En Colombia el conflicto armado y la violencia generalizada han afectado a millones de colombianos y colombianas lo que a la fecha despliega en el Registro Único de víctimas un total de 8.376.463 personas víctimas desde 1985 a la actualidad.
En esta medida el Estado de Colombiano busca el desarrollo de la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición a través de la expedición de la ley de Víctimas, ley 1448 del 2011, el decreto ley 4633 de 2011 para población indígena víctima del conflicto armado, el decreto 4634 de 2011 para población gitana o ROM y el decreto 4635 de 2011 para población víctima afrodescendiente, raizal o palenquera. Sin embargo, pese a que se han tenido avances en la disminución del sub-registro de víctimas y la atención a las mismas, en este universo de personas incluidas en el Registro único de Víctimas las comunidades indígenas requieren especial atención en virtud del enfoque diferencial , la reparación y garantías de no repetición, debido a que aún se mantienen brechas en la memoria social de las víctimas y sus proyectos políticos, manteniendo el silencio y la complicidad de personas al interior de organismos de seguridad estatal, quienes se ha comprobado mediante vía judicial han infringido crímenes contra miembros de la población civil.
Uno de los retos del post-acuerdo colombiano se enfoca en las garantías de no repetición para la población víctima del conflicto armado, en donde la necesidad de una protección integral surge como estandarte fundamental para la construcción de una paz estable y duradera. Una protección enfocada a derechos y que trascienda la noción individualista para la salvaguarda de los derechos a la vida, la seguridad, la libertad e integridad: la protección colectiva.
Por lo anterior, el presente escrito parte de la premisa que la protección colectiva implica una ruptura con la matriz moderno- colonial y la aceptación de una diversidad de memorias, en esta medida el abordaje para los sujetos étnicos, sugiere un carácter decolonial en sí. Entonces, se puede pensar “desde lo negado por la retórica de la modernidad, bajo la lógica de la descolonialidad” (Mignolo, El despredimiento: pensamiento crítico y giro descolonial en Schiwy, Maldonado Torres, & Mignolo, 2006, p. 21).
En este sentido la protección colectiva para los sujetos étnicos, exige la inclusión de horizontes teóricos como el moderno-colonial-decolonial, los estudios poscoloniales, subalternos, y el proyecto de interculturalidad crítica (Cuevas, 2013) Ahora bien, en referencia al proceso de conceptualización y campo de saber emergente, son las múltiples y diversas experiencias que a nivel regional vienen incorporando una lectura distinta sobre la implementación del proyecto moderno en la región latinoamericana, en donde la colonialidad sería constitutiva del mismo. Por lo anterior, la decolonialidad se posiciona como opción y posibilidad en la deconstrucción, transformación y transgresión de una serie de dispositivos de disciplinamiento, normalización y control que actuaron en la configuración de subjetividades e identidades, muchas de ellas, altamente excluyentes y que como se desarrollará a lo largo del escrito se evidencian en fenómenos sociales como el conflicto armado en Colombia y en el ejercicio de implementación del post-acuerdo.
Así, el reconocimiento de los sistemas propios de protección de los pueblos indígenas, la comprensión del pensamiento y actuar colectivo, la ruptura con el paradigma hegemónico de Occidente; que busca superar discursos de racialización, desigualdad de género, sexual y de clase como parte de la protección colectiva, se constituyen en “el puente irreductible entre la de(s)colonialidad del ser, del hacer y del poder” (Walsh, 2013: 12).
En este sentido, la presente ponencia se centra en las luchas, resistencias y la construcción de nuevos territorios de paz en tres comunidades indígenas colombianas sobrevivientes al conflicto armado, sujetos de restitución de tierras y protección colectiva. En sus territorios confluyen características similares como estar ubicados en corredores estratégicos, en donde la presencia de recursos naturales susceptibles a depredar por parte de los grupos armados es latente, no obstante las resistencias noviolentas les han caracterizado, al igual que la compresión de lo común como factor protectivo, lo que ha permitido su pervivencia física y cultural pese a los avatares del conflicto armado colombiano.
A modo de síntesis, la protección colectiva desde un enfoque a Derechos, ha implicado la reconfiguración de lo público y la noción del común desde una perspectiva decolonial para las comunidades de: El Resguardo Indígena Dobida Dogibi, territorio ancestral Eyákera, que en lengua embera significa Aroma de la montaña, este se ubica en la zona montañosa correspondiente a la Serranía del Darién, al occidente del municipio de Unguía, departamento de Chocó entre los ríos Tanelita y Natí con comunicación a la frontera binacional Colombia- Panamá; las comunidades de las Asociaciones de Autoridades Indígenas tradicionales ACIMA y AIPEA, en sus territorios confluyen cerca de doce pueblos indígenas organizados a lo largo del eje del rio Caquetá, en el Amazonas colombiano en comunicación con la frontera Colombia- Brasil; y la comunidad indígena de Nuevo Espinal, territorio Wayuú, ubicado en el municipio de Barrancas en el Departamento de la Guajira, quienes como parte de la nación Wayuú han venido denunciando la apropiación de la madre tierra por parte de las grandes multinacionales en sus territorios.