La desigualdad en torno a la tierra ha sido el constante para las mujeres colombianas, causas que se registran a lo largo de sesenta años de la violencia en Colombia, agudizadas por el despojo y la desprotección de los territorios colectivos, los grandes megaproyectos productivos direccionados por el neoliberalismo y las aperturas económicas al neocapitalismo, los incentivos a la creación de latifundios, (como las zonas especiales de desarrollo agrícola y políticas fiscales que favorecen la inversión a gran escala), la laxitud en la regulación ambiental, los desiguales beneficios en la extracción y uso de los recursos naturales, la carencia del enfoque de género en los programas y políticas de la agricultura familiar, el desconocimiento del aporte de las mujeres al desarrollo e indicadores de la economía productiva y reproductiva y las amenazas, persecuciones y violencias impunes contra defensores y defensoras de tierras y derechos humanos, son sólo algunas de ellas.
Todas estas expresiones de la desigualdad tienen que ver con la concentración del poder. Un poder político al servicio de las élites políticas y económicas, que desvían el interés general y su obligación de proteger los derechos de todos, enfatizando sobre todo, en las poblaciones más vulnerables como las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas y afrocolombianas, Solamente así, éstas podrán desarrollar medios de vida dignos y contribuir a un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
Un primer paso es reconocer a las mujeres rurales como productoras, como ciudadanas con plenos derechos y como sujetos políticos con libertad de decisión y de participación. Hacer visible su contribución al desarrollo, a las economías locales y al bienestar de sus comunidades y familias.
También es necesario derribar las barreras que discriminan a las mujeres dentro de las propias organizaciones rurales, cooperativas, asociaciones campesinas e indígenas las cuales deben dejar de ser espacios dominados por hombres y garantizar una participación igualitaria.
Con la firma del Acuerdo de paz de la Habana, establecido entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo FARC EP, se incluyeron medidas con enfoque de género que favorecieran a las mujeres en un total de 122 puntos del Acuerdo, con el fin de que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos, principalmente el derecho a la tierra, como una condición imprescindible para avanzar hacia sociedades rurales más justas, igualitarias y emancipadoras.
Con estas medidas, se plantea situar la lucha contra todas las formas de la desigualdad en el centro de las políticas públicas. El Estado Colombiano, debe emprender políticas redistributivas que aseguren los derechos de todas las personas y comunidades que dependen de la tierra. Cualquier política redistributiva debe incorporar a las mujeres de forma real, no sólo en la formalidad de la ley, adoptando medidas eficaces para protegerlas de la violencia y del desplazamiento, derribando las barreras, a menudo invisibles, pero profundamente cimentadas en la cultura patriarcal, que les impiden ejercer sus plenos derechos con libertad y autonomía.
En Colombia, encontramos propuestas de las comunidades campesinas del sur del departamento de Bolívar, en este mismo sentido, y específicamente el asumido por las mujeres como estrategia de permanencia y resistencia con enfoque de género para reconstruir el territorio, organizadas para el cuidado del bosque, los recursos naturales y la biodiversidad. Las mujeres de la Zona de la Reserva Campesina del Valle del Rio Cimitarra han participado en el diseño y elaboración del Programa de la Línea Amarilla y el Mandato Ciudadano por la Pesca, identificadas como acciones de resistencia ciudadana y construcción de espacio públicos comunitarios en defensa del bosque y de la protección del medio ambiente.
PALABRAS CLAVE:
Paz, conflictos, acuerdos, negociación, noviolencia, pedagogías alternativas, enfoque diferencial de género, violencia de género, crímenes de Estado, educación emancipadora, solidaridad y equidad.
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