El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera tiene como eje transversal el componente territorial1 en la implementación de lo acordando entre las FARC-EP y el gobierno nacional. En este sentido, a través de seis criterios de priorización2 se definieron 170 municipios divididos en 16 subregiones en los que se formularían y ejecutarían Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), estos últimos caracterizados por contar con un horizonte de planeación de largo plazo, construcción participativa y herramientas para la materialización de la Reforma Rural Integral.
De este modo, por medio de los PDET se busca diseñar e implementar mecanismos de fortalecimiento institucional estatal que permitan a la administración pública limitar el fenómeno de soberanías en disputa (Uribe de Hincapié, 1999), unificando un proyecto político e histórico Estado ligado a las dinámicas capitalistas; sin embargo, es necesario indicar que en dichos municipios existen tensiones derivadas de relaciones sociales y de poder construidas en el marco del conflicto social y armado, lo cual genera condiciones de abigarramiento (Tapia, 2010) que lleva al enfrentamiento de modos de construcciones de institucionalidades que en algunos casos no coinciden con las definidas por el Estado.
Así, en el marco de la excepcionalidad política colombiana, se dio paso a configuraciones comunales de institucionalidad y organización comunitaria, las cuales estuvieron encargas de la gestión de lo público y lo común durante décadas, permitiendo que se consolidaran formas comunales de gobierno, orientadas a generar acciones comunes que garantizarán la producción y reproducción de la vida comunitaria en sus múltiples dimensiones (Gutiérrez& Salazar, 2015), caracterizadas por dinámicas de relacionamiento social basadas en procesos de reciprocidad, solidaridad, cuidado de los bienes comunes, subsistencia, entre otros.
En este sentido, dentro de los municipios PDET se encuentra un Subregión denominada el Sur de Tolima, la cual alberga cuatro municipios, a saber: Ataco, Rioblanco, Chaparral y Planadas, los cuales se encuentran en sexta categoría municipal, es decir, municipios con poca población, poca capacidad de generar ingresos propios (pocha capacidad fiscal) y territorios dispersos. Además, según cifras del DNP (2017) en la Subregión PDET del Sur del Tolima se encuentran 124.330 habitantes, de los cuales el 78% es rural, 97.530, mayoritariamente, campesinos y campesinas. Respecto al desarrollo del conflicto social y armado, en esta Subregión el hecho victimizante relacionado es el desplazamiento.
De acuerdo con lo anterior, se convierte en un aspecto de interés para el análisis político y social reflexionar sobre las dinámicas de construcción de institucionalidad, formas de gestión de los asuntos comunes, configuración de subjetividades políticas y lógicas de relacionamiento social en los territorios del Sur del Tolima, dado que es un aporte desde los estudios sociales y políticos para replantear las maneras gubernamentales de la administración de la vida, en especial, en el momento histórico colombiano de transición de la guerra hacia la paz.
Durante sesenta años el país asistió a escenarios donde las dinámicas políticas estuvieron acompañadas por la sangre y la violencia; sin embargo, hoy se abre la oportunidad para que las relaciones políticas se basen en el respeto, la inclusión, el debate político y el consenso. De este modo, la firma del Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP se convierte en un instrumento para que las lógicas sociales y de poder en el país se transformen y con ello se dé vuelco a la institucionalidad nacional y local, caracterizada por tener corte tradicional, estatalista y patrimonialista.
Por ende, la propuesta de investigación reconoce el momento histórico y busca generarinsumos de carácter teórico y conceptual para analizar las conformas en las que se construyen estructuras de vida comunitaria en territorios marcados por las dinámicas históricas de la guerra, a partir de la reflexión de la consolidación de institucionalidades locales en el la Subregión del Sur del Tolima, con el objetivo de determinar las maneras en las que se disputa el poder y se configuran subjetividades políticas territorializadas capaces de replantear la matriz civilizatoria del capitalismo.
De acuerdo a esto, la apuesta es resaltar las potencialidades de la organización comunitaria en la construcción de proyectos de vida comunitarios y proyecciones políticas enfocadas a alter-nativas de construcción y gestión de los asuntos comunes, posicionando las formas de organización comunal de carácter anticapitalista como escenario posible de la administración y gestión de los asuntos colectivos, con base en las reivindicaciones de clases y grupos subalternos que han sido marginados históricamente por las lógicas hegemónicas del ejercicio de la política. De igual forma, se encamina a reconocer que el saber administrativo de lo público está permeado por las estructuras epistemológicas del colonialismo interno, las cuales desconocen las relaciones comunales que escapan al capitalismo y se fundan en la solidaridad, la cooperación y mutua responsabilidad.
