En el período 1989-1999 se generó un cambio en la situación de la inserción internacional de la Argentina que afectó al país de manera estructural. Esos años estuvieron marcados por la llegada a la presidencia de la nación del justicialista Carlos Saúl Menem, y durante ellos se consolidó en el país el modelo político y económico de la Nueva Derecha (Bonnet, 2007), al mismo tiempo que se fortalecieron las vinculaciones con la burguesía local y los capitales internacionales (Grassi, 2003). La redefinición de alianzas se vio reflejada en el acercamiento a Estados Unidos, centro de la escena internacional durante los ’90, y apoyo fundamental para efectuar las reformas económicas que el menemismo, en el marco de su proyecto político, buscó instalar.
La nueva inserción del país se vio materializada en la firma de tratados multilaterales dedicados a temas que fueron desde lo económico hasta los derechos humanos. Como contrapartida de los compromisos asumidos y en el marco de las decisiones políticas tomadas por el gobierno nacional, Argentina, como parte de los países del Sur global, quedó entre los estados con limitada capacidad para definir sus políticas económicas, afectando de manera directa a aquellos sectores cuyos derechos humanos se buscaba “proteger” (Falquet, 2017).
De esta forma, mientras se transformaba en hegemónica una política basada en los postulados estadounidenses de “libre mercado”, “Democracia” y “Derechos Humanos” y surgían instancias de coordinación supranacional que reivindicaban dichos valores, la aplicación de los ajustes económicos estructurales producía una cantidad cada vez mayor de población desplazada y excluida de los circuitos de producción y consumo, quienes eran en su mayoría mujeres. Así, las nuevas alianzas tuvieron como resultado el incremento de la exclusión y las desigualdades sociales y de género. Ésas últimas se vieron reflejadas en los procesos de feminización de la pobreza, que expresaron la existencia de una relación inequitativa entre varones y mujeres, teniendo como consecuencia que las crisis económicas afectaran de distinta manera a unos y a otras (Aguilar, 2011). Para las mujeres, la consecuencia de las reformas estructurales fue la precarización de sus vidas. Las mismas adoptaron distintas modalidades de acción en el marco de un nuevo “patriarcado privado” que limitó su autonomía y capacidad decisoria y las devolvió a sus roles tradicionales (Walby, 2002).
Estas cuestiones vinculadas a la realidad material de gran parte de la población femenina, se imbricaron con factores que contribuyeron a profundizar la problemática social, tales como la existencia de políticas migratorias rigurosas (Girón, 2009), la limitación de oportunidades laborales (Lindenboim, 2010), y la corrupción de los funcionarios gubernamentales vinculada a la proliferación de redes de tráfico de drogas, armas y personas (Vargas, 2013). Estos elementos, en conjunto con la renovada preocupación por el sostenimiento de los hogares en un marco de una creciente disminución del ingreso -o del poder adquisitivo del mismo-, la necesidad de migrar de sus ciudades y pueblos de origen en busca de nuevas posibilidades, e incluso el tipo de cambio favorable en relación a sus países de origen, favorecieron el acercamiento de muchas mujeres a la explotación sexual.
La explotación sexual, entendida como la victimización sexual de una persona por parte de explotadores/as o prostituyentes y ligada a la obtención de un beneficio económico o de otro tipo que significa la reducción de la persona a condiciones similares a las de la esclavitud, puede analizarse desde diversos puntos de vista (Jeffreys, 2011). La misma fue una problemática compleja donde se articularon, al menos, tres partes: quien ofrecía la explotación –los/as proxenetas-, quien consumía dicha explotación –los clientes-, y quien era explotada –las mujeres-. Asimismo, como problemática social, la explotación sexual se inscribió en dos procesos históricamente interrelacionados: por un lado, el de la violación de los Derechos Humanos -establecidos por una serie de acuerdos entre Estados, de los cuales la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) es el primero- y, por el otro, el de la movilidad interestatal tanto de las redes de explotación como de las personas en situación de vulnerabilidad (Sassen, 2003).
La problemática impactó de manera diversa en el país. En el caso de Bahía Blanca, localidad ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, fue atravesada por los procesos de reforma neoliberal en forma directa. En la ciudad, las reformas provocaron un acelerado incremento en la desocupación, caída en la productividad de los sectores económicos agrícola-ganadero e industrial, y una intensa fragmentación del trabajo, que implicó el empobrecimiento de sectores medios y de bajos ingresos. Asimismo, su ubicación en cercanía a ámbitos como Ingeniero White y Puerto Belgrano, ambos de carácter portuario y con gran cantidad de población masculina con una alta tasa de movilidad, así como su rol como nodo económico y político de la zona, fueron características que actuaron como base para la instalación y crecimiento de redes de explotación sexual (Riganti, 2017).
