EL DESARROLLO RURAL EN COLOMBIA EN EL CONTEXTO DEL POSACUERDO DE PAZ
(Resumen)
Arturo Cancino Cadena
1. Introducción
Quizás no hay otro asunto tan importante estratégicamente para la consolidación de la paz en Colombia como el del desarrollo del sector rural. No es por casualidad que el tema del desarrollo rural constituye el primer punto del texto final del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC, suscrito en noviembre de 2016.
La investigación realizada por el autor entre febrero de 2017 y el primer semestre de 2018 se propuso analizar el punto uno del Acuerdo de Paz sobre el desarrollo rural, para intentar establecer la posible contribución de este acuerdo al problema del desarrollo del campo y al afianzamiento de la paz en Colombia. Así mismo, comparar los compromisos acordados en este terreno con las condiciones para su ejecución y los avances en el cumplimiento de los mismos, así como los obstáculos y resistencias de sectores poderosos a los cambios proyectados.
2. Marco teórico: ¿Agricultura comercial o agricultura campesina?
Las teorías clásicas han postulado que la modernización del agro en los países en desarrollo implica la descomposición de la agricultura tradicional y su sustitución por empresas capitalistas capaces de una rápida acumulación y regidas por la lógica del mercado. El resultado sería un sustancial avance de la productividad, basado en la aplicación de las técnicas modernas y la mecanización de gran parte de las labores agrícolas. Como consecuencia de este proceso, el campo expulsaría progresivamente la fuerza laboral excedente, que iría a proporcionar a la industria y demás actividades modernas, centradas en el escenario urbano, recursos humanos abundantes para su crecimiento y ampliación ventajosa. Y al iniciarse modernización agraria, las tierras pasarían al control del empresariado rural que inyectaría el capital a la actividad agropecuaria, al tiempo que las pequeñas explotaciones familiares se extinguirían gradualmente para dar paso al desarrollo capitalista del agro.
En la otra orilla, se pueden considerar los defensores actuales de la “vía campesina”, que plantean la agricultura en menor escala, orientada principalmente a la producción de alimentos, como alternativa a la agricultura comercial que en esencia se orienta hacia las exportaciones a los mercados mundiales y presenta muchos de los rasgos de las economías de enclave. La agricultura comercial, especializada y productora en gran escala, se considera responsable en buena parte de la crisis ambiental que afronta el mundo. Se requeriría, por tanto, un cambio radical de enfoque que nos aparte del actual modelo de desarrollo industrial e internacionalizado de la agricultura. Y para ello, se debe partir de las habilidades y experiencia acumulada de los campesinos en pequeña escala, proporcionarles tierra suficiente y apoyo; y no expulsarlos del campo, sino lo contrario.
3. Fisonomía actual del agro colombiano
En Colombia, el 90% del área sembrada se dedica a los productos que componen la canasta básica alimentaria de la población colombiana. Al mismo tiempo, la relación entre productores rurales y consumidores urbanos ha pasado de ser de 2/1 en los años 50 del siglo XX, a de 1/6 en la actualidad y se prevé sea 1/10 en 2030, no solo por el aumento de las importaciones sino como resultado del incremento de la productividad de la agricultura productora de alimentos. Así, mientras la producción aumenta, la población vinculada al campo permanece estancada.
Pero en contraste con la mayor contribución productiva del campo, el Informe de Desarrollo Humano de 2011, originado por el PNUD, identificó la problemática rural como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social del país. Los indicadores sobre pobreza e indigencia rural, concentración de la propiedad de la tierra, despojo de la misma a pequeños propietarios y desplazamiento forzado de la población campesina, son realmente dramáticos y su efecto social y ambiental es devastador, lo mismo que el uso inadecuado del suelo que incrementa el fenómeno de la desforestación.
La estructura agraria, que origina esta situación de inequidad y atraso, se basa en la extrema concentración de la propiedad de la tierra. Un informe realizado por Oxfam, que analiza los resultados del censo agropecuario de 2014, muestra la grave situación que presenta el país en esta materia. Dicho estudio concluye que Colombia es un caso extremo de concentración agraria, que sitúa al país en los últimos lugares regionales y mundiales en materia de distribución de la tierra, el aumento acelerado de la desigualdad y la polarización latifundio/minifundio con un correlativo aumento del poder de los terratenientes. Desde mediados del siglo XX y tanto por medios violentos como por el uso de trampas legales, una minoría de propietarios se ha apropiado de mayores extensiones de las mejores tierras del país con la indiferencia cómplice del Estado y contrariando el principio constitucional sobre la función social de la propiedad privada.
