En 2013 el Parlamento Uruguayo aprueba la Ley de Regulación y Control del Cannabis, por la cual se crea un mercado legal de marihuana, controlado por el Estado. En base a una revisión bibliográfica, de prensa y de documentación, el artículo presenta una sistematización descriptiva de los antecedentes, la aprobación y la implementación de esta ley. Complementariamente, se ofrece además un marco de interpretación de todo el proceso, ensayando un análisis de la interacción entre las demandas de la sociedad civil y las respuestas estatales. Para el abordaje teórico de nuestro objeto de estudio utilizaremos la Teoría del Discurso de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, así como también la teoría del “reconocimiento” de Axel Honneth y Nancy Fraser. El trabajo finaliza con una contextualización de este proceso, en el marco más amplio de los gobiernos del Frente Amplio y otros avances generados en relación a la llamada “nueva agenda de demandas”. A modo de conclusión, se propone que la interacción entre la sociedad civil y los gobiernos de izquierda en torno a estos temas, muchas veces conflictiva, ha evitado la sedimentación del proceso transformador, así como renovado la identificación parcial de sectores populares con los gobiernos frenteamplistas.
La regulación del cannabis en Uruguay ha sido un paso importante en la atención de los derechos de los usuarios y la superación de la política prohibicionista de la “Guerra a las Drogas”. El artículo parte de la situación previa, para presentar las etapas de discusión, aprobación e implementación de la ley, prestando especial atención al proceso transitado por los actores sociales y el Estado uruguayo en la regulación del cannabis, así como a los motivos que llevaron a que nuestro país sea pionero en la materia.
La pregunta de fondo que se intenta responder es cómo, a lo largo de este proceso, fue complejizándose el discurso de la regulación, articulando las reivindicaciones de los movimientos sociales pro-legalización de la marihuana con los intereses del gobierno. Para ello se recurre puntualmente a la Teoría del Discurso de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, considerando la articulación de demandas como resultado del establecimiento de un antagonismo frente a un actor poderoso, en este caso, el narcotráfico (Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 2005). Asimismo, son analizadas las condiciones e iniciativas sociales y políticas que coadyuvaron para que esas reivindicaciones se plasmaran en la ley de regulación y control estatal del mercado del cannabis que rige actualmente en Uruguay.
Los movimientos sociales pro-legalización
El consumo de cannabis en Uruguay comienza a expandirse en las década de 1970 y 1980, hasta volverse en la década de 1990 una sustancia muy popular mayormente entre jóvenes de distintas capas sociales. Mayoritariamente, durante ese período el cannabis se consumía en forma de marihuana prensada, de mala calidad y con muchos adulterantes, que llegaba ilegalmente al país desde Paraguay.
En ese contexto, desde la década de 1970 comienza a crecer en Uruguay el número de autocultivadores de cannabis, motivados por el acceso a un producto de mejor calidad. Paralelamente también aumenta la represión institucional de parte del Estado. La conjunción de ambos procesos lleva al nacimiento de movimientos pro-legalización, en un primer momento movilizados por defender su derecho a consumir, y luego, para consolidar su derecho a obtener cannabis de buena calidad y de forma legal.
Dentro de la sociedad civil surgen grupos como PlantaTuPlanta (actualmente denominado Asociación de Estudios del Cannabis); Red de Usuarios de Drogas y Cultivadores de Cannabis; Movida Cannábica de Florida; ProLegal (actualmente denominado Pro Derechos, ampliando su plataforma de reivindicaciones a otras temáticas), entre otros (Garat y Stiftung, 2015: 30).
Paralelamente, desde finales de la década de 1990 también se comienzan a realizar en Uruguay actividades como la celebración del día de la marihuana y la Marcha de la Marihuana (extendidas en todo el mundo), que en los años previos a la aprobación de la ley tienen una concurrencia masiva. También surgen como forma de reivindicación social las “fumatas colectivas”, en las que muchas personas se reunían a fumar en espacios públicos, desafiando a la represión estatal que en ese momento afectaba al consumo compartido y en vía pública. El objetivo principal de estos movimientos era eliminar la contradicción que existía en nuestro país a raíz de una Ley de Estupefacientes (Nº 14.294), que no sancionaba el consumo de marihuana, pero si penalizaba su comercialización, así como su cultivo para consumo propio.
A propósito, vale señalar que el consumo de marihuana - así como de otras sustancias- es legal en Uruguay desde el año 1974, status adquirido en plena dictadura militar (1973 – 1985). Como indica la Ley N°14.294, artículo 21: “Quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad mínima, destinada exclusivamente a su consumo personal”.
En años previos, los usuarios se amparaban en el artículo 10 de la Constitución de la República que formula que ningún ciudadano será privado de hacer lo que la ley no prohíbe, siempre que no cause daños a terceros ni atacan el orden público.
Estos movimientos se empiezan a reunir luego de un detonante que fue la detención, en el año 2005, de algunos autocultivadores que tenían plantas en su domicilio, confluyendo en una Coordinadora denominada “Liberación de Cannabis” (Garat y Stiftung 2015: 30). La contradicción que se planteaba era que, si bien el consumo no estaba penalizado, ¿de dónde se obtenía la sustancia? La reivindicación era que no se castigara a los autocultivadores por producir el cannabis que fumaban.
A efectos del análisis teórico propuesto, resulta interesante interpretar a estos movimientos y la fuerte identificación que generan entre los jóvenes como un ejemplo de la expansión de las luchas sociales característica de las últimas décadas del siglo XX (Laclau y Mouffe, 1987). La superación de la centralidad que las reivindicaciones de clase tuvieron durante la mayor parte del siglo XX es expresada por una proliferación de luchas, entre las cuales se destacan aquellas que logran movilizar emotivamente temas identitarios, como la cultura cannábica, al demostrar gran capacidad de movilización popular.Como señalan Garat y Stiftung en su libro “El Camino” (2015: 30), la polémica por la liberalización del cannabis ocupaba cada vez más espacio en los medios de comunicación, pero también se planteaba cada vez con más fuerza en la agenda política y social del país. Todos estos movimientos estaban trabajando unidos y se movían entre los actores políticos para conseguir algún avance legislativo.
En agosto de 2011 se organizó el primer Debate Nacional sobre Drogas, organizado por algunas organizaciones sociales y auspiciado por varias agencias gubernamentales (Junta Nacional de Drogas, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de la Juventud, Intendencia de Montevideo) y de cooperación internacional como la Open Society Foundation. Asistieron al debate expertos del exterior, académicos, periodistas, políticos, organizaciones de rehabilitación, etc. (Garat y Stiftung 2015: 31).
En el mismo sentido, también es posible interpretar la importancia que alcanzan estos movimientos en el contexto de la teoría del reconocimiento, de Axel Honneth. Según dicho autor “los motivos de rebelión y de resistencia social se constituyen en un espacio de experiencias morales que brotan de la lesión de expectativas profundas de reconocimiento” (Honneth, 1997: 197).