Existen diversas interpretaciones sobre los avances e incumplimientos en la implementación del Acuerdo Final (AF) firmado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. Posturas institucionalistas afirman que el balance es positivo. Destacan como logros trascendentales la dejación de las armas (8.994 armas entregadas), la constitución del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la disminución de la violencia, las transformaciones constitucionales y normativas, y la nueva institucionalidad del posconflicto. Por su parte, la nueva fuerza política FARC, ha manifestado de manera enfática su preocupación por el elevado nivel de incumplimiento del Gobierno Nacional en la implementación de los acuerdos, en especial en los temas referidos a la reincorporación de los y las excombatientes.

Así las cosas, pese a la insistencia del Gobierno Nacional en mostrar el alto nivel de cumplimiento, el balance resulta desalentador. En efecto, un análisis de la implementación normativa permite identificar entre otros los siguientes asuntos:

1. Desarrollos normativos: Se destacan dos asuntos. Por una parte, no se emitieron todas las leyes y reformas constitucionales necesarias para una adecuada implementación del AF; lo acotencido con el punto 2 de participación política en donde no fue posible aprobar el acto legislativo sobre reforma político-electoral y Circunscripciones de Paz es ilustrativo de esta cuestión. Por la otra, algunos de los desarrollos normativos emitidos desconocieron lo acordado. El caso de la ley estaturia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de la cual se limitó el reconocimiento de responsabilidad de terceros en el desarrollo del conflicto armado es de los asuntos más problemáticos a destacar. Así las cosas, aunque se aprobó un paquete normativo importante, es a todas luces insuficiente, para garantizar una efectiva implementación de lo acordado.

2. Garantías y seguridad para reincorporación: Se advierte un incumplimiento del gobierno para garantizar una reincorporación efectiva e integral de los y las excombatientes. Entre los asuntos más problematicos se destacan: Retrasos manifiestos en la ley de amnistía; los esquemas de protección no han sido efectivo; la entrega de tierras y apoyo para el desarrollo de proyectos productivos no se ha materializado; la reincorporación política aunque ha avanzado en términos legales ha sido objeto de muchos obstáculos formales e informales para avanzar con garantías en el desarrollo de su campaña electoral.

3. Financiación: El gobierno nacional estableció una temporalidad de financiación de 15 años, contraviniendo los 10 años pactados. Esto resulta problemático porque reduce los recursos que anualmente se destinarían a la implementación de lo acordado. Aunado a lo anterior, estableció una suma total de 129,5 billones de pesos (colombianos), lo que representa una inversión anual de poco menos del 1% del PIB. Esta cifra resulta irrisoria según las cifras proyectadas por diversas entidades públicas y privadas.

4. Verdad sobre el desarrollo del conflicto: Uno de los asuntos más dramáticos es la posibilidad histórica que como sociedad se perdió con la tergiversación que hizo el Congreso de la República de los propósito de la JEP. En la ley que reglamenta esta justicia especial se eliminó la obligación de que terceros responsables en la dinamización del conflicto tuvieran que responder. Así las cosas, terminó perfilándose una justicia para juzgar a los ex combatientes pero no para indagar por otros responsables, especialmente sectores privados que financiaron y auspiciaron la constitución de grupos paramilitares.

5. Voluntad política y juegos de poder: el desarrollo del fast track evidenció que la clase política y otros sectores de la clase dominante no asumieron un compromiso real para la paz. El comportamiento del Congreso de la República es a todas luces inaceptable. Negoció la aprobación de algunas leyes a cambio de prebendas burocráticas. En otros casos, las acomodó a la luz de intereses particulares y clientelistas. La Corte Constitucional también limitó la implementación efectiva de lo acordado, los pronunciamientos, especialmente referidos a la JEP limitaron su alcance. La Fiscalía General de la Nación se constituyó en el principal opositor al acuerdo. Y el Gobierno Nacional no tuvo la capacidad política y burocrática de sacar adelante lo acordado y no logró avanzar en un combate efectivo contra las estructuras paramilitares.

Pese a este panorama, la Costrucción de una Paz estable y duradera, sigue siendo un escenario en disputa para la sociedad colombiana, especialmente para el movimiento social y popular. Los sin sabores de estos dos años, no pueden conducir a abandonar la lucha por la implementación de los acuerdos. El escenario electoral de este primer semestre debe conducir a una defensa de lo acordado. En el caso del legislativo existe una bancada de 30 parlamentarios proclives a la paz, los resultados del proximo 17 de Junio sobre presidenciales serán decisivos para avnzar o retroceder en este proceso.