Tal como se anticipó en la tesis de Doctorado (2013), ciertos líderes de opinión y sector político justifican la violencia estatal a partir de una errónea lectura de las demandas sociales en materia de seguridad en Argentina, dando cuenta al mismo tiempo de su demagogia punitiva. En efecto, el consultor del gobierno, Jaime Durán Barba, señaló que la inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte en Argentina, legitimando la violencia policial en el caso Chocobar. Como se desarrolló en una comunicación anterior, la pena de muerte en Argentina no sólo está prohíbida, sino que tampoco “sirve” en términos de reducción del delito ni es lo que se “desea” en términos de opinión pública.
Por lo tanto, en esta ponencia, se analizará, en primer lugar, las prácticas recientes de violencia policial como parte de la violencia estatal, discutiendo la perspectiva de violencia institucional. A partir del concepto de “violencia estatal” se busca volver a poner en el centro al estado como garante de los derechos humanos así como también denunciar su rol central en las violaciones de DDHH, ya sea por acción como por omisión. Esta conceptualización ya fue debatida en una publicación reciente del equipo del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Silvia Guemureman.
Luego, se retomarán las críticas realizadas al concepto de populismo penal de Roger Matthews (2005) para proponer el de demagogia punitiva. En efecto, se recuperará su esquema de populismo penal de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, estableciendo los roles del público, los medios de comunicación y los actores políticos, pero además, su critica a la idea de populismo como esencialmente negativa en un contexto democrático. Al contrario, se plantea en su lugar el concepto de demagogia punitiva como un empleo cínico retórico de las tendencias y manipulación de la opinión pública para justificar políticas de seguridad.
Por último, se discutirán conceptualmente y se analizarán los datos de encuestas más recientes de reacciones sociales hacia la (in)seguridad, teniendo en cuenta las diferencias entre las reacciones afectivas, cognitivas y conductuales, macro y microsociales, desde la psicología social con perspectiva sociológica. En particular, se revisarán los datos sobre preocupación securitaria que refiere en mayor medida a una dimensión cognitiva macrosocial vinculada con la agenda pública; luego, la percepción de riesgo de victimización criminal que da cuenta a una dimensión cognitiva, pero de nivel microsocial; a continuación, el temor al delito, en relación a la dimensión afectiva y de tipo individual; además, a la demanda de mayores castigos hacia los delincuentes, esto es, a las actitudes punitivas, que refieren también a un aspecto cognitivo en general macrosocial; y finalmente, a la aprobación de la tenencia de armas de fuego para la protección personal, que remite a una dimensión conductual de tipo individual.
Teniendo en cuenta la selección de riesgos sociales que plantea Douglas (1992), se espera demostrar que si bien el temor y la percepción de riesgo de victimización es alta, la preocupación por la seguridad ha sido desplazada por la problemática laboral y social en una economía en crisis. Al mismo tiempo la demanda punitiva se mantiene relativamente estable, siendo en general las medidas de prevención situacional como una mayor presencia policial, o medidas de prevención social como mejoras de la educación y reducción del desempleo, las políticas preferidas en la opinión pública para mejorar la seguridad. Al contrario, el aumento de penas no se vuelve una demanda mayoritaria, refutando la idea de “consenso punitivo” que algunos líderes de opinión suponen.
Por lo tanto, se sostiene que se debe distinguir entre la demanda de seguridad pública de la demanda punitiva, ya que su confusión legitima políticas punitivas y reduce el espacio político para otro tipo de iniciativas. De todas maneras, también se reconoce cierta demanda punitiva que puede estar expresando no sólo los vaivenes delictivos sino también otros malestares sociales, políticos y económicos que se canalizan en una mayor hostilidad hacia el delincuente como chivo expiatorio y hacia otros “enemigos internos” recientes. Por último, se plantea que si bien la aceptación de las armas de fuego no es mayoritaria, da cuenta de cierta hipótesis instrumental así como también expresiva referida al uso de las armas en un contexto de políticas de individuación.