En un contexto de cambios sociales relacionados al aumento de los hechos de inseguridad ciudadana en Costa Rica, se han implementado durante varias décadas diversas estrategias para gestionar los riesgos asociados a la violencia delictiva. A nivel general, en la década de los años noventa se reformó el Código Penal en el año 1994 con los subsiguientes efectos en las tasas de encarcelamiento. También se reformó el aparato policial con intenciones de modernizarlo y profesionalizarlo a través de la Ley General de Policía en el año 1994 (n.º 7410). Bajo esas condiciones de reforma, a inicios y mediados del siglo XXI se concibieron y proyectaron cambios puntuales a Ley General de Policía con la Ley de Policía Civilista en el año 2002.

En ese escenario de reforma gubernamental, desde el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la Fuerza Pública (FP), siguiendo la formalidad de la Ley General de Policía en su artículo 4 (“Las fuerzas de policía estarán al servicio de la comunidad”), se empezó a vislumbrar la incipiente implementación de un enfoque diseñado como innovador, dirigido a la articulación de la ciudadanía con el control social formal (desde la Fuerza Pública el denominado binomio policía-comunidad), hacia la llamada Seguridad Comunitaria, una herramienta de acción pública desplegada a escala global para prevenir la violencia y la delincuencia.

Ha de señalarse que en Costa Rica la Seguridad Comunitaria surge del dilema de la transferencia de una política pública (Solano, 2002), que conjunta una diversidad de modelos a nivel internacional, que no siempre están articulados de forma integral sino que reflejan prácticas particulares, como la nueva prevención (social, comunitaria), modelos de la salud pública (prevención primaria, secundaria y terciaria), la Seguridad Comunitaria (safety community), algunos modelos de origen anglosajón de carácter situacional (CPTED) y de prevención policial (POP, cero tolerancia, policía comunitaria, ventanas rotas, vigilantismo, arresto civil).

En tal escenario se implementa en el año 1996 un proyecto piloto de seguridad comunitaria en la provincia de San José en el distrito de Hatillo. Posterior a tal evento, en el año 1998 se adopta el Programa de Seguridad Comunitaria (PSC) apoyado por el Ministerio de Seguridad como un eje estratégico para la prevención del delito, con un fin concreto: el mejoramiento en el sentimiento de seguridad de la población a través de la organización y el acercamiento de la policía hacia la “comunidad” en la conformación y organización de Comités de Seguridad Comunitaria (CSC) buscando de esa forma resolver problemas locales de seguridad coligados a la violencia delictiva.

Tales desarrollos en la implementación de políticas de seguridad, se ven acompañados por diversas reflexiones en el contexto nacional, así en el año 2005 se presentó el Informe Nacional de Desarrollo Humano cuya metáfora recogía un sentimiento marcado en el imaginario social: “Venciendo el Temor: (In) seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano en Costa Rica”, en esta misma línea para el 2009 se diseñó una política con altos niveles de concertación como fue la POLSEPAZ (“Hacia una Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social en Costa Rica”). De la misma forma y mirando los Planes Nacionales de Desarrollo, la seguridad toma centralidad en la planificación sectorial de la institucionalidad costarricense, convirtiéndose a la fecha en un rubro importante de los gastos del Gobierno central.

Si bien dentro del contexto expuesto se acota una preocupación de la reacción social por incidir en el mejoramiento de la seguridad, ha de señalarse que el origen de las problemáticas delictivas también refleja algo, en relación al rol de un Estado a nivel del desarrollo social y territorial, frente al grueso de las respuestas en seguridad que responden primordialmente a un modelo de control donde el uso de la fuerza y la presencia policial se imponen ante un hecho de origen social. Estas disposiciones se entrelazan en el contexto político y administrativo, de los cuerpos, las jefaturas y de un funcionariado que se enfrenta a una disyuntiva: la implementación de proyectos preventivos en contextos institucionales históricamente represivos.

Lo anterior además remite a la operación sistémica y la puesta en práctica de la acción pública, de la interlocución de las diversas instancias gubernamentales con la sociedad civil en los entornos locales. Se pone en discusión las condiciones dispuestas de la organización social, lo que nos llevará a la discusión de la acción estatal y el entorno de la acción social, en un contexto donde impera la búsqueda del mantenimiento y de la legitimidad del Estado en el territorio ante procesos de conflictividad derivadas de las condiciones instituidas en el entorno (vecinales y hasta criminales). En esa búsqueda de legitimación, lo expuesto se encadena con las respuestas surgidas desde las jerarquías públicas que recurren a discursos políticos, a retóricas comunitarias, buscando proyectar, solucionar, conectar y mantener la comunicación con el territorio.

El análisis del enfoque de seguridad comunitaria en Costa Rica se enmarca como un esfuerzo por contribuir al análisis de la política criminal preventiva. Se busca interrogar sobre la lógica de los cursos de acción y las prácticas de prevención del delito y sus lógicas sistémicas en entornos específicos. Al mismo tiempo se comprende la seguridad comunitaria como una política criminal de corte preventivo que se sustenta en la necesidad de crear un control social informal y fortalecer un capital social (vecinal, asociativo y formal) mediante la responsabilización de los pobladores en los problemas locales de seguridad.