En esta ponencia analizo dos situaciones particulares de movilidad forzada en la región de los Altos de Chiapas, México: el desplazamiento por motivos políticos de dieciocho indígenas tseltales provenientes de la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, y la migración interna de una mujer tsotsil desde Chenalhó en un contexto de violencia de género. A partir del trabajo de campo realizado en el centro turístico y comercial de la región: la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, durante abril y mayo de 2015 y enero y febrero de 2018, describo las experiencias de violencia, la re-territorialización en los bordes de esta ciudad y los vínculos con instituciones y organizaciones sociales en cada situación particular.
La ciudad de San Cristóbal de Las Casas -al sur de México, Estado de Chiapas- ha sido uno de los destinos frecuentes para las y los migrantes campesinos e indígenas provenientes de comunidades de la región de los Altos de Chiapas. Esta migración rural-urbana se volvió masiva a partir de la década de 1970, por los mismos motivos que en el resto de América Latina: “demasiada gente y muy poco trabajo en el campo y la oportunidad de, por lo menos, ganar el salario mínimo y quizás encontrar una vida mejor en la ciudad”(Rus 2009: 170), en un contexto de crisis financiera y agraria que se fue agravando hacia la década de 1980. Esta inmigración indígena hace parte de un notable crecimiento demográfico en San Cristóbal de Las Casas, cuya población se ha quintuplicado en los últimos cuarenta años (Robledo Hernández 2012: 111). Confluyen en estos movimientos de población, desde mediados de la década de 1970 y hasta la actualidad, también decenas de miles de indígenas desplazadas y desplazados, empujados a abandonar sus comunidades por conflictos políticos y religiosos. La mayoría de las y los cuales han encontrado donde asentarse en localidades rurales del municipio y en colonias en la periferia de la ciudad, principalmente a lo largo del Periférico Norte-Poniente. Próximos a estos caminos periféricos, al pie y sobre un conjunto de cerros, se ubican los asentamientos de las y los desplazados indígenas cuyos procesos de ocupación pueden ser clasificados según dos momentos o contextos (Angulo Barredo 2003: 69): Primero, los conflictos político-religiosos desde mediados de la década de 1970, que movilizaron a cerca de 30.000 personas, en su mayoría indígenas tsotsiles (o tzotziles)1 provenientes del municipio de San Juan Chamula (Martínez Velasco 2005: 200). Y, segundo, el conflicto armado desatado en enero de 1994 a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por el cual se han desplazado entre 50.000 y 84.0000 personas en total según las diferentes estimaciones (Arana Cedeño y Del Riego 2012: 69). Si los estudios precedentes distinguen dos causas principales de los desplazamientos hacia los bordes de la ciudad, la experiencia de violencia de los propios actores, es decir, “la acción violenta desde el punto de vista de los sujetos involucrados” (Jimeno 2007:182), al colocarla en el terreno mismo de la subjetividad, permite complejizar las categorías más generales.
A partir del trabajo de campo (Rockwell 1987) y las entrevistas antropológicas (Guber 1991: 209) que realicé entre abril y mayo de 2015 y enero y febrero de 2018 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, las situaciones particulares que abordo en esta ponencia dan cuenta de diferentes sentidos sobre las violencias y sus causalidades: el desplazamiento por motivos de violencia política (Nagengast 1994) de dieciocho indígenas tseltales (o tzeltales)2 simpatizantes zapatistas provenientes de la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, y la migración interna de una mujer tsotsil desde Chenalhó en un contexto de violencia de género. Respecto a esta última situación, si bien en este trabajo no voy a profundizar en sus entramados particulares, me parece importante aclarar que la violencia que allí se expresa hace parte de un sistema de estatus que es el género (Segato 2003: 8), una estructura de designación arbitraria de posiciones en un campo relacional (Segato 2018: 23) que se encuentra omnipresente en toda la vida social (Segato 2013: 80).
