La discusión en torno a la migración se ha instalado hoy en diversos ámbitos y espacios en Chile, no solo por su actualidad y lo que ha implicado la llegada de población extranjera proveniente en su mayoría de los países de la región, sino también por la necesidad de proyectar sus alcances sociales, políticos, culturales y económicos en un país abierto al mundo y a la globalización.
Abordar estos temas es una necesidad en el contexto actual considerando que la movilidad humana es una de las características propias de las sociedades contemporáneas y futuras. De hecho, desde el año noventa en adelante el desplazamiento de personas ha ido aumentando en forma sostenida, estimándose que hoy el 3,2% de la población mundial vive fuera de sus países de nacimiento (OIM, 2015).
En el caso de Chile se estima, de acuerdo a datos del último Censo (2017), que la población extranjera representa el 4,5% del total de población residente en el país.
Si se asume que es el contexto social, político y económico el que genera vulnerabilidad en los sujetos sociales, determinando también mayores o menores niveles de inclusión social, es claro que se requiere un rol activo del Estado, ya sea a nivel de los gobiernos locales, regionales o nacional con el fin de aportar a reducir o eliminar las situaciones que las generan. Para lograrlo el Estado posee un conjunto de herramientas políticas que pueden jugar un rol clave en orden a garantizar los derechos sociales de los/as inmigrantes.
De ahí entonces que la reflexión política acerca de la migración es cada vez más relevante, lo que debiera traducirse en la discusión sobre las condiciones de acogida en los países de destino, los derechos humanos y el rol de los Estados como garantes de ellos.
Pese a ello, el Estado chileno ha desarrollado aisladas y/o descoordinadas respuestas de atención a esta población, que se encuadran en una visión restringida de derechos, supeditada a la ley de inmigración vigente desde la dictadura militar.
De ahí la necesidad de analizar la gestión social de la inmigración a partir de un abordaje reflexivo del binomio “inclusión/exclusión social”, considerando las diferentes estrategias normativas y de intervención social que se ponen en marcha desde el ámbito público para garantizar “los derechos humanos” de las personas inmigradas. Por ello, se presenta una reflexión sobre los obstaculizadores que se evidencian en las políticas sociales de Chile y que afectan la inclusión efectiva de la población inmigrada, teniendo en cuenta cuatro áreas centrales: educación, vivienda, trabajo y salud. Estos resultados emanan de una investigación con enfoque mixto (cuanti y cualitativo) desarrollada en cuatro zonas geográficas de Chile con mayor población inmigrada.
A través de la investigación se pudo visualizar que los diferentes colectivos de personas inmigradas en Chile se enfrentan con una serie de obstaculizadores para su efectiva inclusión social, no solo derivadas de aprehensiones socioculturales y de un cierto rechazo a nivel social de la comunidad de recepción hacia las personas extranjeras, sino también a partir de dificultades impuestas desde el mismo Estado en cuanto a accesibilidad en las prestaciones sociales posibles.
Estas dificultades vienen derivadas de los componentes legislativos que regulan la permanencia de las personas extranjeras en el país, pero también se dan en términos administrativos, de gestión en la oferta programática que dispone el Estado y de la atención directa dada en los servicios públicos.
En concreto, esta investigación pudo ratificar que los principales desafíos con que se enfrentan los colectivos inmigrados en Chile tienen que ver con la instalación a nivel social y cultural en el nuevo contexto de residencia y la tendencia a la homogenización y asimilación cultural, que no solo se evidencia a nivel general en la sociedad chilena sino también emana desde las mismas lógicas de las políticas sociales vigentes, las que hacen distinciones que afectan directamente a la población inmigrada residente.