4. Los conflictos rurales, la violencia y la estructura del desarrollo del campo colombiano
Quienes han abordado el trabajo de estudiar el desenvolvimiento de los conflictos sociales en el campo y la violencia, distinguen por lo general tres etapas del proceso:
a) La de la violencia partidista liberal-conservadora que se inicia en los años 1930, pero se agudiza gravemente desde el retorno del partido conservador al poder en 1946 y particularmente a partir del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948. Período que se prolonga hasta la fundación del Frente Nacional en 1957
b) La del surgimiento de las guerrillas de inspiración comunista, como las FARC y el ELN hacia los años 60, en el marco de la Guerra Fría, la doctrina estadounidense de “seguridad nacional” y de las ofensivas militares de “pacificación del país” durante los gobiernos del Frente Nacional y siguientes en los años 70.
c) La del involucramiento del narcotráfico en el conflicto desde los años 80 hasta nuestros días, con el funesto efecto multiplicador de los capitales ilegales sobre el escalamiento y degradación de la guerra y la creación de los grupos paramilitares y mafias narcotraficantes.
El escenario principal del conflicto ha sido entonces el sector rural, y la población que lo habita es protagonista, en su mayoría involuntaria, de esta tragedia en medio de la cual se dirime el acceso a la tierra y se decide el destino de los productores rurales. El control sobre la tierra es el objetivo principal en pos del cual se movilizan, además de los campesinos sin tierra y pequeños propietarios, dos tipos de actores poderosos:
1. Los terratenientes, en su interés ampliar sus propiedades latifundistas, sus rentas y su poder regional sobre la población desposeída que así garantizan poner a su servicio.
2. Los grupos armados, que buscan controlar el territorio como corredores para el tráfico de drogas y de armas, así como ejercer el control sobre la población, con todas las secuelas de extorsiones, abusos y explotación de la gente abandonada a su suerte por un Estado ausente casi por completo.
Vinculados a estos dos grupos están numerosos “barones electorales” que sirven a estos poderes, al tiempo que se sirven de los mismos para perpetuar su control clientelista sobre los cargos y los recursos públicos. El clientelismo es una pieza esencial del engranaje actual que origina los grandes niveles de corrupción que padece Colombia. De esta trama forma parte el fenómeno conocido localmente como “parapolítica”, que involucra a una parte importante de la clase política tradicional.
5. El proyecto de desarrollo rural reflejado en el Acuerdo de Paz y su futuro
No hay que olvidar, sin embargo, que un agravante del problema rural es el desplazamiento forzado y el despojo o abandono de las tierras, que afecta a más de 3 millones de habitantes del campo y 700 mil hogares, víctimas de la estrategia de guerra de los grupos armados para asegurar el control territorial y la financiación de su actividad ilegal. El proceso de paz con las FARC se propuso, entre otros fines, ayudar a resolver este problema, contribuyendo a poner fin a la guerra, e incluyó el tema del desarrollo rural en el Acuerdo.
La visión que subyace en el primer punto del acuerdo de paz “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral” expresa la intención de transformar en forma gradual las deplorables condiciones del sector rural. Su enfoque gradualista excluye por tanto la posibilidad de un programa amplio y general de redistribución de la propiedad sobre la tierra y eliminación de los grandes latifundios para democratizar la propiedad del suelo, es decir, un programa clásico de reforma agraria como el adelantado históricamente en muchos países como preámbulo de su modernización y despegue industrial.
La razón del alcance limitado de este punto del Acuerdo es que un cambio profundo resulta inaceptable para la élite social y política que hoy ejerce el poder, de la cual forma parte importante el sector terrateniente, opuesto a ceder su control excluyente sobre la tierra rural en Colombia. Esta clase social tiene hoy numerosas conexiones con poderosos grupos económicos en el sector financiero, el comercio, la construcción, los servicios y la industria, para no hablar de su influencia directa sobre los partidos políticos y las “empresas electorales” que dominan el Congreso y extienden su influencia, por medio del clientelismo, hasta las Altas Cortes de la rama judicial. Igualmente, desempeña un papel decisivo en las coaliciones de derecha que eligen y sostienen al Ejecutivo. Por tanto, se entiende que no era realista supeditar el cese de la guerra a la derrota del latifundismo.
Lo anterior, sin embargo, no significa que las reformas incluidas en el acuerdo bajo el nombre de Reforma Rural Integral, RRI, sean irrelevantes o su eventual aplicación deje de representar un avance importante en la transformación de la situación rural. Por el con