Hasta aquí entonces me he referido a dos tipos de movimientos de población que afectan a poblaciones indígenas e implican una re-localización desde los Altos de Chiapas hacia la ciudad de San Cristóbal de las Casas: migraciones internas de quienes se trasladan “del campo a la ciudad” buscando mejorar sus condiciones de vida y desplazamientos (en algunos casos denominados expulsiones), de quienes se ven forzados a abandonar sus comunidades por motivos políticos-religiosos. Respecto a esta distinción, Mercado Mondragón (2016: 182-183) señala que:
"la migración como fenómeno de movilidad de la población supone del o de la migrante un “mínimo” de planeación, aun con el apelativo “forzada”. Por su lado, el desplazamiento interno forzado, y de ahí que sea un drama humano como lo hemos definido en la parte de la introducción, lleva implícito el hecho de que la vida del o de la desplazado(a) corre peligro, por lo que en muchos casos salen de su unidad familiar únicamente con lo que traen puesto. No es el caso de la migración aunque sea forzada, pues como ya se señaló, en esta última existen elementos mínimos de organización y planeación, no es súbita ni contiene el dramatismo de salir porque la vida corre peligro."
Según este autor, la planeación y organización -aunque sean mínimas- distinguen las migraciones de los desplazamientos, en los cuales la partida es urgente e inmediata, con lo que se “trae puesto”, porque la vida corre peligro. Es entonces esa posibilidad o imposibilidad de deliberación acerca de huir o abandonar un territorio lo que vendría a diferenciar uno de otro movimiento. Si bien este es un punto de vista interesante, considero que en la complejidad de la vida social resulta difícil medir o establecer el grado de forzamiento o de decisión de cada situación específica. A su vez, aunque estos dos tipos de movimientos de población presentan definiciones específicas3 en el marco jurídico -interno e internacional-, a los fines de este trabajo propongo pensarlos en términos mas amplios y referirme a ambos como movilidades forzadas:
"De todo el abanico de situaciones posibles, en este texto nos referimos a las movilidades forzadas como resultado de situaciones de violencia que generan altos grados de inseguridad y temor. Es el caso de la delincuencia común, violencia intrafamiliar y de género, homofobia, exclusión, marginación, crimen organizado, narcotráfico y grupos paramilitares o de autodefensa; o también de abusos del propio Estado, mediante el llamado “terrorismo de Estado” como el que se practicó por parte de las dictaduras del Cono Sur a fines del siglo pasado. Debemos reconocer que no todas las personas que sufren violencia pueden elegir irse y escapar. Se mueven quienes tienen posibilidades (materiales, personales, redes de apoyo) o que recurren a distintas estrategias para lograrlo (Coraza de los Santos 2018: 2)".
Lo que distingue entonces a las movilidades forzadas de otro tipo de movimientos, como los viajes por turismo o de negocios, es que estas son impulsadas por situaciones de violencia en sus diferentes grados y dimensiones -sea con un tinte más económico, político o religioso-, y son llevadas a cabo con el fin de proteger la integridad física, “salvarse” o enfrentar circunstancias adversas. Describo entonces en este trabajo, según las y los propios actores, las experiencias de violencia vinculadas al abandono de territorios considerados propios, las reterritorialización, en tanto situaciones de reconstrucción territorial (Haesbaert 2013: 12) y las relaciones con instituciones y organizaciones sociales construidas en el lugar “de llegada”.
En el primer apartado analizo lo anterior en base a las narraciones de Juana María Ruiz Ortiz, quien se autoadscribe como mujer indígena tsotsil y migrante del municipio de Chenalhó. Con ella hemos conversado en tres ocasiones durante el mes de febrero de 2018, en su oficina en el Instituto de Estudios Indígenas (IEI)4 perteneciente a la Universidad Autónoma de Chiapas. Luego, en el apartado siguiente, presento la situación de un grupo de veintiún5 personas autoadscriptas como desplazadas, indígenas tseltales y simpatizantes zapatistas provenientes de Banavil -comunidad ubicada en el municipio de Tenejapa-, mediante los testimonios de Antonia Girón López y Petrona, Ana y Miguel López Girón, con quienes nos reunimos en varias ocasiones entre abril y mayo de 2015 y enero y febrero de 2018, tanto en el sitio donde se encuentran desplazadas como en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.