La corrupción es una conducta que, dada la mediata experiencia, se asocia generalmente a la política o, más bien, a quién la ejerce, a saber, el político. La diseminada desconfianza y el acérrimo recelo de la sociedad civil hacia sus representantes políticos es producto de una cadena de acontecimientos deshonrosos y desleales, teniendo como reacción colectiva una demanda que, casi al unisono, retumba en las declaraciones de la opinión pública: —Debería darles vergüenza. Es así como, frente a esta demanda de la sociedad civil, es necesario replantear el rol de la emociones morales de cara a los escenarios políticos; la vergüenza y la culpa como emociones morales, en principio indeseables, son sentimientos que pueden orientar el juicio moral y, en consecuencia, la acción política y pública. Es decir, si se promueve el sentimiento de vergüenza entre los servidores públicos, no como un acto de humillación o castigo hacia sus innobles conductas, sino como una anticipación a la misma acción inmoral, se podría consolidar la conjetura de que la educación emocional es base de la educación moral que, desde las virtudes o las formalidades de las teorías éticas clásicas pretenden orientar el juicio y fortalecer el carácter de los hombres. La relevancia moral de la vergüenza hace pompa cuando esta emoción es demandada por la ciudadanía, por aquellos que, frente a los actos innobles de los servidores públicos, exigen que los responsables de desfalcos, malversación, peculado —en una sóla palabra: corrupción— se avergüencen de sus acciones, de su descaro y su falta de profesionalismo.
En las sociedades actuales la cuestión por la corrupción se hace emergente a partir de los atropellos cometidos a las promesas políticas de cambio, o de mejora en la calidad de vida de la sociedad civil. Los ciudadanos, independientemente de sus afiliaciones o de sus creencias, asocian de manera casi inmediata la categoría de corrupción a la política, a los políticos y a los funcionarios públicos, sin detenerse a pensar en qué es la corrupción y si esta es una característica única y estrictamente de la política. Los ciudadanos atribuyen una carencia de honestidad y falta de transparencia a los procesos políticos de las democracias, ello implica que la sociedad civil supone la existencia de un deber ser moral del político, o unos valores y principios mínimos que estos deben cumplir y respetar, lo cual no hacen, y si lo hacen no es suficiente para despejar las dudas e imputaciones que se hacen a su labor (Villoria, 2005, p. 142, 143). Es usual pensar la palabra corrupto como un adjetivo que con facilidad recae sobre un senador, un alcalde, un gobernador o un presidente, sin excluir a los cargos intermedios entre estos, es decir, otros funcionarios políticos o de dirección pública. No obstante, para que este apelativo salga de del campo de lo político es necesario pensar en un caso muy particular, por ejemplo: aquel civil que soborna a un agente de tránsito para evitar una sanción; o la persona que deliberadamente omite los protocolos de contratación en una empresa para asignar un puesto laboral a un familiar o conocido.
Así, corrupción, en un contexto público, se entiende como aquellas acciones que violan una norma o principio con el fin de satisfacer, de manera solapada, secreta o en complicidad, intereses particulares, evitando el conducto regular y protocolario de una situación determinada. Las acciones corruptas, siempre son deliberadas e intencionales, pues se hace una instrumentalización de la razón con el fin de llevar acabo un curso de acción, del que se sabe no es el más moral, teniendo la idea de que las consecuencias previstas no van surgir efecto en un escenario real.
Frente a la los actos inmorales se genera emergencia de la ética, así, frente a la corrupción se añora la participación de la llamada ética pública. Esta especificación advierte una diferencia o novedad con respecto a la ética general, lo cual resulta inocuo, la ética pública es, sin más, ética práctica ejecutada en un contexto específico como lo político. Lo que pretende la ética pública es el incentivar la apropiación responsable de los bienes públicos y los intereses comunes, es decir, que el funcionario público asuma con responsabilidad el poder que se le ha delegado por medio de la posesión política, como también el direccionar el pensamiento y las emociones hacia el bien común generando un cambio en el modo de pensar y actuar de un individuo con relación a los bienes comunes.
