En Honduras la historia de la educación como sistema data de 1830, cuando Francisco Morazán, jefe de Estado del país decreta la organización de la instrucción pública, en general, otorgándole los principios de gratuidad, laicidad y obligatoriedad, sin embargo la estructuración formal de la educación como sistema ocurre muchos años después para ser exactos durante la reforma liberal liderada por Marco Aurelio Soto, siendo ministro de instrucción pública Ramón Rosa, en 1887 (Universidad Nacional Autonoma de Honduras , 2015 ).
Las reformas lideradas por Soto, que repercuten en el sistema de educación nacional es la emisión de la constitución política de 1880 que “fue la base jurídica de la reforma liberal. En la constitución se plasmaron principios, derechos, prescripciones, leyes y medidas progresistas” (Zelaya Ferrera, 2012), la declaración de la educación primaria gratuita, laica y obligatoria “para ello se emitió la formación de maestros profesionales, la asignación de recursos financieros para los programas educativos” (Zelaya Ferrera, 2012) y la separación de la iglesia del Estado que consistió en la “abolición de los diezmos, secularización de los conventos y la asignación de una partida económica para el sostenimiento de la iglesia y la libertad de cultos” (Zelaya Ferrera, 2012).
Honduras, experimenta desde hace un poco más de quince años su mayor reforma educativa posterior a la reforma educativa impulsada en el seno de la reforma liberal, liderada por el presidente Marco Aurelio Soto, (Amaya, 2011, pág. 84), la cual consistió en la emisión del primer código de instrucción del país, la articulación y sistematización de la estructura del sistema educativo, la formación de docentes y otras coyunturales a la cultura.
De Bográn y Corrales (2005) manifiestan que en la década de 1990 se agendaron, formularon alternativas de toma de decisión e implementaron políticas públicas en relación a la educación hondureña, (pág. 60), este periodo el cual comprende tres periodos presidenciales, Rafael Leonardo Callejas (1990 – 1994), Carlos Roberto Reina (1994 – 1998) y Carlos Roberto Flores (1998 – 2002), los dos primeros influenciados por los ajustes macroeconómicos concretados en la modernización del Estado promoviendo así la descentralización de la educación y participación ciudadana.
El último de estos periodos presidenciales, marco un precedente distinto a los anteriores, un fenómeno externo, como lo fue el huracán y tormenta tropical Mitch, que su paso destructor afecta la infraestructura y el aparato productivo, shock que consterno a la ciudadanía hondureño e impulso la “transformación del sistema educativo hondureño”, tal como lo denomino el Foro Nacional de Convergencia (2000), en la propuesta presentada al presidente de la Republica Carlos Flores, donde lo particular fue el consenso de organizaciones e instituciones, entre públicas, privadas y de sociedad civil, apoyados por organismos internacionales, donde todas lograron diez puntos básicos sobre la reforma de la educación hondureña.
La democracia y los procesos de democratización son la forma en que puede implementarse esta política pública en educación que permita el concepto de justicia e igualdad (equidad), pero ¿cómo puede definirse la democracia como régimen en los sistemas educativos?, para resolver tal situación Dewey (2004), contempla dos elementos fundamentales como ideal democrático en la educación (por extensión se aplica a los sistemas educativos):
“el primero significa no solo puntos más numerosos y más variados de interés participados en común, sino también el reconocimiento de los intereses mutuos como un factor del control social. El segundo significa no solo una interacción más libre entre los grupos sociales (antes aislados donde la intención podía mantener una separación) sino también un cambio en los hábitos sociales; su reajuste continuo afrontando las nuevas situaciones producidas por el intercambio variado” (pág. 81).
Sin embargo no pueden existir estos dos elementos propuestos por Dewey (2004) sino existe la igualdad, y esta se basa en los “los aspectos de los seres humanos en virtud de los cuales deben ser tratados de acuerdo con los principios de la justicia” (Rawls, 2006: pág. 455). La igualdad se concreta en tres niveles: el primero es “la administración de las instituciones como sistemas públicos de normas” (pág. 456), el segundo nivel es “la que se establece con la estructura sustantiva de las instituciones” (pág. 456), y el tercero y último nivel de la aplicación de la igualdad es “a qué clase de seres se deben las garantías de la justicia” (pág. 456).
El nivel de educación superior en Honduras es el más excluyente, y las nuevas acciones de política para el acceso, han desarrollo anticuerpos en cuanto a la democratización de la educación superior (exámenes de admisión en las universidades públicas, acceso por cuotas, etc.) el problema además de radicar en la capacidad instalada de las IES públicas, en la cobertura geográfica de las IES de carácter privado en el país, lo que genera un aumento sustancial al problema de acceso.
En Honduras existe una moderada alza de la cobertura de la educación superior en el país (tanto de la administración pública como privada) llegando a un 16.9% en el año 2012, pero en comparación con los demás países de la región latinoamericana (con excepto de los países del Caribe de Latinoamérica) Honduras está por debajo de todos los demás (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2013). Esto encarece la democracia y los procesos de democratización de la educación superior en cuanto al acceso.
El problema de la democratización de la política pública para la educación superior de Honduras, no solo radica en el tema de acceso, la disminución de la participación política en los procesos de elecciones democráticas se incrementa, la consolidación de valores democráticos va en declive, y el problema se marca aún más con el golpe de estado del año 2009, y la violación a la constitución política de 1982, que prohíbe expresamente la reelección presidencial ya sea continua o alterna, y que por una resolución de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Poder Judicial de Honduras) permite la inscripción y permite la reelección del actual presidente, generando un nuevo conflicto político en el país.
El tercer problema de la política pública para la educación superior en Honduras, enfatiza en la legitimidad de su gobierno. La emisión de una nueva ley general de educación que modifica la conformación del gobierno del sistema y no considera el espíritu constitucional de la rectoría de El Nivel para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ocasionando que un grupo de universidades incluidas publicas junto a privadas, piden en el Congreso Nacional de la Republica reformas a la ley y la promulgación de una ley distinta a la actual (ley de educación superior) que rija únicamente a las Instituciones de Educación Superior (IES) de carácter privado.