El objetivo de la comunicación es presentar una discusión conceptual y ético-política referida a las interrogantes, desafíos y posibilidades de investigación/acción que emergen junto a la nueva ley de salud mental en el Uruguay. La propuesta forma parte de una línea de trabajo enmarcada en el grupo “Violencias y Subjetividad” de CLACSO. Para la discusión se utilizan insumos que los integrantes del grupo producen tanto en sus investigaciones, como en los trabajos de extensión y política académica universitaria.
El proceso de promulgación de la Ley de Salud Mental (N° 19.529) en agosto del 2017, ha producido visibilidad acerca de un nuevo campo de problemas, tanto respecto a las condiciones de atención y modalidades de comprensión del sufrimiento, como de las las tensiones y lógicas de distribución del poder. Ello ha implicado y puesto en juego tensiones entre las relaciones de organizaciones sociales, académicas y la construcción de la política pública.
Para Molas (2018) este proceso de debates entre autoridades ministeriales, saberes técnicos, científicos, movimientos sociales, de derechos humanos, usuarios y familiares del sistema de atención, instituciones académica; lejos de cerrarse o presentar consensos puso de manifiesto un horizonte en el cual diversos actores sociales deberán construir nuevos sentidos, dispositivos y acciones enmarcadas en las coordenadas que la ley establece.
A la luz de esta discusión es de interés de la comunicación, aportar conocimientos desde una perspectiva transdisciplinaria que permita construir interrogantes y nuevos sentidos a las categorías planteadas en el campo de problemas. En éste debate, algunos de los elementos más controversiales son: la designación de “trastorno mental” que la ley mantiene vigente y que es la base para la construcción de dispositivos psiquiátricos tradicionales (Perez, 2017), la permanencia de un Órgano de Revisión de los derechos humanos dentro del Poder Ejecutivo, en lugar de ser autónomo e independiente como lo establecen los Principios de París y han reclamado los movimientos sociales organizados en la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, y el desafío la la construcción de abordajes interdisciplinarios. (CNLSM, 2016).
Cabe preguntarse si el proceso de desinstitucionalización -que a partir de la Ley se instala- no llevaría a una difusión generalizada de las disciplinas más que a un cierre de Instituciones Manicomiales (Molas,2018) En definitiva se estaría recreando un círculo en donde se da el pasaje de las prácticas disciplinarias a prácticas de control y así hacia nuevas lógicas de modulación y producción de subjetividad.
En este movimiento de desinstitucionalización, desde una perspectiva psicopolítica es imprescindible preguntarse acerca de los procesos de cooptación de las fuerzas instituyentes, provenientes de las personas usuarias y organizaciones sociales de ddhh; así como el papel que juega la reformulación de las disciplinas y los saberes académicos. Según Domènech y colaboradores, citados por Molas (2018) la principal implicación del cambio es que, desde el momento en que se puede vigilar al usuario sin necesidad de instituciones; todo el mundo se vuelve susceptible de ser controlado: “Hay una evidente economía en los dispositivos que es preciso poner en marcha para controlar respecto a los costos que implica la disciplinarización” (Domènech et al., 1999, p.12).
Como hemos establecido, en Uruguay y en la región, la perspectiva de derechos y la multidimensionalidad en la construcción y desarrollo de políticas públicas parece no lograr afianzarse como para lograr una transformación efectiva de ciertos procesos socio-económicos signados por la exclusión social (Boletín CLACSO 1, junio 2018 ). Tal es el caso de las personas psiquiatrizadas, se ha proseguido con políticas macroeconómicas de corte neoliberal a la vez que se crearon programas focalizados en poblaciones vulnerables pero sin que estos programas permiten alterar las relaciones de producción, de consumo y sociales intrínsecas al capitalismo mundial integrado (Guattari, 1994). En este caso, la distribución y consumo de psicofármacos (Galende, 2008) y las barreras aún existentes obstaculizan la fluidez en los procesos de participación ciudadana y democratización. La región y los avances neoliberales han provocado retrocesos de algunos logros obtenidos en el campo de la salud mental, como en Brasil y Argentina y en otros casos como en Uruguay, las configuraciones en las relaciones de poder parecen no lograr transformarse respecto a la acumulación simbólica y económica de quienes lo han detentado durante décadas.
El desafío en esta comunicación, es contribuir a generar visibilidad sobre las dimensiones esbozadas, reconocer el papel fundamental que ocupan las organizaciones sociales y los efectos que produce la cooptación e institucionalización de las fuerzas instituyentes. Finalmente, en lo que respecta a la Universidad de la República, asumir el rol histórico de la institución en la construcción de un pensamiento crítico y transformador de nuestras sociedades.