Los ciudadanos constantemente realizan demandas y exigencias de bienestar a los gobernantes, las cuales en épocas de campaña son escuchadas y hasta resueltas en una imaginaria ilusión, pero, a pesar de lo elucubrado y lo especulado en los tiempos de consuelo estas no son satisfechas, o mediante políticas de estado y desarrollo son cambiadas haciendo que no todo lo acordado se lleve a cabo. Muchas veces estas políticas hacen que los ciudadanos se vean sometidos a leyes, decretos y normas que no esperaban, en consecuencia, y sin atender a los fines de estas, sino, por el contrario, de manera afanosa e impulsiva critican sin mayor argumento –que el de la interrupción de su comodidad– la decisión tomada por sus representantes políticos, así esta sea la mejor para el desarrollo cívico, pues la mayoría de medidas normativas causan malestar en el vivir cotidiano del ciudadano. Pensemos en qué imparto tendría en la sociedad civil, en el ciudadano de a pie, sancionar económica o penitenciariamente el saltarse una fila en una institución bancaria, bien sea porque la persona deliberadamente tomó la decisión, o porque se encontró un conocido en la fila el cual iba unos lugares más adelante y lo dejó pasar, o porque el cajero –en un exceso de sus funciones– insistió en que el ciudadano pasara, aunque no haya hecho la fila. Supongamos que estos dos últimos casos sean tipificados como tráfico de influencias, es decir corrupción. En primera instancia la medida sería aplaudida por muchos, sin embargo, cuando esta se haga efectiva y comiencen los reclamos a la norma, bien sea porque es un atropello, o porque está sobre estimado el ‘inocente’ acto de saltarse la fila y no debe ser imputado como corrupción, o simplemente porque la medida interfiere con un modo cultural que se ha normalizado y en ocasiones pasa por desapercibido; el ciudadano entenderá que –guardando las proporciones– la corrupción no es un asunto exclusivamente político, y que en la cotidianidad se realizan acciones que buscan omitir ciertos protocolos en aras de simplificar los procesos y beneficiar a unos pocos frente a la norma y su debido cumplimiento. Los cambios estructurales, mediante normas, en la formar de pensar el cómo se debe entender lo público, las instituciones y el bien cívico, es decir, las nuevas moralidades, aunque sean buenas, se dan en tensión, pues los cambios de y las fluctuantes valoraciones se dan sobre la base lo establecido, lo usual, o sea, una tradición.
El cultural rechazo a los representantes políticos, y sus formas de organización como lo son los partidos políticos, no es en vano ya que se escuda en diversos factores y acontecimientos repetitivos a lo largo de las democracias, algunas de las acciones más recurrentes son: 1) la falta de congruencia entre los discursos, las promesas hechas en estos y los incumplimientos reflejados en los hechos posteriores al empoderamiento político; 2) las faltas que cometen los representantes políticos para con sus propios partidos o colegas; 3) propender abiertamente por intereses particulares, bien sea de sus allegados profesionales, familiares o por ellos mismos; 4) asumir una moral provisional a la hora de juzgar casos de corrupción ajenos a su intervención; 5) estar relacionados a escándalos de malversación de fondos o influencias, como también omitir los actos irregulares en procesos de su competencia; y, por último, entre más razones 6) hacer, a partir de banalidades, que los escenarios políticos parezcan un evento de entretenimiento social. Estos factores son causa del rechazo y lo cual tiene como efecto la abstinencia electoral frente a la desesperanza (Sánchez, 2007 p. 19). Puede que no todos los factores por los cuales es rechazado de manera abierta el poder político se reduzcan a la categoría de corrupción, sin embargo, son las acciones corruptas las que debilitan y denigran el concepto en el cual se debería tener a la democracia, es decir, como un sistema de participación política representativa, que vela por los intereses de la sociedad civil y ejecuta las decisiones tomadas mediante el voto de la mayoría de la mejor manera procurando el bienestar de la sociedad. Los constantes incumplimientos por parte de los gobernantes a los gobernados y la normalización de la corrupción como la forma de hacer las cosas en política se traducen en desconfianza, tanto de las figuras que representan el poder político, como de lo que hacen e implementan como ‘bueno’ para la sociedad. Así, se abre la brecha entre la sociedad civil y los representantes políticos, perdiendo de vista los motivos iniciales por los cuales se hace la sesión de poder político, o como lo entendió Hobbes (1588-1689), quien consideró que el hombre es movido por tres razones primarias: querer ser libre, querer ser ambicioso y temer a la muerte; es por ellas que se obliga a pactar con sus semejantes y delegar el poder político en el Estado o Leviatán, un aparato creado por los hombres para conseguir la paz y la autoconservación (Espinosa, 2015, p. 154).

[...] El presente texto se presenta de manera introductorio a la ponencia completa.