El 31 de enero de 2015 la presidenta Michelle Bachelet Jeria, envió al Congreso Nacional de Chile, el proyecto de Ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embrazo en tres causales: riesgo vital, presente o futuro, de la mujer, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; embrión o feto que padezca una alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina; embarazo producto de una violación. Se iniciaba así un proceso que impactó a la sociedad chilena. En su mensaje la presidenta Bachelet, señalaba: “La normativa vigente sobre interrupción del embarazo, que la prohíbe sin excepciones, no responde al trato digno que el Estado de Chile debe otorgar a sus ciudadanas en estas situaciones y sitúa a nuestro país como uno de los cuatro en el mundo que lo criminaliza en todas sus modalidades, además de El Vaticano: Chile, Nicaragua, El Salvador y Malta….“un Estado que respeta los derechos humanos no puede sentirse orgulloso ni satisfecho de amenazar con pena privativa de libertad a aquellas mujeres que se encuentran en esta disyuntiva”. Ubicaba así el debate en el plano de los derechos humanos, e invitaba al país a un diálogo de alturas, que como veremos en la ponencia no se produjo. El 1° de febrero se inició un trámite legislativo que se extendió por 2 años y medio y que mantuvo tensionado al país con una confrontación de posiciones sobre los derechos de las mujeres, su capacidad para decidir, sobre “objeción de conciencia” de médicos /as, sobre “confidencialidad de la atención médica, sobre garantías de prestaciones de salud, sobre la violación, y sin duda sobre otros temas referidos a la desigualdad de género, sobre la efectiva independencia de los Estados de las iglesias. Los sectores más conservadores desplegaron su poder de movilización y dominio sobre los medios de comunicación y con acciones proselitistas en las que participaron activamente las iglesias, pero el proyecto mantuvo el 70 % de apoyo ciudadano durante el proceso. Las organizaciones feministas que han luchado por el aborto libre seguro y gratuito por años en Chile, participaron en el debate, manteniendo su compromiso con la reivindicación histórica. El proyecto fue aprobado por el Congreso, pero enviado al Tribunal Constitucional como último recurso de sus oponentes, para impedir su promulgación; negada la inconstitucionalidad, el 14 de septiembre se promulgó la ley que entró en vigencia. Con esta Ley se inauguró la gestión del Ministerio de la Mujer y la equidad de género, y fue la política pública por la que sin duda, será recordada la agenda de género del gobierno de la Presidenta Bachelet. En la ponencia se expone el contenido de la Ley, se da cuenta del debate que confrontó a los sectores reaccionarios y progresistas en Chile y se analizan los primeros pasos y dificultades para su implementación, durante el actual gobierno. En sus primeros meses, septiembre 2017 a marzo 2018, de implementación, según un balance del Ministerio de Salud, se practicaron 111 procedimientos, enmarcados en la nueva normativa: 50 de ellos por riesgo de vida de la madre, 35 por inviabilidad fetal y otros 26 casos donde existió violación. El primer caso se produjo tres días después de que se publicara en el Diario Oficial la nueva legislación. Llegó al Ministerio Público la primera denuncia conocida, luego que se confirmara el embarazo de una menor en un poblado del extremos sur del país, en la isla de Aysen. Más allá de lo esperado con la nueva Ley, este caso puso al sistema de salud, se enmarcaba en la causal más controvertida: la violación, tratándose de una niña menor de 14 años que presentaba embarazo de 11 semanas y tres días, el máximo permitido por la ley es de 14 semanas y debía procederse a su traslado a un centro asistencial en el que se le garantizara la atención, ya que el Servicio de Salud de Chiloé notificó que en los hospitales de la zona no había facultativos dispuestos a realizar el procedimiento. En este primer caso, están expuestos los principales problemas para la implementación efectiva de la Ley que se revisan en la ponencia.