El 28 de setiembre de 2015, uno de los conflictos socioambientales en torno al proyecto minero Las Bambas llegó a su punto más alto de violencia: tres personas muertas, doce policías y decenas de civiles heridos. El escenario de ese largo conflicto, que se inicia en el 2011, es la provincia apurimeña de Cotabambas, ubicada en la serranía peruana, esencialmente rural y quechuablante, poblada de comunidades campesinas. En dicho lugar, los actores del conflicto son varios y, aunque la mayoría está de acuerdo con el proyecto extractivo, destacan por un lado organizaciones locales y por otro un gran consorcio empresarial, liderado por MMG Limited, con sede en Australia, pero de capitales y directorio chinos. De hecho, el cobre extraído de Las Bambas alimenta considerablemente las ya ingentes exportaciones peruanas de dicho mineral a China.
Como era de esperarse, frente a esa protesta los actores del sistema de justicia se pusieron en acción: policías, fiscales, jueces, abogados, agentes penitenciarios, etc. En esta investigación me interesa responder la pregunta: ¿cómo se manifiesta la colonialidad de poder (Quijano 1993, 2000, 2007) en la actuación de los actores del sistema de justicia en conflictos mineros, particularmente en una protesta contra el proyecto Las Bambas?
Bajo el marco del nuevo código procesal penal, engarzado con la reforma procesal, vigente desde marzo del 2015 en Apurímac, y en medio de Estado de emergencia, los actores del sistema de justicia fueron protagonistas de lo siguiente: uso de la fuerza policial contra manifestantes que participaban de la protesta y contra aquellos que intentaron tomar el campamento minero, detenciones policiales de manifestantes, investigaciones para solicitar y conceder prisión preventiva a dos de ellos, investigaciones contra otros manifestantes, entre ellos líderes de la protesta. Abogados, algunos de ONG, defendieron a los detenidos e investigados, mientras que abogados de la empresa y procuradores del Estado participaron para impulsar dichos procesos. Además, se abrieron investigaciones para determinar la responsabilidad penal por los tres fallecidos de bala. Igualmente, una fiscalía abrió investigación por supuestos delitos ambientales contra la empresa. Y organizaciones sociales con apoyo de ONG presentaron demandas constitucionales de habeas corpus contra la declaratoria del Estado de Emergencia. Es decir, el sistema de justicia se desplegó, de manera tal que a partir de ese día y en los años siguientes se movilizaron reiteradamente por lo menos policías, fiscales, jueces, abogados.
Teniendo en cuenta las relaciones centro periferia en el capitalismo del sistema mundo, basadas en factores étnicos/raciales y otros (varón, heterosexual, etc.) y en la instrumentalización de la naturaleza, ¿de qué manera se expresa la colonialidad del poder en la actuación de los actores del sistema de justicia? Esos niveles de análisis los traslado a cada actor del sistema y a su actuación entrelazada.
En el caso de los abogados (esto incluye también a jueces, fiscales, procuradores y magistrados del Tribunal Constitucional), me pregunto sobre la formación universitaria de los abogados y sus estrategias frente a los casos. En lo que se refiere a la policía reitero la pregunta sobre la formación y la complemento con el análisis de políticas de interculturalidad y el estudio de la supuesta parcialización a favor de los grandes capitales: convenios remunerados entre policías y empresas, el aparente uso excesivo de la fuerza policial, la instalación de bases policiales dentro de campamentos mineros y el posible ejercicio de prácticas vedadas, como la siembra de pruebas. Respecto a fiscales, me pregunto nuevamente sobre la parcialización mediante el uso de la prisión preventiva y la investigación a líderes sociales (criminalización de la protesta), en contraste con las investigaciones por la muerte y lesiones de las que fueron víctimas los manifestantes, además analizaré políticas de interculturalidad del Ministerio Público y en la selección de sus miembros por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. En el caso de los jueces, reitero las subpreguntas correspondientes al Ministerio Público. A nivel del sistema de cárceles, analizaré sus políticas de interculturalidad y la situación de los manifestantes que estuvieron presos.

Esto me lleva también a analizar la fortaleza (o debilidad) teórica del giro decolonial al momento de estudiar un caso.

Esta ponencia es una avance de mi investigación doctoral iniciada en setiembre de 2016.
La ponencia forma parte del panel "Enclosure y decolonialidad: Estado y proyectos extractivos en América Latina" propuesto por los investigadores del Arnold Bergstraesser Institut: Alke Jenss, Fabricio Rodríguez, Luis Camacho y César Bazán Seminario