La doctrina de la soberanía, según sus orígenes, encierra un carácter negativo. Cuyo fin consiste en que el Estado se afirme a sí mismo. Más al desenvolverse y tomar como contenido positivo el carácter de poder del Estado, transforma los conceptos fundamentales del Derecho Público. En su representante clásico esta doctrina parte de la construcción de la unidad centralista del Estado. Concesión a que tiene que conducirla necesariamente la generalización de su principio del Derecho Natural al ser creado todo poder del Estado mediante el contrato de los miembros del mismo. No queda lugar alguno para el poder público de una asociación independiente dentro del Estado.
La soberanía es una propiedad que no es susceptible ni a aumento ni a disminución. Es un superlativo que no puede dividirse, sino que sólo tolera junto así otros poderes del mismo género. Por esto pueden existir varios estados soberanos, pero no pueden ser titulares del mismo poder de un Estado. Por tanto no hay ninguna soberanía dividida, fragmentaria, disminuida, limitada, ni relativa.
La soberanía entendida en su acepción moderna, es el poder supremo e independiente que tiene el estado. Ningún otro poder está sobre el Estado nacional, el cual tampoco se subordina a ninguna otra autoridad interna o externa. Un principio decisivo de la soberanía es que, por tener el poder supremo el Estado nacional, no tolera interferencias extranjeras. La autonomía del estado está condicionada, aunque no determinada en última instancia, por su independencia en la acumulación de capital.
La relación entre la soberanía estatal y la acumulación del capital sufre una metamorfosis invectiva en la época neoliberal. Ciertos autores no dudan en afirmar que el Estado ya no es el único depositario de la soberanía nacional. Se reconoce por ellos, la pérdida de soberanía de los estados en sus respectivas economías.
La Soberanía Nacional, a fines de la Segunda Guerra Mundial, disiente con un hecho indiscutible, que las comunidades políticas–los Estados– pasaron a ser parte de una sociedad internacional, regida por normas propias. El Estado Constitucional Moderno Soberano se encuentra forzosamente vinculado a obligaciones externas. Estas tuvieron orígenes muy diversos a través de tratados bilaterales, de convenciones multilaterales o de la existencia e imposición de una práctica capitalista globalizante y neoliberal en el ámbito internacional.
La existencia de una sociedad internacional y de obligaciones vinculantes para el Estado Constitucional Moderno, no es incompatible en principio con la Soberanía de este. Tal compatibilidad se logra en apariencia ya que los compromisos internacionales del Estado derivan del consentimiento del mismo. Solo que detrás de la interdependencia se ocultan las enormes asimetrías interestatales, así como las estrategias y diversas tácticas de dominación de las naciones rectoras en la arena económica y política.
Para esclarecer lo antes dicho podemos poner el ejemplo de los estados nacionales en América Latina. Estos, hoy en posición de desventaja, con reducidas posibilidades de autonomía, mínima intervención y regulación en la esfera del mercado global, en la búsqueda de necesarias relaciones de integración regional. Lo cual lejos de ser una tendencia natural es el resultado de las políticas neoliberales promovidas por los gobiernos de los capitalismos centrales en aras de facilitar los negocios de sus oligopolios y la absorción de ganancias extirpadas de la periferia del sistema.
No ocurre igual en el mundo desarrollado, donde la soberanía nacional se refuerza en la pujanza de quienes hacen prevalecer sus intereses. Si vemos la hegemonía que ejerce EE.UU., la presencia del estado se consolida a partir del fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética. Para ello cuenta con organizaciones internacionales que respaldan sus políticas estatales como el BM, FMI.
Son muchos los teóricos que refutan los diversos fenómenos comprendidos en el término de globalización neoliberal. Posturas contrarias manifiestan si estos fenómenos erosionan o no, los poderes de los Estados-nación. La era de la globalización neoliberal no significa el fin del Estado-nación, que continúa cumpliendo funciones útiles a la regulación económica, política y al establecimiento de normas culturales. Pero los Estados nacionales modifican su rol en materia de autoridad soberana. Centrar nuestra atención en el concepto y en las prácticas de la soberanía nos ayuda entonces a clarificar el debate.
El estado mantiene su rol como estado territorial, estado constitucional, estado nación democrático y estado intervencionista, si bien cada vez más comparte responsabilidades en la provisión de seguridad física, seguridad jurídica, autodeterminación democrática y bienestar social, con instituciones a nivel internacional. Todo esto genera un panorama complejo de establecimiento de un programa regional y global, que lleva a un replanteamiento de las relaciones interestatales.
Ahora bien, los fenómenos y transformaciones antes apuntados, plantea la necesidad de una reconceptualización del estado-nación, y también de una serie de conceptos asociados a él, como lo son el de poder, autoridad, soberanía, legitimidad, democracia, la distinción entre lo público y lo privado, y entre lo interno y lo externo. Se trata de nociones relevantes del derecho público que se forjan a lo largo de siglos de construcción teórica y conceptual y que requieren de una revisión a la luz de los procesos y fenómenos que están teniendo lugar en la actualidad.
Hoy no es posible construir un proyecto alternativo propio si no se conoce en realidad contra qué se lucha. Dada la escala mundial de la red trasnacional, las luchas nacionales aisladas tienen escasas posibilidades de éxito. Las resistencias en el ámbito nacional tienen que articularse con mucha fuerza, y consolidar en el plano internacional su lucha contra la hegemonía del capital.
