En Colombia los procesos de memoria histórica han sido trazados por la Ley 975 de 2005 sobre Justicia y Paz y la Ley 1448 de 2011 sobre víctimas y restitución de tierras. Con la primera se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) que junto con el Grupo de Memoria Histórica (GMH) —que comienza sus labores en 2007—propenden por la preservación de la memoria histórica como un deber del Estado y representa, por consiguiente, la primera iniciativa oficial con relación a la conservación de las memorias traumáticas en Colombia. Con la segunda se delegan las responsabilidades del GMH a la jurisdicción del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Esta Ley es la que da sustento legal a la construcción de la memoria histórica militar.

Estas iniciativas se han materializado principalmente en dos propuestas: la organización Mil víctimas del conflicto —creada ese mismo año con respaldo de la Defensoría Militar—, que se propone ser la voz de los hombres miembros de la Fuerza Pública, y el Centro de Memoria Histórica Militar (CMHM), que surge en el año 2013 con acompañamiento del CNMH y cuyo objetivo es la reconstrucción de la memoria histórica de las Fuerzas Militares.

El CMHM adscrito a la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE) surge a partir de un convenio interadministrativo entre el CNMH y la ESDEGUE, firmado el 28 de mayo de 2013, y se crea oficialmente el 8 de julio de ese mismo año bajo la Directiva Permanente no. 082 del Comando General de las Fuerzas Militares con un explícito acompañamiento del CNMH, que se ha materializado con conferencias, talleres y diplomados sobre reconstrucción de memoria histórica. Actualmente es el Centro de Investigación en Conflicto y Memoria Histórica Militar (CICMHM) la institución principal en la investigación, publicación y difusión de diversos estudios sobre las memorias de los militares en Colombia.

La configuración de intereses políticos y reivindicaciones sociales han permitido la (re)construcción de memorias desde diferentes grupos sociales que se sitúan mayoritariamente desde la subalternidad y recurren a esta como una forma de resistencia y/o reclamo ante la injusticia, sin embargo ¿Qué sucede cuándo las iniciativas de construcción de memoria nacen desde los militares? Para responder esta pregunta es necesario comprender ¿en qué contexto específico se dan estas iniciativas de memoria histórica militar? ¿cuáles son las políticas de memoria construidas por ellos? ¿de qué manera interactúan las categorías víctima, victimario y héroe en la construcción de la memoria histórica militar?
Preguntarnos esto cobra importancia por, entre otras cuestiones, el papel que han jugado las fuerzas militares en el conflicto armado colombiano y la reciente incorporación del Ministerio de Defensa en el consejo directivo del Centro Nacional de Memoria Histórica; decisión álgidamente rechazada por múltiples sectores de las víctimas del conflicto armado. Así mismo es necesario analizar y problematizar la memoria histórica militar en el escenario de pos-acuerdo que hoy convoca a la sociedad colombiana, en el cual instancias como la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad cobran relevancia.
Para analizar esta realidad se retoman conceptos como “usos políticos de la memoria”, “usos políticos de la identidad” y “hegemonía”: Pilar Calveiro sitúa cualquier forma de entender y practicar la memoria a partir de la premisa de que “no existen las memorias neutrales sino formas diferentes de articular lo vivido con el presente. Y es en esta articulación precisa, y no en una u otra lectura del pasado, que reside la carga política que se le asigna a la memoria” (Calveiro, 2006, p.377-378).
Entendiendo esto y articulándolo a la idea de la memoria como resguardo de la identidad y por tanto a la memoria colectiva como reivindicación de la identidad de un grupo social (institución) determinado, el vínculo entre identidad, memoria y finalidad política que realiza Alejandro Islas desde su análisis sobre la construcción de la identidad de la comunidad de Amaicha del Valle, (en los Valles Calchaquíes, provincia de Tucumán, Argentina) a través de la invención de una memoria colectiva, es importante para concluir que todo proceso identitario que suponga una intencionalidad de hegemonía a través de la memoria, posee una finalidad política (Isla, 2003, p.43). Es decir, cualquier reivindicación de identidad que, a partir de un proceso de construcción de memoria, pretenda posicionar una forma de entender una realidad determinada, supone un uso político de la memoria.
Pero la memoria como proceso individual involuntario no lleva en sí una intencionalidad política, para ello necesita un detonante, un motivo que convierta en voluntario todo el proceso memorístico. Tanto Calveiro como Isla retoman a Walter Benjamin para hablar sobre esto, en palabras de Calveiro
“[…] la memoria no es un acto que arranca del pasado sino que se dispara desde el presente, lanzándose hacia el pasado. […] se trata de “adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro” (Benjamin, 1994: 178). En efecto, son los peligros del presente los que convocan a la memoria, en tanto una forma de traer el pasado como relámpago, como iluminación fugaz al instante del peligro actual.” (Calveiro, 2006, p.378)
La mayoría de los trabajos sobre recuperación/reconstrucción de la memoria histórica han partido de las víctimas civiles, cuyo “instante de peligro” —ya no metafórico— se presenta bajo la forma de la impunidad, por lo que es pertinente preguntarnos ¿De qué manera se ha visto amenazada la institución militar? Calveiro es explícita cuando afirma que hablar de memoria “no necesariamente constituye una práctica resistente. En realidad, según cómo se acople la memoria del pasado a los desafíos del presente, se estará construyendo un relato que puede ser resistente o funcional al poder.”
Como respuesta a este instante de peligro, la memoria histórica militar ha exaltado lo bueno en términos militares e institucionales del Ejército y la Policía e incorporado a su relato las memorias de los uniformados que han vivido el conflicto armado colombiano. Sin embargo, en este ejercicio memorístico no se han referido a los actos realizados por fuera de la Constitución Política de Colombia, el Derecho Internacional Humanitario y en general los Derechos Humanos, tales como las desapariciones forzadas, los falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales), el reclutamiento forzado (batidas ilegales), las acciones conjuntas con grupos paramilitares o la implicación de altos mandos en el narcotráfico. La comprensión del contexto colombiano no requiere glorificación de héroes ni de mártires, sino de un proceso crítico y autocrítico que permita evidenciar qué injusticias se han cometido y se siguen cometiendo ¿Cuáles son las implicaciones en el ámbito jurídico de estos actos? ¿de qué forma se relacionan con la JEP y con la Comisión de la Verdad? ¿de qué manera se pueden abordar desde la memoria histórica?

Finalmente, entendiendo la incidencia que ha tenido el CNMH en la consolidación de una memoria histórica militar, es necesario advertir que existe un vacío importante desde las investigaciones del Centro con relación al papel de la Fuerza Pública como victimarios, puesto que hacen falta estadísticas y estudios que permitan labrar el camino para la construcción de la verdad y el enriquecimiento para juicios y condenas. Para comprender la guerra es necesario tener en cuenta no solo a los militares que han sido víctimas, sus secuelas y vulnerabilidades, también es necesario tener en cuenta a los militares como victimarios en su complejidad.