El acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos centró la transición que este suponía para el país en el modelo de justicia a implementar en el periodo del, ahora llamado, postacuerdo. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición es uno de los puntos centrales del acuerdo, que ahora enfrenta dificultades en el congreso para establecer su procedimiento. Abordado como parte del punto cinco de la agenda (Víctimas), fue uno de los temas más debatidos por sectores de opinión. También el más álgido y al que se le invirtió más tiempo durante las negociaciones, pues tomó cerca de tres años lograr la firma de su borrador. Sus objetivos responden a una noción de justicia transicional del periodo post segunda guerra mundial, tal como lo señalase Teitel, la cual enmarca la transicionalidad al cumplimiento de la efectiva reparación a las víctimas; la búsqueda de la verdad; la construcción de memoria; y el diseño de una serie de reformas institucionales que permitan la implementación de los acuerdos y garanticen la no repetición de la guerra, en el marco del estado de derecho.
El carácter de este modelo y su énfasis en buscar un balance entre justicia y paz ha ubicado a los procesos locales de transición social y comunitaria en un segundo término, restándole importancia a la complejidad que ha tenido la dimensión territorial de la guerra y sus prácticas cotidianas.

Para mostrar cómo la cotidianidad de la guerra en Colombia ha trascendido al fuego y a las hostilidades, y precisar que en ella también se han desarrollado una serie de prácticas y relaciones entre insurgencia, estado y comunidades campesinas (que han derivado a su vez en la configuración de regiones y de regulaciones sociales), presento en esta ponencia los resultados de mi investigación de maestría sobre la región de El Pato, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán, al sur occidente de Colombia. En esta región habita una comunidad campesina cuyo proceso de conformación y de resistencia ha estado marcado por el conflicto armado, por la constante estigmatización y por unas formas de organización que incluyeron ejercicios regulares de concertación con la insurgencia.
Uno de esos ejercicios ha sido la construcción conjunta de unas normas de convivencia comunitaria, entre miembros de la columna Teófilo Forero de las FARC y habitantes de El Pato. Una construcción que fue posible gracias al proceso mismo de conformación de ese territorio. Para comprender cómo lograron construir dichas normas y poder caracterizar el “tipo” de orden que ha venido funcionando en esta región, realicé un análisis desde la convergencia entre el fortalecimiento organizativo comunitario, las directrices políticas al interior de la insurgencia, las condiciones de seguridad, la agudización o no de la confrontación armada y la apropiación de mecanismos del sistema normativo estatal.
Con ello espero aportar a los estudios sobre la guerra en Colombia y rebatir los lugares comunes en los cuales el orden en las regiones donde la guerrilla hacia presencia era un orden impuesto, sin posibilidad de participación de las comunidades. Estos análisis también dejan de lado la agencia de las comunidades y las limita a ser analizadas como sujetos víctimas de la violencia.

Por ende, es necesario evitar limitar el análisis de las transiciones que miembros de las FARC-EP iniciaron, así como la sociedad en general, a la perspectiva de la justicia y la reparación. Se trata también de reconocer y escuchar las experiencias de territorios en los que insurgencia y comunidades campesinas han construido un tejido social, mediado en mayor o menor medida por los aspectos cotidianos de la formación del estado y por las dinámicas de la confrontación armada. En el actual periodo de transición que estamos viviendo, dicho tejido se está transformando, tanto como los referentes de seguridad de sus habitantes. Varios habitantes de las zonas rurales han están especialmente preocupados porque ya no saben quién les podrá garantizar su seguridad, el aumento de los asesinatos de liderazgos sociales desde el momento de las negociaciones muestra que no estaban equivocados, al punto de llegar a extrañar a la guerrilla.

Desconocer estas construcciones sociales y estas relaciones, pero también el lugar que ha ocupado la guerrilla en la regulación y en los órdenes locales ha traído dificultades en la efectiva implementación territorial del Acuerdo de paz. Los planes y programas que se están llevando a cabo, así como las agendas de las agencias de cooperación internacional, no han tomado con la suficiente seriedad el hecho de que en Colombia la guerra no se ha limitado a la violencia.

No se trata ahora de aterrizar en territorios vacíos para llevar —¡por fin!— la institucionalidad del estado. Tampoco aterrizan en tierra de nadie, donde hay que construir desde cero sobre tierra arrasada. La experiencia histórica de El Pato puede ser útil para comprender y visibilizar que, pese a las hostilidades y las confrontaciones, en más de cincuenta años las comunidades rurales también han aprendido a vivir y han hecho de la organización comunitaria una respuesta social de autonomía y resistencia a los embates de la guerra.
No se trata entonces de que, desde las distintas instituciones estatales, y las distintas
agencias de cooperación se generen programas y proyectos para crear organización
comunitaria, sino para fortalecerla y potencializar sus experiencias a partir de sus procesos
históricos. Para el caso específico que analicé respecto a la resolución de conflictos, sostengo que es necesario potencializar la experiencia de la construcción de las normas de convivencia como un mecanismo de justicia comunitaria válido y pertinente para la regulación social de la cotidianidad.
Un antiguo dirigente campesino me señaló durante una conversación que de omitirse estas características de su cotidianidad en el diseño de lo que se viene se puede correr el riesgo de repetir la experiencia del 2002 durante la retoma tras el fin del despeje: “cuando el ejército bombardeó puentes y carreteras supuestamente porque los había construido la guerrilla, pese a que todos transitábamos por ahí y todos los hicimos. Las carreteras nos servían a todos; lo mismo que las normas”. Dadas las distancias entre instituciones y territorios es posible que este mecanismo, como otros surgidos en medio de la guerra, sea mal visto por miembros de instituciones del estado, dado el enfoque utilitarista e impositivo que ha primado en el análisis de las relaciones entre insurgencia y comunidades campesinas.
Tras más de un año de implementación del Acuerdo, el reto de las diferentes instituciones, estatales y no estatales, con aquel enfoque territorial es precisamente reconocer estas experiencias y ponerlas a dialogar con los contenidos del Acuerdo, resaltando que las comunidades rurales han sido parte activa de la construcción de sus territorios, tanto como que las y los guerrilleros también han vivido en ellos.