INTRODUCCIÓN
Para solucionar la crisis económica brasileña, agravada desde 2015, el equipo financiero del presidente Temer, propuso medidas de austeridad. En ese contexto, la Enmienda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016) se propuso como alternativa para reducir el endeudamiento público y estancar el déficit de gastos de la Unión. Por otra parte, dicha iniciativa reúne cuestionamientos al mermar la implementación de servicios públicos básicos al congelar gastos en áreas estratégicas.
El problema central de esta investigación es la relación entre opción fiscal del gobierno Temer y los gastos mínimos en derechos sociales y la realización de los principios fundamentales instituidos en la Constitución de 1988 como forma de superación del subdesarrollo.
Las preguntas guías son: ¿El Nuevo Régimen Fiscal (NFR) es una alternativa que respeta la Carta de 1988? ¿Cuáles son los impactos que puede causar en relación al pacto social instituido constitucionalmente? ¿Esta medida se condice con una propuesta de superación del subdesarrollo brasileño?
El estudio utiliza revisión bibliográfica en dos sentidos. El primero de ellos es la demarcación del significado de subdesarrollo, utilizando la construcción emprendida por Celso Furtado y por estudios de la CEPAL. En seguida, procuramos investigar más profundamente la EC 95/2016 a fin de averiguar cuales consecuencias podría traer al actual régimen democrático y a la formación ciudadana de Brasil.
La primera parte, al mostrar en qué sentido utilizamos el concepto subdesarrollo, verifica cuales factores llevan a Brasil a permanecer en éste. También procura destacar que el subdesarrollo, como una situación específica, se relaciona no sólo con variables económicas sino también sociales, y por esto se hace necesario enfrentarlo con medidas que abarquen ambas áreas.
El segundo capítulo busca describir la alternativa del gobierno del presidente Temer para contener la crisis fiscal. También describimos la Enmienda nº 95 trayendo a la luz sus principales contenidos y propósitos. Allí investigamos las motivaciones que llevaron al equipo económico del gobierno a optar por esa alternativa, después de eso contrastaremos tales motivaciones con otros argumentos problematizando el discurso de ‘alternativa única’ que carga la idea de austeridad.
Finalmente, concluimos que el NRF supone un retroceso en el crecimiento del gasto público, consecuentemente se produce la ruptura de los pactos sociales instituidos constitucionalmente. Así, no obstante, esta enmienda tenga aparentemente pasado por todos los procedimientos jurídicos exigibles para su validez acaba destruyendo el propio contenido constitucional.

PROPUESTA DEL CAP. 1 – LA CONSTITUCIÓN Y LA DESIGUALDAD EN BRASIL
De acuerdo con la Constitución vigente de la República Federativa do Brasil (CRFB/1988) uno de los objetivos fundamentales de la nación es erradicar la pobreza y la marginalidad a través de medidas asociadas a la reducción de las desigualdades sociales y regionales. La norma está descrita en el artículo 3°, inciso III de la Carta no está allí casualmente. Entre 1988 y 1989, Brasil encabezaba el ranking de desigualdad en el mundo. En el contexto nacional, los indicadores mostraban que la renta del 10% más rico era 30 veces mayor que el del 40% más pobre de la población.
En 1988, considerando el nuevo escenario político, se esperaba de los nuevos gobiernos un desarrollo económico impulsado por métodos que considerasen formas de reducir la pobreza. Esa demanda puede ser mejor observada al considerar que el capítulo constitucional que prescribe los principios generales de la actividad económica, describe que el orden económico tiene por finalidad asegurar a toda la existencia digna conforme los dictámenes de la justicia social. Efectivamente, las estrategias de desarrollo económicas impulsadas por los gobiernos precisan considerar el estado del subdesarrollo brasilero y su superación.
Por eso, este capítulo tiene la función de (i) delimitar conceptualmente lo que significa subdesarrollo, (ii) cuales son los aspectos que forman parte de esa clasificación (iii) cual es la relación entre desigualdad social, pobreza y subdesarrollo y (iv) cual es la conexión entre subdesarrollo y el Brasil actual.

