Las políticas de divulgación de la ciencia encuentran en sus fundamentos una determinada visión sobre la relación entre ciencia y sociedad. Desde la pregunta de cómo estos programas contribuyen a una concepción democrática de la ciencia y la política científica, interesa identificar los instrumentos mediante los cuales la actividad científica asume compromisos sociales y se habilitan procesos colaborativos de creación de conocimientos que valoran tanto el saber “experto” como el saber tradicional y local. Interesa entonces analizar cómo los programas han sido capaces de movilizar diferentes tipos de públicos objetivos y lograr su participación, no solo en las actividades, sino también - idealmente - en el diseño mismo de las políticas.
En relación a la divulgación de la ciencia, en América Latina, estas iniciativas comenzaron a aparecer dispersamente en los años setenta a raíz el propio empuje de científicos preocupados por lograr un mayor interés de la sociedad en la ciencia y así, en parte, legitimar el gasto público en su actividad. Posteriormente, organismos multilaterales e instituciones han logrado ir posicionando cada vez más el tema en la agenda de los gobiernos.
La Red de Popularización de la Ciencia y Tecnología (Red-Pop), por ejemplo, fue creada por UNESCO en 1990 con el fin de propiciar el intercambio de experiencias e información relacionadas con la popularización de las actividades científicas y tecnológicas. El objetivo general de esta organización, en sus estatutos, es el de “contribuir al fortalecimiento, el intercambio y la cooperación activa entre los centros y programas de popularización de la ciencia y de la tecnología en América Latina y el Caribe”, y contiene objetivos específicos similares a los que han caracterizado también el trabajo de otros organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (Navas y Maradino, 2009a).
En cuanto a los esfuerzos nacionales, en general, las iniciativas de los gobiernos se han manifestado por medio de acciones particulares y dispersas que difieren de un país a otro. Hoy en día, cada uno de los gobiernos de la región impulsa acciones de diversa naturaleza que van desde simples declaraciones de intención, hasta la ejecución continuada de programas nacionales consolidados que, a la fecha, han logrado articular diversos actores sociales mediante una gama de instrumentos.
La movilización (en términos de Cobb, Ross & Ross, 1976) emprendida por los gobiernos al incluir en sus agendas políticas temas como la democratización de la ciencia, nos remite a un cambio en el papel del Estado que asume, al legitimar estas áreas, un nuevo contrato social entre ciencia y sociedad (Navas y Maradino, 2009b). Este cambio en el rol del Estado ha sido analizado en el marco de dos modelos: el modelo del déficit y el modelo democrático (Delgado, A, 2010).
El modelo deficitario, presenta al mundo científico como uno regido por ciertos mitos naturalizados (Sarewitz, 1996) que -según recientes estadísticas sobre la percepción social de la ciencia- aun hoy calan el sentido común de cómo concebimos la ciencia y la tecnología. Las creencias en que la voz racional y prestigiosa de la ciencia ha de ser la última palabra frente a toda disputa política y en que la libre investigación es el mejor camino para impulsar la producción de conocimientos en beneficio de la sociedad, son algunos ejemplos de este tipo de mitos. En definitiva, con este modelo, la ciencia se logró mostrar como un cuerpo de conocimientos certero, neutral y seguro sobre el mundo, al que sólo tienen acceso unos pocos, también llamados expertos. En consecuencia, habilita la presuposición de que muchos de problemas sociales se deben a la ignorancia de un público al cual se debe alfabetizar en estos campos de actividad para su eventual aceptación y valoración.
Por el contrario, el modelo democrático, que nace a fines de los años ochenta, surge con el objeto de restaurar la confianza pública y la legitimidad sobre la actividad científica y tecnológica. Este modelo apunta a promover el diálogo público entre los diferentes actores involucrados, reconociendo que los sectores no científicos tienen también conocimientos y experticias que pueden entrar en diálogo con el conocimiento científico para la solución de problemas. En este sentido, el modelo corre el énfasis de la actividad científica hacia la identificación de necesidades sociales y, por tanto, tiende a fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos tecno-científicos (Daza-Caicedo et al., 2016).
