La revocatoria de mandato es un mecanismo de democracia directa que habilita a un cierto número de ciudadanos disconformes con la gestión de un representante a solicitar la apertura de un referéndum, en el que pueda someterse a decisión, por voto popular, su destitución (o su permanencia). Su procedimiento se inicia con una solicitud promovida por un ciudadano u organización civil o política, la que debe ser fundamentada y acompañada por una cantidad mínima de avales. Una vez constatada la cantidad y validez de las firmas requeridas, la autoridad a cargo convoca la celebración de un referéndum en el que se decide, por SI o por NO, la separación del gobernante de su cargo. Si la presencia en las urnas y los votos favorables a la destitución alcanzan los parámetros determinados por la ley, el representante cesa inmediatamente su mandato y es reemplazado por un sucesor que completa el período, el cual es elegido en nuevos comicios o ha sido predeterminado por la norma.
Este mecanismo de control o accountability societal fue incorporado principalmente en el contexto de las reformas políticas que acompañaron las transiciones a la democracia desde el último cuarto del pasado siglo. Su presencia se constata en las constituciones y leyes nacionales de numerosos países presidencialistas latinoamericanos, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Panamá, Perú y Colombia. Sin embargo, su incorporación en el ámbito subnacional ha sido incluso más prolífera. La Argentina es un buen ejemplo de ello. No contando con revocatoria de mandato en su Constitución Nacional reformada en 1994, sí la incluye en la Constitución de su ciudad capital desde 1996. También se menciona en las leyes fundamentales de seis de sus veintitrés provincias. Asimismo, municipios de 14 provincias la contemplan en sus cartas orgánicas. Cabe agregar que las primeras apariciones de la revocatoria en las constituciones provinciales argentinas datan de las primeras décadas del pasado siglo.
El procedimiento previsto para su puesta en práctica difiere según lo dispuesto en la legislación reglamentaria correspondiente, al igual que sus requisitos de implementación. En algunos casos, se contempla una instancia de campaña electoral previa al referéndum, en la que el propio mandatario en cuestión, los distintos partidos políticos y/o las diversas organizaciones civiles interesadas en la materia, pueden intentar persuadir a los ciudadanos de que orienten su voto por el SI o por el NO a la revocación del gobernante. Las instituciones típicas de la democracia electoral partidaria (los partidos y los representantes) se hacen presentes en el momento anterior a la votación, enturbiando el carácter directo del referendo.
Por el contrario, otros diseños institucionales omiten cualquier referencia a la regulación de las campañas, dejando al ciudadano solo y completamente a cargo de su decisión: destituir o no al gobernante cuestionado dependerá exclusivamente de su percepción personal respecto del accionar de aquél, y de los conocimientos y opiniones que se haya forjado sobre el mismo por su propia experiencia y medios. La democracia directa emerge aquí con mayor claridad. El pueblo se presenta como el soberano y recupera el poder de mando temporalmente delegado: donde el representado se hace presente, ya no hay lugar para los representantes (ni para sus intermediarios, los partidos).
La presente ponencia analiza en forma comparada este aspecto crucial del procedimiento de las revocatorias de mandato a partir del estudio de las constituciones y leyes de los países latinoamericanos que la incluyen a nivel nacional. El objetivo es conocer el valor que la normativa otorga al “conocimiento ciudadano” a la hora de emitir el voto revocatorio. Es decir, si lo considera adecuado y suficiente para definir la decisión soberana o si, por el contrario, lo supone falto y necesitado de una orientación político-partidaria esclarecedora, capaz de brindarle el “conocimiento experto” indispensable para adoptar la decisión correcta.