La configuración del Estado en América Latina reconoce lo que Zavaleta denominó la formación social abigarrada, caracterizada por tres aspectos. El primero, se refiere a “la no unificación de la sociedad” (Zavaleta, 2009, pág. 129), donde se consolida un Estado aparente; segundo, “la no unificación nacional ni clasista de la propia clase dominante” (Zavaleta, 2009, pág. 129), lo cual da paso a construir marcos de producción de plusvalía determinada; finalmente, “la aparición de planos de determinación diacrónicos” (Zavaleta, 2009, pág. 129), es decir, reconocimiento de evolución de diferentes modos de producción, autoridades y formas de gobierno.
En síntesis, la noción de un Estado en condiciones de abigarramiento está orientada a analizar “la coexistencia y sobreposición desarticulada de varios tiempos históricos, modos de producción, concepciones del mundo, lenguas, culturas y diferentes estructuras de autoridad” (Tapia, 2010, pág. 100). Por ende, es necesario señalar que dichas circunstancias están articuladas a los rezagos y elementos de las matrices coloniales y patrimonialistas originadora de procesos multidimensionales de los países de la región, dada la trayectoria y carga histórica de los pueblos, especialmente, las subjetividades campesinas, indígenas y afrodescendientes, allí, los escenarios multisocietales “no se funden, sino que antagonizan o se complementan” (Rivera Cusicanqui, 2010, pág. 70).
No obstante, a la vez, el abigarramiento representa la posibilidad de “recuperar y crear las condiciones de control de los recursos naturales y de la vida política” (Tapia, 2010, pág.103), arrebatados por la modelo neoliberal, pues, toma como punto de partida la diversa configuración de proyectos de vida en los territorios, logrando dar vuelco a las dimensiones propias de la matriz colonial, por medio de la potencialización de las estructuras comunales, orientadas por la autoorganización y autogobierno de carácter anticapitalista.
De acuerdo con lo anterior, las condiciones de abigarramiento contradicen los postulados de la teoría contemporánea del Estado, o mejor, la alimentan, pues basadas en la realidad concreta de América Latina desmienten la existencia del monopolio de la política y la autoridad, generando marcos de interpretación a diversas formas y habilidades de gobierno, las cuales provienen de estructuras comunales. Por otro lado, es importante aclarar que el reconocimiento de las formas de organización de la autoridad en las comunidades no se asemeja a la desaparición del Estado, dado que, la discusión radica en la forma de presencia6 del aparato estatal en los territorios más no en su ausencia.
Con lo anterior, es evidente la importancia de estudiar las lógicas relacionamiento de las estructuras comunales de gobierno, en términos de su proceso de autoorganización y autogestión. Así, desde varias perspectivas académicas, especialmente de teóricos latinoamericanos (Keucheyan, 2013) han volcado sus reflexiones al marco de la reorganización del desenvolvimiento de las relaciones sociales y de poder en las comunidades que conformas las sociedades abigarradas. Específicamente, los estudios comunales se centran en analizar cómo “las comunidades han desplegado importantes rebeliones en defensa del territorio, el agua, las semillas, los saberes ancestrales, el trabajo, entre otros componentes fundamentales para construir una buena vida, una vida digna para todas y todos” (Jiménez & Puello, 2017, pág. 30).
En vista de lo anterior, se ubica lo común como escenario de disputa de diversos proyectos históricos, de carácter relacional y orientado a buscar dignificar las acciones de la vida misma, la cual trasciende a la humana, mediante la transformación social. La comunidad es entendida desde “la subalternidad a la que ha sido arrinconada y de la que no ha podido sustraerse” (García Linera, 2015, pág. 265), marcada por las formas de organización y apropiación comunal, el rol revolucionario subalterno y las fuerzas antagónicas que diluyen las relaciones comunales, las cuales se caracterizan por el vínculo existente entre la propiedad y posesión de la tierra.
Así, lo común asume una impronta transformadora y capaz de crear y recrear espacios relacionamiento colectivo, al “producir y reproducir formas colectivas de habitar el mundo desde otro lugar que no es el de la dominación, la explotación y el despojo” (Gutiérrez & Salazar, 2015, pág. 19). De igual forma, lo común afirma la vida desde la producción de la existencia colectiva, a través de los entramados simbólicos y materiales desde espacios de resistencia, puesto que, a pesar de la arremetida de las prácticas del capitalismo en las estructuras de organización comunal, existe y enuncia (Caffentz