El modelo democrático comenzó a tener particular presencia en Latinoamérica con las políticas y actividades relacionadas al concepto de popularización de la ciencia y la tecnología. Políticas que, a su vez, guardan íntima relación con los contextos sociopolíticos de cada país. Crucial es, por ejemplo, no perder de vista cuándo la ciencia y la tecnología se vuelve materia de política de Estado con la creación de los respectivos ministerios, así como también cuestionarse si acaso esta agenda guarda relación con la oleada de gobiernos de ideología “nacional y popular” que caracterizó la primera década del siglo XXI y en qué situación nos encontramos hoy.
La distinción entre estos modelos marca la tensión existente en las formas de conceptualizar la relación ciencia-sociedad, donde unas veces se transmite la imagen de ciencia como cuerpo cerrado y certero, y en otras como una opción más de producción de conocimiento cargada de ideología, susceptible de crítica y negociación con la comunidad.
Todo lo anterior nos conduce al objeto de la presente investigación, la cual ofrece un análisis en perspectiva comparada de los programas de divulgación y democratización de la ciencia vigentes en Argentina y Chile. Respectivamente, los casos seleccionados son: el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación (inaugurado como tal en 2013) y el Programa Explora (en ejecución desde el 2000). Los programas se caracterizan por ser de carácter nacional y dependientes del Estado. En el caso chileno, el Programa Explora depende de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), que a su vez depende del Ministerio de Educación. En el caso argentino, el Programa Nacional de Popularización de la Ciencia y la Innovación depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del país. Estos programas fueron elegidos en tanto se erigen hoy como la política pública, a nivel nacional, más importante en lo relativo a la divulgación científica. Si bien poseen trayectorias muy disímiles, en cuanto a años de implementación y el contexto sociopolítico que los sostiene, ambos programas presentan grados de solidez discursiva y consolidación institucional que los convierte en analíticamente relevantes para el campo estudios a nivel regional.
El objetivo central consiste en describir y comparar cómo se incluye la participación pública en los diferentes instrumentos que comprende cada programa de divulgación. Para ello, se aplicará sobre las fuentes primarias la técnica de análisis de discurso con foco en los criterios propuestos por M. Lozano (2005), identificando: en primer lugar, los mecanismos mediante los cuales se habilita la participación; segundo, a qué sectores del público interpelan los instrumentos; y tercero, en qué campos temáticos suele promoverse la participación del público. Al mismo tiempo, este análisis permitirá reflexionar acerca del modelo de divulgación y el tipo de contrato sobre la ciencia que representa cada programa.
El análisis de las formas de enunciación de la política científica (la política explícita) nos mostrará la emergencia de diferentes “públicos objetivos”, sean agentes del sector empresarial, oficiales públicos, universidades, las “masas” o sectores positivamente discriminados, entre tantos posibles.
En cuanto al análisis de la política implícita, esto es, la materialización de la política explícita mediante la ejecución y realización de actividades concretas, nos permitirá identificar las actividades implementadas por cada programa y su clasificación dentro de los tipos de espacios de encuentro entre la ciencia y sus públicos (Felt, 2003): espacios explícitamente dedicados a la comunicación de la ciencia; espacios de producción y difusión de conocimiento científico; espacios de difusión de la política; espacios de actores híbridos; espacios donde el público encuentra experiencia profesional.
La estrategia metodológica será de tipo cualitativa basada en la exploración documental de fuentes primarias y secundarias, abarcando desde documentos oficiales (actas, bases y convocatorias), hasta estudios, reportes y evaluaciones recientes que se hayan realizado sobre la materia.
La bibliografía en el tema refiere a los modelos de comunicación pública de la ciencia, sus estrategias de democratización y, en un sentido más amplio, sobre los tipos de contrato que se establecen sobre la ciencia (atendiendo a los qué, cómo, para qué y por qué de la ciencia). En este sentido, se recuperarán los planteos de diversos autores como Miller (2001), P. Fayard (2003), B. Lewenstein (2003), U. Felt (2003), L. Olivé (2003), Irwin y Michael (2003), M. Lozano (2005), Navas y Maradino (2009), A. Delgado (2010), J. Naidorf (2015), F. Vasen (2015), I. Monfredini (2015), P. Kreimer (2015), Cortasa (2016), Daza-Caicedo et al. (2016), entre otros.
