitos: de un lado por la inclusión en los planes previstos para estas zonas de dichas comunidades y sus organizaciones asentadas históricamente que las han protegido en medio de la confrontación; y del otro, en el marco de la definición de la gobernanza de esas fronteras entre la producción agropecuaria y la conservación, la inclusión de dichos actores históricos que han ejercido desde lo local una autoridad ambiental cotidiana que debería ser reconocida y acompañada para evitar la entrada de otros actores que buscan reactivar y perennizar ciclos de violencia y exclusión. Para esto nos centraremos en un (o varios?) ejemplos de las experiencias que desde hace más de veinte años construyen los procesos que se reconocen en las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, como figura central del Sistema Nacional de Reforma Agraria (1994) que buscó desde su promulgación el cierre de la frontera agrícola.
Las zonas de reserva campesina como aporte a la conservación de la biodiversidad
Las Zonas de Reserva Campesina han recibido especial atención los últimos años como propuesta de ordenamiento ambiental territorial, para el fortalecimiento y la estabilización de la economía Campesina, el cierre de la frontera agropecuaria, la formalización de la propiedad para campesinos vulnerables principalmente en zonas de colonización o periféricas que coinciden con ecosistemas estratégicos relevantes.
A pesar de lo anterior se ha ignorado su potencial en el ordenamiento del territorio y muestra de ello es el desconocimiento de esta figura en los procesos de planeación territorial a nivel de los municipios, la ausencia de políticas agrarias que incluyan esta figura para facilitar el acceso y la formalización de la propiedad, el desarrollo y potencial de la economía Campesina.
Parte de la fortaleza de las ZRC radica en que no es solo una figura para asegurar la propiedad a campesinos pobres sino también formas comunitarias de manejo de la naturaleza protagonizados por procesos organizativos y de gobierno local, lo anterior sustentado en las Juntas de Acción Comunal, comités de tierras, comités productivos existentes en las Zonas de Reserva Campesina. procesos de Zonificación ambiental participativos que contribuyen a fortalecer la propuesta ambiental Campesina de la ZRC.
Concretamente las ZRC, como figura de ordenamiento ambiental territorial y espacial, con sujetos colectivos organizados. La zonificación ambiental prevista en el acuerdo de paz, debe prever la actualización de las Áreas de Especial Interés Ambiental que aún cumplen su función ecológica, o que han sufrido cambios en las estructuras por acciones antrópicas, esto con el fin de identificar también las prácticas que los sujetos agrarios han adaptado a los ecosistemas donde habitan, teniendo en cuenta diferentes dimensiones del territorio en términos ambientales, culturales, sociales e institucionales.
Este ejercicio de ordenamiento ambiental territorial se puede construir con instrumentos de gestión en las áreas protegidas y en las zonas de influencia, un régimen de manejo que contribuya a la delimitación de zonas usos para la población Campesina, bajo acuerdos transicionales hacia actividades sostenibles, restauración participativa, reconversión productiva, esquemas de prevención y de control social, evidentemente con las juntas de acción comunal o las formas de organización locales. Las Zonas de Reserva Campesina son un instrumento de reorganización del territorio y el manejo apropiado del manejo de la naturaleza.
