En Colombia a partir del Acuerdo final producto de los diálogos de la Habana, se reorienta la discusión sobre el enfoque que debe tomar la implementación de los mismos en los territorios más afectados por el conflicto armado. La paz territorial se incorpora como una propuesta que promueve la atención de manera prioritaria del campo colombiano a través de la Reforma Rural Integral. Sin embargo, esta no es neutral y se encuentra atravesada por una pugna histórica, entre las comunidades y la institucionalidad por el modelo de desarrollo a seguir en el país. Esta ponencia hace parte de los avances de una investigación en curso del grupo de investigación PRAXIS POLÍTICA de la Escuela Superior de Administración Pública-ESAP.
La investigación se centra en la participación de las comunidades en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET como instrumento de gestión y planificación para el desarrollo rural en el marco de la construcción de paz en Colombia. Al respecto, el país tiene una serie de tareas pendientes desde hace más de un siglo, pues en América Latina es el único que no ha realizado una redistribución de la propiedad rural, y que ostenta una elevada cifra de concentración de la tierra. En este contexto, el Acuerdo Final ha contemplado un enfoque para la implementación denominado “paz territorial”. Dicho enfoque ha sido enarbolado por el Gobierno Nacional y como tal ha recibido críticas de sectores académicos y la sociedad civil organizada.
El documento está dividido en tres secciones, en primer lugar se presenta el rastreo acerca del enfoque de paz territorial-PT y su relación con el enfoque de Desarrollo Territorial Rural (en adelante DTR) implementado en América Latina bajo una pretensión de “renovación” para el perfeccionamiento de las fallas del mercado sobre el desarrollo agrario. El DTR comienza a ser discutido, elaborado e implementado a inicios del siglo XXI, este consolidó una afirmación hegemónica sobre lo qué implica el desarrollo rural y las políticas públicas que al respecto debían desarrollarse en el continente. Para tal fin, se consolida el Grupo Interagencial de Desarrollo Rural-GIDR de América Latina integrado por las más poderosas instituciones sobre el tema.
Su vínculo con el enfoque de Paz territorial radica en varios aspectos, desde la formulación del mismo, hasta los contenidos y orientaciones que se incorporan en los documentos institucionales que lo definen. En el plano de la formulación se encuentra que la consultoría que contrató el Estado colombiano para los PDET, fue elaborada por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP), quiénes hacen parte del GIDR y además conceptualizaron acerca del DTR.
En relación a los contenidos y orientaciones coincide el DTR con el enfoque de paz territorial en la despolitización del territorio y la atenuación de los conflictos sociales, como condición previa para la garantía de una "nueva" planificación del desarrollo a través de los consensos. A su vez convergen, desde la perspectiva institucional, en la interpretación del territorio como instrumento catalizador del crecimiento económico capitalista. En ambos subyace la adecuación institucional como mecanismo para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y la participación de ciertos sectores en los procesos de toma de decisión, planificación y ejecución de las políticas rurales.
En segundo lugar, se describe epistemológicamente dónde se ubica el enfoque de paz territorial a partir de las diversas conceptualizaciones sobre el término. Al respecto se presentan las disertaciones sobre paz positiva, paz imperfecta, paz democrática y paz neoliberal elaboradas por Johan Galtung, Francisco Muñoz y Boaventura de Sousa Santos, entre otros. El enfoque de paz territorial ha sido abordado desde dos perspectivas teóricas: la liberal y la crítica. La primera se refiere a aquellos que clasifican la paz territorial como el cumplimiento de derechos fundamentales, la ampliación del Estado liberal y sus funciones, así como la consolidación de instituciones democráticas liberales, en este marco corregir las fallas institucionales que han excluido a las regiones de las lógicas imperantes, y por lo tanto incluirlas a nuevos mercados, así como vincularlas con los agronegocios, las actividades minero energéticas, entre otras. Este se puede homologar como “enfoque liberal o paz neoliberal” tal como lo han categorizado varios autores De Zubiría (2016) Boaventura de Sousa (2017) & Bautista (2017).
La segunda alude a los autores que se agrupan a partir de los aportes a la conceptualización sobre el término de paz territorial desde una perspectiva crítica, la cual incluye la recopilación de las demandas provenientes de sectores sociales históricamente apartados del ejercicio de poder, que han reclamado para sí una inserción y participación en la definición del rumbo de sus territorios. En esta perspectiva, se inserta una concepción que implica la justicia social, la reconciliación social y cultural, la cohesión social, la participación política y en ella el reconocimiento de las experiencias de auto organización social, económica, cultural y ambiental. Estos se pueden clasificar bajo el enfoque de “construcción de paz o paz democrática”, categorías utilizadas por los autores ya referenciados De Zubiría (2016) Boaventura de Sousa (2017) & Bautista (2017).
Posteriormente, se analiza la PT como estrategia para la implementación de la reforma rural integral –RRI. Puesto que, uno de los problemas centrales que intentará atender el punto uno del Acuerdo Final “Reforma Rural Integral-RRI” (Colombia & FARC-ep, 2016) es la distribución de la tierra y la orientación productiva sobre la misma, garantizando en este proceso un marco participativo. En este contexto, se analizan los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial-PDET como vehículos de implementación de la RRI derivada del Acuerdo Final, el cual contiene orientaciones expresas de política pública para su concreción.
Es ampliamente conocido en el plano académico que la construcción de paz requiere de la realización de una reforma agraria, la cual se ha tardado en el país, ocasionando un retraso de la modernización, al respecto coinciden diversos autores como Gonzaléz et al (2017), Bautista (2017), Molano, Estrada, Giraldo, Vega Cantor, Moncayo (2015) Restrepo & Bernal (2014), Fajardo ( 2001), Mantilla (2013), Ibañéz & Muñoz (2010), Jimenez (2004), Archila (1995), Machado (1998), Posada A (1990) entre otros.
Por lo tanto, la reforma agraria debe tener una característica fundamental, la participación política de las comunidades que habitan los territorios en las cuales se implementarán las medidas orientadas a resolver este problema histórico. En tal sentido, urge analizar y sugerir un camino para atender esta problemática, involucrando recomendaciones de política. Este análisis se focalizará en el ámbito territorial en relación a la construcción de paz desde el territorio, así como las relaciones de poder que se configuran en estos espacios.
