En Venezuela, desde hace ya dos décadas, se iniciaron grandes transformaciones sociales y políticas, en un contexto de cambios en la región que apuntaban hacia a disminución de las brechas de desigualdad y a la conquista de beneficios sociales y económicos integrales. Estos procesos, a pesar de tener una misma concepción ideológica centrada en el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, han tenido diversas estrategias para la ejecución de políticas públicas en materia de igualdad, las cuales se han guiado desde el año 2016 hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por el país en el marco de la Agenda 2030 de la ONU. Destacando acciones principalmente en los Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11 y 16.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez, programas en materia alimentaria como Mercal y PDVAL, Misión Barrio Adentro (salud), Gran Misión Vivienda Venezuela para el acceso a viviendas dignas para los sectores más vulnerables, y en materia educativa las Misiones Robinson, Ribas y Sucre, contribuyeron a la reducción de la pobreza y a superar el analfabetismo entre otros logros alcanzados, en un contexto de alta inversión social en la década del 2000, inversiones que estuvieron acompañadas de periodos de bonanza petrolera.
En el gobierno del actual presidente Nicolás Maduro, se mantienen los programas sociales mencionados, asegurando la inversión para la sostenibilidad de los mismos pero con un menor impacto social. Se comienzan a implementar otros programas para contrarrestar la profunda crisis económica y ofrecer el acceso de la población a los principales bienes: El sistema 0800 SALUDYA para la dotación de medicinas de alto costo y tratamientos médicos, la implementación de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para la venta de suplementos alimenticios a bajo costo, el Plan Chamba Juvenil como estrategia de atención para el primer empleo de la juventud venezolana y la implementación de Bonos como transferencias monetarias condicionadas a grupos vulnerables o de manera universal; manteniendo además el carácter público de los servicios básicos como agua potable, electricidad, gas y telecomunicaciones.
Sin embargo, todas estas estrategias de políticas sociales que, en proyecto y ejecución se adaptan a los ODS y a las metas adoptadas ante la ONU, no han sido suficientes para disminuir las brechas de desigualdad en Venezuela, lo que se reflejan en las reconfiguraciones de las condiciones sociales y económicas de las y los venezolanos; realidad que permite sectorizar a la población en 5 categorías (inversionistas, servidores públicos, trabajadores privados en empresas o corporaciones internacionales, remesas familiares y poblaciones vulnerables) en función de las condiciones económicas de la población y el acceso a los medios monetarios para el cumplimiento de las responsabilidades educativas, alimentarias, culturales y sociales; vinculadas además con reconfiguraciones políticas que quedaron en evidencia con los últimos resultados electorales del 20 de mayo de 2018:
1.- Inversionistas: Población con suficiente capital extranjero como para invertir en negocios, importar productos y comercializarlos a precios exorbitantes que marca la agenda económica del país. Se incorporan los influenciadores económicos que determinan precios del dólar en el Mercado Paralelo.
2.- Servidores Públicos: este sector depende del Estado y, a pesar de no tener altos ingresos económicos por el trabajo que desarrollan, son beneficiados con jornadas sociales en alimentos y otros productos de consumo familiar.
3.- Trabajadores privados de empresas o corporaciones internacionales: Sector de la población que trabaja para instituciones y organizaciones privadas internacionales que no percibe de manera directa beneficios sociales del Estado pero que son beneficiados desde sus espacios laborales con ingresos en moneda extranjera. Se incorporan en esta categoría los trabajadores FreeLancer, que son pagados en dólares y no cuentan con beneficios laborales permanentes.
4.- Remesas familiares: Sector que percibe remesas familiares de la población que ha emigrado del país.
5.- Poblaciones vulnerables: Población que no tiene acceso a remesas, a trabajos en instituciones del Estado o privadas internacionales, pero que percibe algunos de los beneficios sociales. Este sector es el agrupa a más personas y que responde a los estratos más bajos de nuestra sociedad, que pueden depender sólo de un salario mínimo que no logra cubrir las necesidades reales familiares.
Esta categorización, se determinaría a su vez en dos grandes bloques. El primer bloque, que incorpora las primeras 4 categorías, que no son excluyentes entre sí y forman parte de un sector de la población que se concentra en los centros urbanos; mientras que, el segundo bloque sería representado por las poblaciones que más vulnerables, habitantes de comunidades rurales y populares de bajos ingresos, quienes además de no percibir los beneficios sociales de manera permanente, son excluidos de las políticas sociales automatizadas, por no tener acceso a herramientas digitales (telefonía celular o computadoras) que les permitan el acceso a los programas; a pesar de la paulatina implementación del Gobierno Electrónico desarrollado desde hace aproximadamente dos años con el Carnet de la Patria y el código VeQR.
Frente a esta caracterización se plantean varios cuestionamientos ¿Las políticas sociales implementadas pueden reducir a largo plazo las brechas de desigualdad en el país? ¿Es posible cumplir con las metas adoptadas por Venezuela ante la ONU? ¿Cuáles serían las estrategias a desarrollar para reducir las desigualdades presentes? Todas en un contexto de profundización de la crisis económica y de explotación de los recursos naturales como estrategia para el sostenimiento de las Políticas sociales implementadas.