En Latinoamérica confluyen culturas ancestrales y ecosistemas de gran valor para el planeta. Es fuente de materias primas para el mercado global, tanto que el impulso de las industrias extractivas ha sido el motor de las economías de la región, como la de Perú, tercer destino de capitales mineros . Su crecimiento económico ha tenido como contemporánea y explícita premisa: hacer de la minería la palanca del desarrollo. Dicho objetivo, que debería fundamentarse en procesos articulados de desarrollo territorial y local, se ha sostenido básicamente en la promoción de inversiones y operaciones mineras y petroleras.
Nos encontramos, de entrada, con una premisa de desarrollo previamente pensada y estructurada, que se impulsa desde cifras de contribución económica nacional (9.9% del PBI 2017 en el caso de Perú , 3,303 millones de soles en transferencia a las regiones por canon minero y regalías), con el mensaje de quien es un destino principal de inversión extranjera en minería (22%), sin decir, por ejemplo, que de S/ 6,990 millones recaudados en impuestos se devolvieron S/ 6,144 millones; dejando un saldo positivo de 846 millones, el 1% de los tributos recaudados en minería .
“El Perú es un país minero desde la época de los incas”, señalan las autoridades vinculadas al sector minero; como quien refuerza la idea de beneficio, de continuidad histórica o de ruta inamovible, como parece ser la minería. No se menciona, por ejemplo, que somos un país agricultor con evidentes capacidades y múltiples identidades culturales construidas alrededor de esta ancestral actividad. Está claro que no es una prioridad, pero, ofrecer potenciar la agricultura u otras actividades comunales solo si se acepta la minería, puede ser (si no lo es ya) perverso y perjudicial para la vida (en su más amplia dimensión) de las comunidades, y su relación con las empresas y el Estado. Puestos y puestas a levantar la bandera del diálogo en contextos de conflicto socioambientales resulta un planteamiento antiestratégico.
Se trata de un modelo de inversión que carece de enfoques elementales de interculturalidad y de derechos; además, de una relación causa efecto en su planteamiento. La Defensoría del Pueblo reporta en mayo de 2018 que el 64.6% de los conflictos sociales a nivel nacional (198) giran en torno a territorios, recursos naturales y demandas de la población en zonas de interés extractivo, y de ellos, el 65.6% surgen alrededor de la minería. Tiene sentido, entonces, que la promoción de la minería en Perú se muestre acompañada de propuestas de diálogo y resolución de conflictos.
Sin embargo ¿Cómo promover la minería como palanca del desarrollo, con pasivos ambientales por remediar, con territorios concesionados sin conocimiento de sus habitantes, con vínculos comunales sociales y culturales fragmentados, con comuneros y comuneras amenazados/as, denunciados/as y/o violentados/as por mostrar oposición? ¿Y el derecho de los pueblos indígenas y originarios a la propiedad ancestral de sus territorios; a la consulta previa, libre e informada; a la autonomía para conducir su bienestar y desarrollo de acuerdo a sus particulares necesidades, visión y cultura ?
Diálogo, es un término que se utiliza mucho en el ámbito económico extractivo nacional. A saber, si con una idea común y transparente de lo que significa, o de lo que con él se quiere obtener; sí con la seguridad de difundir un permanente, “tenemos voluntad de dialogar”. No obstante, proporcionar información abundante y convencida, de antemano, sobre los beneficios de la minería (o de cualquier tipo de inversión) y condicionar el respaldo a determinados proyectos de desarrollo comunitario a su apremiante aceptación y ejecución, no es dialogar.
El diálogo es un acto comunicativo que aspira al entendimiento y la comprensión de las partes, alrededor del asunto de interés que les convoca. El diálogo requiere de manera imprescindible de la escucha, una escucha empática y horizontal, y del reconocimiento del otro o la otra en todas sus dimensiones. Esto hace que tanto diálogo como escucha sean parte de un proceso activo que trascienda a la mera comunicación de un solo mensaje o de una sola voz, propiciando y haciendo posible la réplica y, con ella, la creatividad, la propuesta o contrapropuesta, la reafirmación o la toma de otra dirección.
