Las difíciles condiciones políticas, económicas y sociales por las que ha transitado Colombia durante las últimas décadas tienen su origen en la confluencia de dos factores fundamentales estrechamente interrelacionados. Ambos son atribuibles tanto a la responsabilidad histórica de la clase dirigente del país como a los designios de quienes han detentado el poder en el orden mundial. El primero de ellos es la persistencia, intensificación y degradación de un conflicto armado de más de medio siglo. El segundo factor es el abandono histórico o la presencia precaria del Estado en importantes regiones del país y su fracaso en la construcción de un modelo de desarrollo que integre estas regiones y les procure a sus habitantes unas condiciones dignas de vida.
Esta situación se agravó a partir de los años noventa por la imposición de unas políticas económicas, en consonancia con la llamada globalización neoliberal, que fueron acogidas sin reserva y con entusiasmo por las élites de todos los países latinoamericanos, incluida Colombia: reducción del papel económico y social del Estado y desdén por el mercado interno, favorecimiento a los inversionistas extranjeros y al gran capital nacional y acatamiento de políticas de ajuste fiscal y restricción del gasto público. Durante las últimas décadas, estas políticas se han centrado en el modelo de extracción de recursos naturales, en especial la minería, al tiempo que ha decaído notoriamente la producción agrícola e industrial del país.
En este contexto, el acuerdo de paz con las FARC, suscrito finalmente el 23 de noviembre del 2016, despertó grandes expectativas, tanto en el ámbito nacional como de la región, en cuanto al restablecimiento de las condiciones democráticas mínimas, que favorezcan la movilización política y social amplia, así como la posibilidad de resolver las diferencias políticas de manera civilizada, sin recurrir a la violencia en Colombia. Es decir, la finalización definitiva de este prolongado conflicto armado con la principal organización guerrillera del país, mediante la implementación completa de los acuerdos, un logro que todavía se vislumbra como incierto y difícil, permitirá por fin despejar el camino de la guerra para que el Estado pueda concentrarse en resolver los asuntos cruciales del desarrollo económico y social.
En la presente ponencia se examinarán las condiciones y perspectivas de la materialización de los acuerdos de paz con las FARC, en el marco de la polarización política que vive el país y de las contradicciones económicas y sociales resultantes del modelo de desarrollo vigente y del conflicto armado como tal. Se parte del planteamiento de que el objetivo de estos acuerdos es la terminación del conflicto armado mediante la desmovilización de la guerrilla, la dejación de las armas y su incorporación a la vida política y civil del país. Por ello, aunque los seis puntos en los que se estructura el documento final plantean algunas reformas jurídicas, políticas y económicas importantes con miras a alcanzar dicho objetivo y representan avances democráticos significativos, no implican un cuestionamiento del modelo de desarrollo vigente, ni la transformación de fondo de las estructuras agrarias del país. Las dificultades que plantea la implementación de los acuerdos reflejan las agudas contradicciones políticas y sociales que se dan entre los partidarios de este proceso y quienes se oponen a él.
El trabajo consta de dos partes. En la primera se analiza el contexto específico de la aguda polarización de la sociedad colombiana y se contraponen las dos visiones del desarrollo que se plantean y se hace un intento por proporcionarle la fundamentación teórica y política a cada una de estas dos visiones. La primera está representada por unas élites de naturaleza fundamentalmente agraria, que insisten en preservar el gran latifundio y se encuentran ligadas a los grandes negocios, en especial el narcotráfico y la gran minería. Comparten plenamente los preceptos neoliberales.
La segunda visión está representada por una multiplicidad de intereses sociales y populares, de naturaleza democrática, que pugnan por la puesta en práctica del acuerdo de paz, insisten en el desarrollo productivo del país y en la democratización de la sociedad. Estos sectores se expresan de manera principal en las clases medias de las ciudades grandes e intermedias del país. Claramente, en las elecciones presidenciales del 17 de junio de 2018 el candidato de la extrema derecha, representante de la primera visión y apoyado por la totalidad de las élites, se impuso sobre candidato de la izquierda democrática, representada en el programa de la Colombia Humana, vocero de una amplia confluencia de sectores alternativos y democráticos.
La segunda parte de la ponencia se centra en el análisis del alcance de algunos de los principales puntos del Acuerdo de paz, como son la Reforma Rural Integral, la salida a la producción de drogas de uso ilícito y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado. Como se ha documentado ampliamente, la lucha por el control territorial ha sido el eje del conflicto entre los distintos actores armados. Pero no se trata solo del control y despojo de la tierra para actividades diversas de gran rentabilidad, sino también de la disputa política, social y cultural con sus habitantes para imponerles unas relaciones de poder favorables a quienes desarrollan dichas actividades.
Puede señalarse entonces, que el peligro principal para la consolidación de los acuerdos de paz con las FARC proviene de la primera corriente mencionada. Históricamente, su proyecto económico ha estado ligado al narcotráfico y al paramilitarismo, para lo cual requiere de la apropiación y control de territorios estratégicos, mediante el despojo y la intimidación. En dicha tarea ha contado con la alianza de importantes sectores de las fuerzas armadas del país. Esta corriente se nutre también de la supervivencia de una cultura rezagada, que se apoya en creencias y posturas religiosas con sesgo marcadamente conservador, de diverso origen, con las que se pretende legitimar el statu quo, en especial en las zonas rurales en las que el Estado ha hecho muy poca presencia en términos institucionales y sociales, más allá de las fuerzas militares.
En este contexto arriba presentado, se revisarán algunos de los principales enfoques teóricos y políticos referentes al tema de la llamada paz territorial, un concepto fundamental, tanto para alcanzar una paz estable y duradera en amplias regiones del territorio nacional, como para sentar las bases del desarrollo regional.