Legalizar prácticas como el acceso a métodos anticonceptivos, la anticoncepción quirúrgica, la educación sexual y el aborto, son actos decisivos en la configuración de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y uno de los impactos más importantes que tiene la legalización es que promueve la provisión de bienes y servicios del estado para todas aquellas mujeres que sufren la desigualdad no solo por ser mujer, sino también por su clase social.

Río Negro es una provincia que acompaño con su legislación el sistema de protección internacional de derechos humanos. En 1996, seis años antes que a nivel nacional, y solo un año después de la Conferencia del Cairo, fue la segunda provincia en crear un Programa Provincial de Salud Reproductiva y Sexualidad Humana (Ley 3.059). En el año 2000, cuando los estados establecen el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Río Negro modificó la ley para incorporar el suministro gratuito de anticonceptivos, la ligadura de trompas y la vasectomía. Es una de las pocas provincias que legisló sobre la provisión gratuita de la anticoncepción de emergencia (año 2005). Y desde el 2012 registra una de Ley de Aborto No Punible y adhesión al fallo FAL.

Por ello en mi ponencia propuse observar empíricamente cómo la sanción de legislación que establece y protege derechos sexuales y reproductivos impactó en la vida de las mujeres rionegrinas. También realicé una exploración acerca de las prácticas de abortos seguros. Cómo resultado pude inferir vínculos plausibles entre la promoción legal de derechos sexuales y reproductivos y cambios en las decisiones de las mujeres acerca de “si tener o no tener hijxs" y “cuándo tenerlos”. Trabaje el período 2002 al 2016 con Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud de la Nación.

El primer hallazgo sugiere que a lo largo de los últimos 16 años la introducción de leyes que garantizan la salud sexual y reproductiva no se tradujo en un descenso significativo en la tasa de fecundidad y no cambio la proporción de embarazos respecto a la cantidad de población (tiene una tasa de 2). Pero sí encontré cambios en las decisiones de las mujeres.

Por lo que en el segundo hallazgo pude observar cómo a partir del acceso a derechos sexuales y reproductivos descendió el número de embarazos en mujeres de condiciones sociales más vulnerables, y esa reducción se da en las diferentes franjas etarias. Esto lo indica que:
Se redujo un 20,95% los nacimientos en mujeres con un nivel de instrucción que va de “analfabetismo a educación primaria y secundaria incompleta”. Aquí el embarazo adolescente lo hizo en un 5.7%.
los “nacimientos en mujeres no asociadas a una cobertura de salud” pasó de un 57,5% en el año 2002, al 44,9% en el año 2016. Esto sugiere dos aspectos: 1) que más mujeres lograron insertarse a un trabajo formal con cobertura de salud; 2) que se redujeron la cantidad de embarazos en las mujeres que por su situación vulnerable utilizan los servicios públicos de salud. También descendió el “% de nacidos vivos en establecimientos públicos” que fue de un 6%.
El tercer hallazgo refiere a que, a partir de la promoción de derechos sexuales y reproductivos se da un ascenso del número de embarazos en mujeres de condiciones sociales más elevadas. Esto se observa en que:
El “% de nacidos vivos en mujeres con un nivel de instrucción que va de “secundario completo a más” aumentó un 22%. Es casi en la misma proporción que descendieron los embarazos en mujeres más vulnerables socialmente.
El aumento más importante de nacidos vivos se da en la franja de mujeres que tienen de 20 a 34 años, con un 15,4%, y el segundo aumento importante de embarazos se da en las mujeres que tienen 35 años y más, con un 6,7%.
Esto sugiere un aspecto importante: tener acceso a herramientas de planificación de la maternidad le permite a las mujeres tomar decisiones acerca de sus condiciones sociales, particularmente su nivel de instrucción. El aumento de nacimientos en mujeres con mayor nivel educativo en estas franjas etarias indica que las mujeres deciden esperar completar su nivel de instrucción para poder elegir la maternidad, por ejemplo sus estudios secundarios.
Respecto a las prácticas de abortos seguros en Rio Negro, con los datos disponibles y explorados, pude inferir que:

1º) En Rio Negro se realizan más de un aborto seguro por día.
2º) De los 403 abortos seguros que se realizaron durante el 2017, el 68% (273) fueron garantizados por la red de socorristas y solo el 32% (130) por el Estado, lo que indica que hay demanda importante de abortos que el estado no esta pudiendo garantizar en la práctica.
4º) Hemos distinguido varias barreras que obstruyen el acceso a derecho: e) número elevado de profesionales objetores de conciencia.
3º) En el análisis se desprende que es la “causal salud” la que motiva casi en el 100% de las prácticas ILES que realiza el Estado. Esto indica que la decisión de interrumpir una embarazo no es una decisión marginal sino que está en el eje de la vida sexual y reproductiva de las mujeres.

En síntesis, el acceso a derechos sexuales y reproductivos permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar cuando. En el año 2002 las 2/3 partes de los nacimientos en Rio Negro se realizaban en sectores sociales más vulnerables, mientras que en el 2016 la proporción cambio a que un 45% se realizan en este mismo sector y el 55% se producen en mujeres de sectores sociales que mejoraron sus condiciones sociales con un nivel de instrucción mayor. Esto significa que a medida que mejoran las condiciones socioeconómicas de las personas, es posible que aumenten las probabilidades de maternidades elegidas.
Por todo ello podemos afirmar que, a pesar de las barreras que obstruyen la efectiva garantía del Estado para el pleno disfrute de estos derechos, las mujeres adquirieron herramientas para “elegir o no” tener hijxs en las diferentes clases sociales, lo que muestra cómo el acceso a derechos promueve mayor autonomía en las decisiones de las mujeres, reduce las formas de discriminación y genera condiciones de mayor igualdad.