Esta ponencia analiza el surgimiento público de la voz testimonial de la víctima como sujeto político en Colombia, en el período en que se consolidan las primeras ONGs de derechos humanos y se dan los primeros debates públicos sobre las víctimas del conflicto armado contemporáneo. Igualmente es el período de consolidación de redes transnacionales de derechos humanos, que afectan las dinámicas políticas en Colombia particularmente con los grupos de solidaridad internacional y de exiliados colombianos, el primer informe Amnistía Internacional sobre Colombia, la creación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA y la aparición de grupos latinoamericanos de derechos Humanos como FEDEFAM.
Existían incipientes escenarios de derechos humanos en Colombia como la Comisión Colombiana de Juristas Demócratas fundada en 1965 que agrupaba abogados de estas causas y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que surgió en 1974 pero estos eran aun pequeños y poco visibles. A finales de la década de 1970 se dan dos hechos interconectados que evidencian como fue aumentando la presión y el debate ante la denuncia de violaciones a Derechos Humanos en Colombia. Se trata de la “Comisión Accidental Sobre Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos” integrada en el Congreso de la República, su informe presentado en la Cámara de Representantes en 1978, y el I Foro Nacional de Derechos Humanos en marzo de 1979 realizado en el capitolio y de donde surge el Comité Permanente por los Derechos Humanos.
En estos escenarios las victimas que testimonian son fundamentalmente los afectados por tortura, allanamientos y detenciones arbitrarias. En ellos por primera vez aparece públicamente la figura de la víctima-sobreviviente que testimonia y narra los hechos. El principal debate entre los detenidos, sus abogados y las incipientes ONGS de derechos humanos y el poder ejecutivo es si se trata de torturas o de simples “malos tratos” como los denomina el Ministro de Justicia y los altos mandos militares. En este sentido el Congreso de la República y los médicos forenses buscan las pruebas que evidencian la tortura. El primer informe internacional sobre Colombia, de Amnistía Internacional en 1980 va a reafirmar la voz testimonial de los afectados y a documentar la tortura. Informe que el presidente y sus ministros deslegitiman públicamente.
Estos eventos muestran una formalización de la denuncia de derechos humanos, por un lado, por la destacada apropiación y uso de la legislación internacional y por el otro, por el nivel de difusión, participación y organización social que alcanzan. Además, un aspecto en común de estos hechos es la presencia de la voz testimonial de las víctimas en primera persona, que se empiezan a consolidar como sujeto político central. La búsqueda de la prueba, el cuerpo de la víctima y el surgimiento de la narración de la violencia desde el testimonio. Nos proponemos analizar la definición de víctima que utilizan y en el uso de testimonios y el posicionamiento de la voz testimonial en ellos.
Planteamos que fue a finales de la década de los setentas e inicios de los ochentas cuando se consolido la narrativa testimonial de la violencia, aunque se había usado en algunos momentos anteriores, es con eventos como el I Foro Nacional de Derechos Humanos que se posiciona la enunciación pública de una narrativa testimonial de la violencia en Colombia. Fue también en esos años donde aparece la articulación de un movimiento de derechos humanos que usa la legislación internacional ampliamente, entre otras cosas, para definir a las víctimas.
A lo largo de la década de 1980 la voz testimonial sobre la violencia se consolidó en la esfera pública pero sufrió transformaciones. La voz en primera persona que encontramos en el I Foro Nacional de Derechos Humanos (1979), dio pasó a una voz de la familia de la “víctima”. De los torturados - sobrevivientes se transitó a la voz de los desaparecidos, pero como el “desaparecido” no podía hablar por sí mismo, las personas cercanas, su familia y/o las organizaciones donde militaba hablaban por él. Ante la voz ausente, silenciada, del silencio obligatorio se superpone la de los familiares de los desaparecidos.
Según los datos del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Naciones Unidas entre el 1974 y 1982 sucedieron en el país al menos 206 desapariciones forzadas pero es el caso de los estudiantes de 1982 y el de Omaira Montoya, una profesional bacterióloga, fueron los que más se difundieron.
En 1982 que aparecen los primeros actos de organización colectiva ante la desaparicion forzada y la voz de familiares de las víctimas en escenarios públicos, con el “Colectivo 82”, en el que se agruparon los familiares de las desapariciones individuales de 11 estudiantes de las Universidades Nacional de Colombia y Distrital entre marzo y septiembre de 1982.
El “Colectivo 82” fue el origen de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos (ASFADDES). Los integrantes del Colectivo 82, acuden a Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, al colectivo José́ Alvear Restrepo, al CINEP y particularmente al padre Javier Giraldo. También reconocen que estaban desde el principio ampliamente influenciados por los ejemplos de las Madres y abuelas de plaza de Mayo en Argentina. Se crea ASFADDES en 1982, que se articula a FEDEFAM.
En el Congreso Colombiano encontramos debates sobre desaparecidos entre 1981 y 1983. Desde 1982 las organizaciones y familiares de desaparecidos presionan con éxito muy limitado una legislación que tipificara la desaparición forzada. Se consolida el concepto de desaparecido- detenido, que ya se usaba en otros países del Cono Sur.
En la década de 1980 disminuyeron las detenciones arbitrarias, las torturas y los allanamientos pero aumentan los desaparecidos y las ejecuciones extrajudiciales. Observamos la denuncia pública que se hace de los hechos, las organizaciones de familiares que se consolidaron y la voz testimonial de los familiares de desaparecidos. En esta ponencia analizamos el fortalecimiento y protagonismo de los “linajes de sangre”, familismo y maternalismo como características particulares del movimiento de víctimas de desaparición forzada en Colombia, al mismo que la denuncia política de las organizaciones sociales y de izquierda donde militaban las víctimas.
Consideramos que en la caracterización de la víctima de desaparición forzada de 1980 tuvo un papel fundamental, las organizaciones internacionales y particularmente la jurisprudencia internacional y nacional de los casos. Hemos explorado algunas de las sentencias sobre desaparición forzada y la primera sentencia de reparación en Colombia, que es un fallo del Consejo de Estado en 1985.
La respuesta estatal a esta presión de la voz pública de las víctimas fue muy variada, por un lado se logra con un gran debate una Ley de amnistía (1981) propuesta desde el Foro Nacional de Derechos Humanos, pensada para los guerrilleros y los detenidos políticos. Por otro lado, el gobierno responde a los informes de Amnistía Internacional (1980 y 1986) deslegitimándolos. Pero al mismo tiempo la Procuraduría General realiza dos informes bastante controvertidos, sobre desaparición forzada (1984) y sobre los incipientes grupos paramilitares (1983). Las conclusiones de estos informes fueron rechazadas y debatidas públicamente por las organizaciones de víctimas y las ONGs. En 1986 creó la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos en 1987, que propone consultar a víctimas y organizaciones. Todo ello en el marco de un efecto de presión internacional para el gobierno y fortalecimiento de las redes de derechos humanos, particularmente con el Cono Sur y Centroamérica.