No por nada, en los procesos de diálogo que entabla el Estado, la población percibe un solo objetivo, convencer más que conocer a fondo las necesidades, demandas y propuestas de los pueblos interesados. Esta suspicacia no es gratuita, se sostiene en hechos concretos de afectación, en discursos y actos violentos contra quienes se resisten al extractivismo minero, inconsulto e impuesto como única forma de progreso. Invocar al diálogo cuando, simultáneamente, se descalifica a la población que se resiste resulta, cuanto menos, irresponsable.
¿Cómo interpretar que un gobierno deje que sus inversores insulten a la población que representan, aquella de la que quieren extraer (literalmente) beneficios? ¿No está siendo acaso cómplice, responsable y merecedor de rechazo y desconfianza? La lista de calificativos y estrategias de criminalización es extensa. Desde esta perspectiva también el conflicto es criminalizado, pues, lo que inicia como un desacuerdo u oposición de intereses, absolutamente natural de la vida en sociedad, acaba convirtiéndose en una supuesta lógica siniestra y radical de impedir el desarrollo nacional; un supuesto contradictorio a la demanda de las comunidades, precisamente, el desarrollo, pero en un marco de transparencia y protección de sus derechos.
La misma sensación produce el uso (y abuso), en el sector estatal y empresarial minero, de la referencia a conflictos y resolución de conflictos. El recientemente creado Viceministerio de Gobernanza Territorial, tuvo como primer viceministro a alguien que impulsó como medida de tratamiento de conflictos socioambientales, la declaración de Estados de Emergencia “preventivos”, restringiendo libertades y generando condiciones para denunciar o detener a quienes, en estos contextos, se reúnen o protestan pacíficamente. Un ejemplo claro de minería irresponsable y de un Estado que no garantiza la protección de derechos de su población ante los impactos negativos de las inversiones que promueve.
Cualquier espacio o esfuerzo bienintencionado, transparente y horizontal de diálogo, es loable y digno de ser promovido. Sin embargo, es necesario considerar que las necesidades humanas en zonas mineras recaen en personas de carne y hueso, por lo tanto, garantizarles salud, educación, trabajo, justicia y respeto a su identidad cultural, no puede darse a cambio de o a cualquier costo. Si los impactos negativos de las inversiones siguen sin ser reconocidos ni remediados por las empresas responsables y el Estado, cuyo rol es regularlas, fiscalizarlas y/o sancionarlas; se seguirán restando condiciones para un verdadero diálogo con las comunidades. Si con la misma actitud, se financian convocatorias o dádivas sin transparentar el origen de los fondos, medios o estrategias que están dispuestos a emplear para obtener la tan ansiada licencia social, por mal camino vamos.
A quienes interesa el estudio de conflictos y la construcción de experiencias transformadoras al abordarlos, nos convoca la tarea de examinar los aspectos que subyacen al interés coyuntural por el diálogo y la resolución de conflictos socioambientales; no porque éste no sea legítimo sino porque puede acabar siendo un mero instrumento para convencer y no para reconocer a los otros y otras, incrementando la desigualdad existente en torno a los pueblos indígenas y originarios.
Como parte de mi tesis doctoral , cuyos resultados estaré honrada de compartir en esta gran conferencia, analicé el contexto latinoamericano en este sentido, y presenté una experiencia inicial de transformación de conflicto socioambiental en territorios del pueblo awajún de Cajamarca (Perú), en el marco de un proyecto enfocado al fortalecimiento de liderazgos y capacidades comunitarias para una gestión sostenible y pacífica de territorios indígenas. A partir de esta experiencia, me fue posible incorporar el enfoque de transformación de conflictos (Lederach, 2010), en el acompañamiento y asesoría técnica a la comunidad nativa de Supayaku, la cual no solo se encontraba inmersa en una situación de riesgo a raíz de que su comunidad vecina autorizara el ingreso de la minería, cuando ambas son del mismo pueblo indígena y comparten el mismo bosque y territorio para su subsistencia.
Mientras la voluntad de diálogo no sea parte de una visión inclusiva y transformadora de la realidad y de las verdaderas causas de los conflictos, seguiremos agotando condiciones para la construcción de paces territoriales en Latinoamérica. Se precisa sincerar el diálogo para acercarnos a verdaderos y necesarios cambios en la dimensión personal, relacional, estructural y cultural que reivindican nuestras luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia.