"Yo parí a mi hijo para la vida, mi hijo me parió para la lucha" -Luz Marina Bernal, lideresa de las madres de Soacha

Las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como 'falsos positivos' han sido una práctica del Estado colombiano en la que se asesina sistemáticamente a civiles para posteriormente ser presentados como bajas en combate. Entre el 2002 y el 2010, años en los que Álvaro Uribe fue presidente de Colombia e implementó su política de Seguridad Democrática, esta práctica aumentó considerablemente. El aumento está relacionado con incentivos de parte del Estado para miembros de la fuerza pública que presentasen bajas en combate. Los alicientes se traducían en permisos, aumentos salariales y ascensos, dentro de una avanzada militar contra los grupos guerrilleros .
El escándalo que dio la vuelta al mundo y que sin duda puede categorizarse como un crimen de lesa humanidad, por tratarse de la ejecución de un plan sistemático en contra de la población civil, estuvo a punto de ser silenciado en la escena pública. Mientras estos crímenes eran cometidos, la popularidad de las Fuerzas Militares crecía en el marco de una apuesta por construir una memoria sobre el conflicto armado de Colombia en clave de buenos y malos, donde los grupos armados al margen de la ley, particularmente los grupos insurgentes, son presentados como los responsables de todos los problemas del país, mientras el gobierno a través de las fuerzas armadas intenta liberarlo.
Guardadas proporciones, mientras en Argentina hegemónicamente se leyeron los horrores de la dictadura en clave de la teoría de los dos demonios, en Colombia se intentó construir un relato dominante del conflicto en clave de uno solo: la guerrilla.

Aunque esta idea fue ampliamente aceptada por la sociedad colombiana se desarrollaron fuertes cuestionamientos desde los movimientos sociales, la oposición en el Congreso de la República y organizaciones internacionales. Había una lucha por sacar a la luz los crímenes de Estado y por cuestionar ese relato oficial. Ante tales afrentas, la respuesta de Álvaro Uribe fue hablar de una campaña internacional de desprestigio y mantenía una actitud de negación de los crímenes cometidos por el Estado.

La gota que rebosó el vaso, haciendo imposible que se siguiera negando la existencia de los ‘falsos positivos’, fue la desaparición y posterior ejecución de 16 jóvenes en el municipio Soacha, una población aledaña a Bogotá, quienes fueron llevados con promesas de trabajo a Ocaña, en Norte de Santander, donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros que murieron en combate a más de 600 kilómetros de su casa. La búsqueda que sus madres llevaron a cabo dio lugar a la creación de una organización defensora de derechos humanos: Las Madres de Soacha.

Su aparición en el escenario confirmó que el Estado no podía tapar el sol con un dedo, hizo imposible que siguiera negando los delitos cometidos por las fuerzas militares y dio paso a un nuevo discurso en el cual justificaba las ejecuciones extrajudiciales. Probablemente la frase que mejor representa esta idea fue la declaración de Álvaro Uribe Vélez diciendo que estos jóvenes seguramente no estarían recogiendo café.

Tal afirmación exacerbó la lucha de estas mujeres, quienes haciendo memoria buscan verdad, justicia y reparación. A través de puestas en escena, manifestaciones públicas y obras de teatro cuentan la verdad sobre sus hijos, en este ejercicio de contar la verdad también se hace justicia. En una palabra, la lucha por esa memoria es una lucha por la verdad y al decir la verdad se camina hacia la justicia.

En este contexto, la ponencia busca explorar algunos elementos que expliquen por qué las madres de Soacha logran ser un parteaguas en el relato del Estado sobre los crímenes cometidos por las fuerzas militares y en los relatos del conflicto, en un contexto en el que hay una persecución fortísima de los movimientos sociales. Tal ejercicio se hará prestando atención a los testimonios que han dado a la opinión pública y en la lucha que continúa hasta hoy.