“¿Movimientos acéfalos, reticulares, rizomáticos,
obligados por las derrotas a quedar acorralados
en una interiorización subalterna del discurso dominante?
Pero también redespliegue del movimiento social
en los diferentes ámbitos de la reproducción social,
multiplicación de espacios de resistencia,
afirmación de su autonomía relativa y de su temporalidad propia.
Todo esto no es negativo si se va más allá de la simple fragmentación
y se piensa en la articulación.”

Daniel Bensaid
Teoremas de la resistencia en los tiempos que corren

La ofensiva extractivista es la expresión particular de la actual mundialización del capital en América Latina. En los últimos años, las luchas territoriales se han profundizado, revelando la centralidad de la territorialidad en los conflictos socio-políticos. Por eso este trabajo propone analizar las relaciones entre las luchas territoriales y el Estado en los últimos cinco años (2013-2018) en el norte de la Patagonia argentina, analizando experiencias de criminalización y resistencia.

Durante el período 2009-2015 se dieron procesos económicos y políticos que redefinieron el carácter del Estado bajo el signo político kirchnerista. La crisis financiera internacional, el conflicto con el campo y luego la crisis energética impactaron en la disponibilidad de recursos para sostener el carácter redistribucionista de la intervención política, revelando y definiendo los límites del arbitraje estatal en los conflictos sociales (Bonnet, 2015), y agudizando la tensión entre la compensación económica y la criminalización como políticas de Estado.

En la región patagónica, los conflictos territoriales se profundizaron en los últimos años del kirchnerismo, en relación al impacto de la actividad hidrocarburífera y de la megaminería, y en especial, al papel de un Estado que promovió, garantizó y participó de dichas actividades. El ejemplo más claro es la firma del convenio entre YPF y Chevron para explotar la zona de Vaca Muerta –una de las reservas mundiales más importantes de shail-oil-. Los antecedentes negativos de la empresa estadounidense y la inaccesibilidad a la información, generaron un fuerte rechazo y resistencia popular, cuya manifestación fue reprimida durante ocho horas frente a la legislatura de la provincia de Neuquén el 28 de agosto de 2013.

A partir de 2015, bajo el signo político macrista, ese proceso de criminalización se ha profundizado, cristalizando en estrategias de estigmatización, judicialización y militarización de diversas luchas sociales, pero particularmente en nuestra región, de comunidades mapuces en procesos de recuperación territorial, tales como Pu Lof en Resistencia Cushamen –donde fue reprimido, desaparecido y hallado muerto Santiago Maldonado en agosto de 2017 por parte de Gendarmería Nacional cuando reclamaba la libertad del Lonko Facundo Jones Huala-, y Lof Lafken Winkul Mapu -donde fue asesinado Rafael Nahuel en noviembre de 2017 en un operativo represivo por parte de Prefectura Naval.-

Nuestro propósito apunta a la producción de conocimiento contextualizado sobre los modos de intervención del Estado en las luchas territoriales, entendiéndolas como expresiones del derecho a la existencia que el capital avasalla a partir del tríptico que lo caracteriza: despojo, dominación y violencia (Roux, 2008). Si bien identificamos tres grandes tendencias de intervención estatal: la compensación económica -directa o indirecta-, la criminalización y el aniquilamiento físico selectivo de dichas subjetividades políticas, en esta investigación nos centramos particularmente en la tensión entre criminalización y resistencias en los conflictos territoriales.

Cuando analizamos contra quién luchan lxs sujetxs que resisten la ofensiva extractivista del capital, generalmente aparece el Estado como principal interlocutor de sus demandas, por eso conceptualizamos al Estado como el modo de organización de la dominación política del capital, visibilizando su carácter represivo y reconociendo a la violencia como fundadora y conservadora de derecho. En esta perspectiva, la ley y el orden jurídico son abordados como código de la violencia pública organizada. El derecho penal es entendido como rasgo contradictorio de la máscara del Estado de derecho, y la selectividad de ilegalismos como puntapié para la configuración de una cadena punitiva criminalizadora de la subalternidad.

Criminalización de las luchas sociales como política de Estado en la Argentina
Una de las tesis centrales de este trabajo sostiene que existe una continuidad entre la criminalización de las luchas sociales en general y, particularmente de aquellas que ponen en juego la territorialidad, entre el último periodo kirchnerista hasta la actualidad bajo signo macrista. Y lejos de una simple continuidad, planteamos la profundización de la criminalización como política de Estado en la Argentina reciente.

En este sentido, distinguimos conceptualmente momentos del proceso de criminalización para entender cómo el kirchnerismo al sancionar la Ley Antiterrorista, modificar el Código Penal, crear el Ministerio de Seguridad y refuncionalizar las fuerzas represivas, no solo sentó piezas claves de la criminalización primaria sino que avanzó en la criminalización secundaria de los conflictos sociales. Además, identificamos estrategias y dimensiones de los procesos de criminalización (Korol y Longo, 2009), que implican la estigmatización como generadora de las condiciones de posibilidad para la conversión del conflicto en delito, la judicialización como operadora de la selectividad de ilegalismos y de la cadena punitiva, y la militarización que posibilita la represión y control de y en los territorios.

Lejos de limitarnos a un abordaje que solo advierte los mecanismos de intervención del Estado, nos proponemos reconstruir los procesos de formación de subjetividades socio-políticas al calor de experiencias de resistencia que sufren la criminalización como política de Estado, distinguiendo formas de resistencia subalterna en relación a la subordinación en un modo de dominación hegemónico y formas de resistencia antagonistas a ese modo de dominación (Modonesi, 2006).

Nos preguntamos cómo los procesos de criminalización condicionan formas de resistencias subalternas caracterizadas por la fragmentación de demandas, de sujetos y de modos de accionar que tienden a la subordinación de las luchas al modo de dominación política hegemónico del capital. Al mismo tiempo, recuperamos formas de resistencia que justamente a partir de la criminalización se configuran como antagonistas y despliegan estrategias que tienden a una articulación ofensiva contra el capital y su modo de dominación política vigente. Entre dichas estrategias podemos identificar: la producción de contra-información que contrarreste la estigmatización, la disputa jurídica-política en los procesos de judicialización y el bloqueo territorial en las situaciones de militarización.

Desde las luchas territoriales se desprenden conocimientos y experiencias que reinstalan una y otra vez el problema de la resistencia, y desde ellas tal vez podamos discutir si el imperialismo se disuelve en la mundialización del capital, si la lucha de clases se disuelve en las identidades comunitarias, si el antagonismo se disuelve en la hegemonía, y tal vez podamos discutir si la lucha política se disuelve en la lógica del movimiento social (Bensaid, 2004). Al parecer, lejos de las disoluciones y más cerca de las subsunciones en algunos casos y de las disrupciones en otros casos, lxs sujetos que se enfrentan a la criminalización como política de Estado, tienen mucho para aportar al pensamiento crítico, en especial aquel que dispara una y otra vez luchas y resistencias contra el capital.

Referencias bibliográficas
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