El avance de la ciencia y las aplicaciones tecnológicas así como las inestabilidades producto de crisis financieras globales constituyen factores de cambio de nuestra época, que se traducen en proyectos de poder en áreas de dominación global, interactúan con los mercados de la economía real y los flujos de capital que se desplazan en el mundo. Estos factores de cambio prevalecen sobre los bienes de uso y por tanto el bienestar inmediato de la población. Ponen en peligro el hábitat de la humanidad y la continuidad misma de la especie humana. Por eso el gran interrogante del siglo XXI es la compatibilidad de un sistema social y político con los modos de crecimiento de la economía, y la vulneración permanente de los Bienes Públicos básicos. Esta es la apuesta a la que se enfrenta el modo de desarrollo del capitalismo financiero de este siglo. La necesaria búsqueda de una alternativa es evidente.
Los Bienes Públicos evocan dos grandes temas del siglo XXI: el calentamiento global y el envejecimiento de la población en el mundo. Desconocerlos pone en riesgo la continuidad de la humanidad. Este libro asocia ambos temas a las tendencias de la economía global. Los antecedentes son claros. En el IV Congreso del Futuro celebrado en Santiago de Chile (enero 2015) se planteó que la humanidad no sobreviviría si se superara el umbral de 450 ppm2 en el 2050. Se subrayaba una meta ambiciosa para asegurar la sobrevivencia. Bajo una hipótesis de crecimiento del PIB per cápita del 2 % y una población estimada de 9000 millones de habitantes, la intensidad de carbono debería ser cercana a cero. Meta difícil de alcanzar teniendo en cuenta la falta de compromiso con los acuerdos internacionales en las últimas décadas. Es más, se hacía hincapié en la imperiosa necesidad de abandonar la civilización del petróleo y pasar a una era poscarbónica.
El cambio climático y la demografía del mercado laboral no son temas puramente económicos. En la interpretación de las medidas adoptadas, podría argumentarse que a nivel de los Estados no se ha hecho lo suficiente. Podría agregarse que las medidas adoptadas han apuntado a una dirección equivocada. Cabe una tercera alternativa: aceptar que los Gobiernos y el sector corporativo se han negado conscientemente a asumir las inversiones necesarias para evitar los costos del cambio climático y la contaminación. En nuestra percepción este no-compromiso o evasión de costos necesarios ha significado una ganancia virtual incalculable o Cuasi-renta para los sectores dominantes de la sociedad. Es la contrapartida de externalidades negativas, es decir, no asumidas. Son Bienes Públicos cuya existencia el mercado ignora. Tenemos que reconocer que la carencia de regulaciones efectivas es manifiesta, lo que atañe a una cuestión de poder.
Los Bienes Públicos aluden a situaciones donde se asume el beneficio de todos: no se puede evitar que quienes no pagan por el bien no disfruten igualmente de sus beneficios (free riders), se dice por tanto que son no excusables. Si el goce de ese bien por una persona se da sin costos para otros decimos que el Bien Público es no contencioso. Existe en todos los casos el reconocimiento de un derecho social en el Bien Público que se reclama. Si esto no es reconocido por el mercado representa (en la jerga de los economistas) una falla de mercado. Sus efectos, en ausencia de la intervención de las autoridades de gobierno o sectores corporativos, se miden en externalidades, sean estas positivas o negativas. Esto significa que se trata de una situación en la que no se reconoce una suma cero entre ambas externalidades; ambas se dan independientemente de la otra, con lo cual externalidades negativas pueden surgir en un proceso donde se desarrollan externalidades positivas.
Cuasi-renta y salario social. Las fallas de mercado se expresan en una Cuasi-renta que se agrega a la ganancia obtenida en el mercado. Esa ganancia, por así decir virtual, puesto que no aparece en ninguna contabilidad de empresas, debería ser tributable, para que el Estado, a través de impuestos y regulaciones, recupere los Bienes Públicos, y que estos sirvan de base a un salario social de los trabajadores; salario en el que se asumen gastos indispensables en educación, salud y vivienda social.
El salario fijado por el mercado hace caso omiso de lo que el trabajador, o el Estado, invirtieron en la formación por la que se le contrata. Por eso aquí nos referimos a un salario social: aquel que toma en cuenta los Bienes Públicos que entraron en la formación del trabajador. La valorización social del trabajo no es aquella que consagra el mercado,
la que no asegura su reproducción. La regulación necesaria para incorporar los Bienes Públicos mencionados a la remuneración de los trabajadores es parte de un proyecto político, pues reconocer la legitimidad social del salario implica asignarle el carácter de factor de distribución del ingreso.
Un ejemplo basta para entenderlo. La cuarta revolución industrial del siglo XXI ha implicado una revolución en los tiempos del trabajo, su reducción y la incertidumbre que acarrea en las organizaciones de los trabajadores. Este fenómeno ha profundizado la desigualdad en los ingresos, así como un desempleo creciente. Las lagunas salariales impiden asegurar fondos de pensiones según las reglas de la capitalización individual y por tanto tasas de reemplazo mínimas. Una esperanza de vida mayor agrava las consecuencias del envejecimiento de la población, sobre todo cuando la población joven retarda su entrada al mercado laboral. Por eso, resolver pensiones justas y viables retrotrae el problema al empleo, las remuneraciones que se pagan y la administración regulada de los fondos de pensiones, eliminando las comisiones a todo evento. En el ejemplo dado, el salario social como objetivo asegura la reproducción social del trabajador. Deviene así un regulador de los costos asociados al trabajo y que actualmente se ignoran. Es por lo tanto un factor de distribución del ingreso.
