La ponencia se enmarca en el proyecto de investigación del Observatorio Electoral de América Latina (OBLAT) con sede en la Facultad de Ciencias Sociales de Universidad de Buenos Aires (UBA), el cual investiga las Elites Económicas y sus relaciones con los Estados en América Latina. En principio el proyecto busca establecer cómo hacen las elites económicas para devenir en Elites políticas o viceversa. De esta manera, la ponencia intenta constituirse como un abordaje inicial del caso colombiano, teniendo en cuenta la hipótesis del proyecto de investigación del OBLAT. El texto tiene como objetivo analizar el comportamiento y evolución de la entrega de títulos mineros para la explotación del oro en Colombia, otorgados por la Agencia Nacional de Minería (ANM) en los años 2013 y 2017. El primer gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014), estableció en su plan de desarrollo que la actividad minera, constituía una de las Locomotoras que impulsarían la economía y el desarrollo del país. A su vez el gobierno nacional impulsó una política punitiva de la minería artesanal, tradicional y de subsistencia, la cual es realizada principalmente por mineros independientes, por pequeños emprendimientos locales y muchas veces por comunidades indígenas. De esta manera el Plan Nacional de Desarrollo (2010-2014), el Código de Minas y la persecución a la pequeña minería, terminaron por favorecer la explotación de oro por parte de las grandes empresas mineras, en tanto que no hay establecidos mecanismos claros para diferenciar la pequeña minería artesanal y la minería ilícita, la cual es desarrollada por lo general por grupos armados ilegales para obtener recursos.

Sobre este punto es fundamental entender que la pequeña minería, así como la minería ilícita es por lo general desarrollada en zonas donde el control territorial no lo tiene el Estado o en el menor de los casos es débil. En ese sentido, para este trabajo, resulta importante examinar las principales características del gran sector minero colombiano. Los alcances de esta empresa dependen de las características de las fracciones mineras hegemónicas, de la composición de su estructura de capital (estatal, nacional, internacional y mixto) y de la relación global de fuerzas que determinen el grado de autonomía, y de incidencia, del Estado respecto a los intereses inmediatos de las fracciones más preponderantes. De esta forma, y a partir del establecimiento y caracterización de las empresas a las cuales les son otorgados los títulos, se buscará establecer, por un lado si la política minera implementada promueve la conformación de una burguesía minera nacional del oro, así como los posibles vínculos existentes entre el Estado y las Empresas mineras nacionales a través del estudio de las juntas directivas de estas últimas.

Para el logro de este propósito, en un primer momento se intentará establecer el porcentaje de títulos entregados a empresas extranjeras y el número otorgado a empresas nacionales en 2013. Después se hará el mismo análisis con los títulos otorgados en 2017 y se comprarán los resultados, teniendo en cuenta además que para este último año, las FARC ya habían firmado la Paz y no eran más un actor de control territorial. Teniendo en cuenta el número de empresas nacionales, se establecerán los perfiles gerenciales de las mismas y así se podrán establecer los vínculos de dichas empresas con otros sectores de la economía (financiero, primario exportador, Industrial, terrateniente etc) y con el Estado. Teniendo en cuenta algunos tópicos que den cuenta de las trayectorias gerenciales de los miembros de las juntas directivas de las empresas, se podrá establecer de forma más contundente si la política minera colombiana está orientada a fortalecer o a conformar una Burguesía Nacional del oro. La hipótesis de esta ponencia es que la política minera, implementada en Colombia durante los años 2013 y 2017, ha contribuido a la conformación de una Burguesía Nacional del oro.