En la ciudad, los factores que favorecieron esta inserción fueron principalmente dos: por un lado, el mencionado proceso de pauperización de la población en la ciudad y la zona; por otro, la vinculación con flujos de movilidad de personas -desplazadas de su lugar de origen por su empobrecimiento-, bienes y dinero, en tanto se halló a medio camino entre el sur petrolero y las rutas del litoral atlántico. Esto último transformó a la ciudad en articuladora entre dos polos de explotación sexual: uno asociado a la movilidad en la costa atlántica -Mar del Plata, Necochea y Quequén- de la provincia de Buenos Aires -a su vez asociada mediante su conexión a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las redes transnacionales-; otro en conexión con la “ruta del petróleo” del sur, principalmente evidenciado en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Marengo, 2010). De esta manera, el impacto globalizador generó la condiciones en Bahía Blanca para una modificación cualitativa del lugar de la ciudad en las rutas de la explotación.
Cabe destacar que un análisis integral de la explotación sexual requiere de los aportes de la perspectiva de género y feminista, dado que ésta se evidenció como un fenómeno eminentemente femenino, en tanto las principales explotadas fueron las mujeres y los principales explotadores fueron los varones. Dicha perspectiva hace hincapié en la existencia de diferencias tanto entre los géneros socialmente construidos como entre las mujeres. En este sentido, entendemos que existen unas determinadas relaciones de poder que hacen de las relaciones entre los género un fenómeno inequitativo, pero que aquellas están intersectadas por otras relaciones de poder tales como el racismo, el elitismo, el clasismo (Anzorena, 2013).
A partir de lo descripto en los párrafos anteriores, la presente ponencia se dirige a identificar, describir y problematizar los elementos que le otorgan especificidad a Bahía Blanca en las redes de explotación sexual durante en los años 90. De esta manera, entendemos que la pregunta central no es ¿por qué Bahía Blanca y por qué los ’90? sino ¿por qué Bahía Blanca en los ’90? en tanto el período no define una coyuntura o un contexto o un telón de fondo sobre el cual las acciones simplemente se desarrollan: los ’90 dan razón de ser a las nuevas modalidades de inserción global locales y a las dinámicas sociales desplegadas en Bahía Blanca en el período.
El tema de investigación será abordado mediante el análisis de fuentes de diversa índole tales como registros de archivos del Poder Judicial Provincial, entrevistas semiestructuradas realizadas a informantes clave, el Plan Estratégico local y documentos censales, entre otras.

Bibliografía:
AGUILAR, P. (2011) “La feminización de la pobreza: conceptualizaciones actuales y potencialidades analíticas”. Revista Katálysis, vol.14, n°1, Enero/Junio, Florianópolis.
ANZORENA, C. (2013) Mujeres en la trama del Estado: una lectura feminista de las políticas públicas. Mendoza: EDIUNC.
BONNET, A. (2007) La hegemonía menemista: el neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001. Buenos Aires: Prometeo.
FALQUET, J. (2017) Pax neoliberalia. Perspectivas feministas sobre la (reorganización de) la violencia contra las mujeres. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Madreselva.
GIRÓN, A. (coordinadora) (2009) Género y globalización. Buenos Aires: CLACSO.
GRASSI, E. (2003) Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal: la otra década infame (I y II). Buenos Aires: Espacio.
JEFFREYS, S. (2011) La industria de la vagina. Buenos Aires: Paidós.
LINDENBOIM, J. (2010) “Ajuste y pobreza a fines del siglo XX” en Susana TORRADO. El costo social del ajuste (Argentina 1976-2002), Tomo II, Buenos Aires: Edhasa, pp. 11-49.
MARENGO, M.E. (2010) Mujeres desaparecidas en democracia. [Publicación Online] Questión: Revista especializada en Periodismo y Comunicación, n°27, vol. 1. Disponible en http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/index, consultado en julio de 2015.
RIGANTI, M.V. (2017) “No están perdidas”. Derechos Humanos y explotación sexual: representaciones y acciones políticas en Bahía Blanca (1989-1999) [Tesis de grado inédita]. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.
SASSEN, S. (2003) Contrageografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos. Madrid: Traficantes de sueños.
VARGAS, G. (2013) “Enfoque de género y derechos humanos en el tema trata y tráfico de personas” en TORRES CÁRDENAS, M. et al., Se trata de nosotras. Lomas de Zamora: Sudestada.
WALBY, S. (2002) “Feminism in a global era”. Economy and Society, vol. 31, n°4, noviembre 2002, págs. 533-557.