La superación de la confrontación armada en Colombia conlleva al desarrollo de nuevos procesos que puedan develar las violencias existentes en la sociedad, pues ellas no solo han marcado los cuerpos de sus víctimas sino que también han tenido una fuerte influencia en sus relaciones e interacciones con el entorno. Por ello, se ha planteado la necesidad de revisar un fenómeno tan humano como lo es el arraigo, que implica apropiar el espacio en el que se habita, y que ha sido negado tanto por la violencia directa que produce la guerra como por los efectos invisibles que la componen, la producen y la mantiene en las mentes de las personas que la han padecido.
Hoy, Colombia cuenta con más de siete millones de personas en situación de desplazamiento forzado interno a causa del conflicto armado, acorde a las cifras oficiales de la Red Nacional de Información (RNI, 2018), lo cual no sólo ha causado una crisis humanitaria debido a las graves condiciones de vulnerabilidad que enfrentan quienes sufren este flagelo, sino que también ha generado trastornos en las dinámicas urbanas y rurales, debido a que las acciones cometidas por los actores armados menoscaban el control territorial de las comunidades; esto último provocado por procesos de des-territorialización en los cuales el abandono del territorio, la limitación o restricción a la movilidad (Oslender, 2008), son determinantes para romper los vínculos de arraigo existentes.
Ante este contexto, quienes fueron desplazados se ven en la necesidad de salvaguardar su integridad física para garantizar su sobrevivencia e intentar reconstruir sus vidas, lo cual implica decidir entre buscar un nuevo lugar para reubicarse, permanecer en el lugar de recepción o regresar al lugar de origen, esto es, retornar. La decisión que se tome no es espontánea, sino que obedece a las condiciones enfrentadas tras el desplazamiento y las secuelas dejadas por la guerra, puesto que de manera generalizada las personas en situación de desplazamiento han estado en graves situación de vulnerabilidad por la falta de garantía de sus derechos fundamentales como lo ha expuesto, principalmente, la Corte Constitucional en desarrollo de la Sentencia T-025 de 2004.
Como se había mencionado, una de las consecuencias directas del desplazamiento forzado es la pérdida del control territorial de las comunidades. Estos grupos son entonces despojados de los medios necesarios para sobrevivir y se ven enfrentados a tomar la decisión de reubicarse en un lugar distinto al de su procedencia; por ello, dentro del universo de las personas afectadas existen aquellos que han decidido no regresar a sus territorios y ocupar por ende lugares diferentes en donde puedan mitigar de alguna forma los daños causados por la guerra.
Si bien el deseo de reubicarse, y tomar la decisión de hacerlo, debiera materializarse con la existencia de condiciones de seguridad favorables en el lugar donde se reasenta, la tenencia de la tierra, recursos para reiniciar proyectos productivos y posibilidades de generación de ingresos (Ibáñez, 2008); en el contexto colombiano estas condiciones no necesariamente son determinantes, ya que muchas veces un proceso de reubicación esta mediado por “las exclusiones y conflictos [que] no terminan con el desplazamiento y la llegada a las ciudades [o a cualquier municipio], sino que comienzan a partir de los procesos dramáticos de inserción y territorialización forzada de ciertas zonas, marcadas continuamente por la marginalidad de las poblaciones” (Jaramillo, 2006).
Muchas veces las comunidades han planteado la necesidad de entender que “reubicarse” no significa llanamente “asentarse en un lugar” bajo unas garantías estatales (seguridad, estabilidad socioeconómica o de otros derechos), sino que es un proceso conducente a comprender que el reasentamiento significa examinar las propias lógicas y sentidos que constituyen las maneras de estar en un lugar. Por lo anterior, el debate se teje entre una institucionalidad, según análisis de la codirectora del Brookings Institute, Elizabeth Ferris, y que no presta atención a la reubicación efectiva por “dar la impresión de que hay muchos desplazados” (Gutiérrez, 2013) y desde el ángulo de las comunidades que ven la reubicación como la posibilidad de reconstruir su vida por medio de nuevas “prácticas espaciales de reterritorialización, es decir, de nuevas vinculaciones con el territorio que permiten nuevas definiciones de sus límites, su acceso, formas y posibilidades de su uso y su control” (Torres, 2016), todas ellas encaminadas a posibilitar sentimientos de arraigo, no obstante la castración producida por la confrontación armada.
Es de aclarar que el arraigo, como fenómeno espacio-socio-cultural, es el modo en el que el habitante se vincula a un espacio (Acebo Ibáñez, 1996); dicha relación, constituida antes, durante o después del desplazamiento con el entorno habitado, llevará a que las personas reubicadas busquen desarrollar procesos de re-territorialización encaminados a reconstruir, en términos de Oslender (2008), las relaciones que el conflicto fragmentó. Sin embargo, dichos procesos de reconstrucción deben comprender que el espacio social abordado por las personas reubicadas no es el mismo que ha sido dejado atrás: las comunidades de origen, o los nuevos habitantes que han llegado allí por diferentes circunstancias, configuraron, reconfiguraron o desaparecieron prácticas sociales construidas con la naturaleza, las personas o, inclusive, con las instituciones de diverso orden en el territorio.
Dichas transformaciones a las que se enfrentan quienes se reubican son muchas veces incomprensibles ya que ven limitadas sus expectativas respecto al proceso de re-territorialización al no poder construir sus vínculos con el territorio, tal y como se daban en su lugar de origen antes de la violencia sufrida. Paralelamente, quienes se encuentran asentados puede ver en los recién llegados una amenaza a sus relaciones sociales ya constituidas. Estas dos posiciones representan una disputa territorial, acorde a lo señalado por Fernandes (2012), quien indica que “la disputa territorial se produce de dos maneras: por la des-territorialización o por el control de las formas de uso y acceso a los territorios, es decir, tratando de controlar sus territorialidades.”
Dicha disputa genera relaciones de conflictividad que se explican, bajo el mismo análisis de Fernandes (2012), “(...) por la complejidad de las relaciones sociales, que construidas de formas diversas y contradictorias producen espacios y territorios heterogéneos” (p. 2); si bien el conflicto armado atravesó los territorios, son las relaciones reconstruidas en su interior las que dan paso a relaciones de exclusión y discriminación, o de equidad y solidaridad, frente a las cuales la población reubicada deberá enfrentarse.
Sin embargo, es de aclarar que la incertidumbre que siente tanto el que se reubica como quien está asentado, frente a la aparición del otro, puede ser mediada por relaciones de encuentro que faciliten el reconocimiento del otro en la diversidad de condiciones y así contribuyan a la configuración del arraigo. Por ello, frente a las situaciones particulares vividas por la población en situación de desplazamiento, es necesario analizar los procesos de re-territorialización desarrollados por todas aquellas personas reubicadas en un contexto urbano para de esta manera comprender los nuevos conflictos allí generados y evitar que las diferentes partes vuelvan a encontrarse en una situación de confrontación directa que menoscabaría, como ya fue dicho, todos los aspectos de la vida social.