El 27 de agosto de 2015 el Consejo de Educación Superior aprobó el Reglamento para aranceles, matrículas y derechos en las instituciones de educación superior particulares del Ecuador. Aquella resolución fue resultado de un proceso continuo de lucha del movimiento estudiantil, que no solo fue abanderada por los estudiantes de las universidades privadas, sino que también fue compartida con los estudiantes de establecimientos públicos y politécnicos. No obstante, la defensa por acceso, permanencia, estabilidad y continuidad en centros educativos particulares debe entenderse como un proceso continuo que no termina con la aprobación del Reglamento antes mencionado. Dicha ley dentro de poco cumplirá tres años pero no ha sido acatada en su totalidad. Si bien es cierto, se ha procurado regular el alza abusiva y arbitraria de aranceles, sin embargo no hemos reflexionado sobre la capacidad adquisitiva de los estudiantes para acceder a centros de educación superior privados, el endeudamiento que se someten los estudiantes para continuar sus estudios superiores, el encarecimiento de la educación superior y el progresivo elitismo de acceso a la IES privadas del Ecuador.

El Banco Mundial en su documento “El papel y el impacto de las asociaciones público-privadas en la educación” menciona que las políticas a favor de la privatización de la educación dan libertad de elección educativa a los individuos, vuelve al sistema educativo más eficiente e incluso incrementa la equidad en la educación. Sin embargo, esta concepción se aleja de concebir a la educación como un derecho humano y como un bien colectivo. Empero, la OCDE en 2009 manifestó a través de una revisión de la literatura académica sobre las políticas del mercado de la educación que las voces a favor de la privatización de la educación generan mayores niveles de segregación y desigualdad, mientras que los efectos sobre las mejoras en el aprendizaje no difieren significativamente del sistema público. Ahora bien, es preciso mencionar que la existencia de universidades particulares no sea necesariamente negativa, sino que los procesos de selección del alumnado de estas instituciones no son bajo criterios de equidad sino del poder adquisitivo que estos tengan para poder costear sus estudios, precisamente, porque la gran mayoría de jóvenes elige la universidad según los ingresos económicos de su familia.

Sin duda, la privatización de la educación implica que se amplíen más las brechas educativas entre los más ricos y los más pobres, las desigualdades se incrementan y el anhelo de una educación de calidad se vuelve más lejana. Este fenómeno no únicamente es de carácter nacional, sino de alcance internacional, puesto que las medidas de privatización educativa en los últimos años como consecuencia han dejado que los estudiantes de las instituciones privadas se disparen en crecimiento. Debe entenderse que la privatización de la educación no supone únicamente transferir la propiedad de las instituciones públicas a manos privadas, sino la mayor participación de agentes privados en la provisión y financiamiento de servicios educativos en el medio.

A cien años de la Reforma de Córdoba (1918) no podemos olvidar como las conquistas del movimiento estudiantil trascendieron el claustro universitario y sacudieron la intelectualidad latinoamericana para que proyectara con su visión renovadora hacía otros ámbitos de la vida pública y social. Entre las repercusiones positivas para el futuro de la universidad latinoamericana estuvo el ataque y abolición a las instituciones coloniales como el gobierno vertical de la universidad a cargo de las clases dominantes (los hacendados y la burguesía) y en su lugar se implantó el cogobierno de los estudiantes, la libertad de cátedra, el libre ingreso a la universidad, la creación de extensiones universitarias para el pueblo como un esfuerzo de democratización de los estudios superiores.

Tampoco debemos dejar a un lado las protestas del aquel histórico mayo francés de 1968 perduran en la memoria del mundo y pone en evidencia la capacidad de organización, desarrollo de ideas y propuestas de los jóvenes en contraposición a la sociedad de consumo. El movimiento estudiantil de la época demostró que tenía la capacidad de movilizar a la sociedad y transformarla en el terreno político, social y cultural. El legado de aquellos jóvenes que tenían lemas como “la imaginación al poder” o “prohibido prohibir” ha logrado extender su influencia hasta nuestros días.

Ecuador no ha estado exento del poder estudiantil y mucho menos del espíritu revolucionario de los estudiantes. En 2014 frente al alza de aranceles en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), la Federación de Estudiantes de dicha universidad (FEUCE-Q) se levantó en protestas de rechazo a la subida abrupta del coste de las matrículas. Así mismo, un año más tarde en 2015 los estudiantes de la Universidad de las Américas (UDLA) se tomaron las calles por asalto en medio de sus vacaciones para protestar por el alza de valores en aranceles y matrículas.

Sin embargo, no fueron las únicas universidades en las que se habían generado irregularidades en el cobro de servicios educativos, la sensación por los altos costos de educación superior era y es un sentimiento compartido entre la mayoría de estudiantes de instituciones de educación superior privadas. Un intento para frenar el encarecimiento de la educación superior fue el Reglamento para la regulación de aranceles, matrículas y derechos en las instituciones de educación superior particulares, el mismo que fue aprobado el 27 de agosto de 2015 por el Consejo de Educación Superior.

La puesta en marcha de este reglamento fue gracias a la presión de más de dos años por el movimiento estudiantil, principalmente, de las y los estudiantes de las Federaciones Universitarias de la Federación de Estudiantes Universitarios Particulares del Ecuador (FEUPE) que enmarco su lucha de la regulación de aranceles de acuerdo a lo establecido en los artículos 26, 28, 345, 352, 353, 355 y 356 de la Constitución y su defensa del rol que debe tener el Estado en la educación y los derechos de acceso, permanencia, movilidad y egreso de los estudiantes.

Sin embargo, es necesario mencionar que la fuerza estudiantil debe fortalecerse aún más, en vista que no todas las universidades particulares del país cuentan con una federación de estudiantes que los represente y mucho menos que sea parte del gremio nacional. Además, este es proceso continuo de la defensa de los derechos estudiantiles no termina con la aprobación de este reglamento, sino que debe transcender hasta lograr que el acceso a la educación superior en todas las IES sea equitativo.

Los problemas en las universidades particulares del país giran en torno a la escasa concepción y consciencia de los y las estudiantes como sujetos coparticipes en la construcción del sistema de educación superior y la sociedad, y pese a que en nuestra Constitución está consagrado que se reconozca a la educación como un derecho y no como una mercancía, los estudiantes siguen siendo vistos como consumidores, como si fueran clientes de una empresa productora de títulos.
Es preciso señalar que la lucha por el control arbitrario de los aranceles tuvo un trasfondo importante que consistía en contribuir a la transformación cultural de la universidad ecuatoriana y los gremios estudiantiles gracia al movimiento estudiantil con la posibilidad de tener capacidad de incidencia frente a no solamente las coyunturas, sino también con nuestra realidad económica, social y política.