PROPUESTA DEL CAPÍTULO 2: SUBDESARROLLO, DESIGUALDAD Y AUSTERIDAD
La redemocratización brasileña exigió un pacto constitucional en torno de medidas que dieran énfasis a un desarrollo económico sustentable, inclusivo, anclado en los derechos fundamentales, y el texto constitucional, recibió los influjos dinámicos de las demandas sociales canalizadas por medio de las audiencias públicas abiertas en las subcomisiones. En tal sentido uno de los legados del proceso constituyente fue la inclusión de diversos sectores, articulados con propósitos económicos de matriz capitalista liberal. La actual coyuntura económica y política del país, pone a prueba la consistencia y autonomía constitucional, de esto que preservar el formato de la Constitución aparezca como desafío, en la medida que el sistema jurídico es atacado reiteradamente por el sistema del ‘dinero-en-estado-puro’.
La aprobación de la Enmienda Constitucional n° 95, instituye un nuevo régimen fiscal y delimita por los próximos 20 años los gastos de las dispensas de la Unión. Así, el gasto de cada año fiscal no podrá pasar lo establecido al año anterior más la actualización del Índice de Precio al Consumidor Ampliado (IPCA), que es la inflación. Según el equipo financiero del presidente Temer, esta medida es drástica y necesaria para contener el avance de la deuda pública y el déficit generado por el desequilibro de las cuentas públicas (diferencia entre aumento de las dispensas y la caída brusca de la recaudación).
Este capítulo procura (i) mapear la trayectoria recorrida durante el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) liderados entre 2003-2011 por Luiz Inácio Lula da Silva y entre 2012-2016 por Dilma Rousseff hasta llegar a la coalición entre PMDB, Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM) conducido por Michel Temer (2016); (ii) Analizar la Enmienda Constitucional 95 como instrumento fiscal y a partir de ahí interpretar cual es la filosofía política que le da base; (iii) Verificar cuales son las consecuencias de la implementación de esas reglas para el sistema constitucional actual; y, por último, (iv) averiguar se ese es un medio eficaz para superar el subdesarrollo, considerando lo antes expuesto, especialmente relacionado con las inversiones en educación.

CONCLUSIÓN
Medidas como la Enmienda Constitucional 95/2016 parecen redimensionar el pacto social que se estableció con la Constitución del 88’. Su vigencia corroe la reproducción de otras cláusulas constitucionales. En una dimensión más superficial, se podría decir que ese giro en la economía y la política busca frenar cambios en el formato de gasto público y social. No obstante, los efectos deben ser vistos de forma profunda. El tope de gastos contraría los principios fundamentales y los objetivos contendidos en la Carta, impide, en la esfera política-pública, que la propia Constitución se concretice, revirtiendo las conquistas recientes en materia de desigualdad. Estudios muestran que hay situaciones donde enmiendas constitucionales algunas veces ignoran las características fundamentales de la Constitución de un país. No obstante, esas normas son virtualmente legitimas (procedimentalmente), alteran la identidad y valores que sustentan la Carta. Los dispositivos son denominados como desmembramiento constitucional y, como fenómeno, ha sido frecuente en varias partes del globo.
Uno de los argumentos utilizados para el cambio en los gastos en educación y salud es que, sin flexibilización, la EC 95/2016 perdería parte de sus objetivos, además de eso, la presión financiera de dichas áreas comprometería el funcionamiento de otros sectores importantes. El equipo económico también defiende que, desde que se respeten los límites, educación y salud podrán ser contempladas en mayor volumen de recursos, caso el parlamento lo defina así en el presupuesto público. Tal afirmación merece una reflexión sobre la opción que el Estado Brasileño contempla en relación a la eliminación del subdesarrollo y consecuentemente de la pobreza y la desigualdad. La inversión en educación y en salud tiene enorme y positivo efecto multiplicador. En relación a la educación, la población brasileña, hoy en proceso de envejecimiento, vuelve la ciencia y tecnología fundamental para mantener la productividad. Sobre la salud, la mejoría de índices sanitarios eleva la longevidad de los ciudadanos y permite que se mantengan más tiempo en el mercado laboral, disminuyendo las tensiones que vengan a surgir de futuras reformas a la previsión. El debilitamiento de esos sectores compromete la participación democrática al alimentar la formación de ciudadanos subintegrados y en sentido amplio, fomenta la desconfianza en el sistema democrático.
La EC 95/2016 compromete seriamente, ante las alteraciones demográficas naturales y esperadas, una ampliación real de la ciudadanía. Más aún, la posibilidad de Brasil salir del estado de subdesarrollo y la vigencia del pacto constitucional. El nuevo régimen fiscal parece ir en dirección opuesta al enfrentamiento de los niveles de desigualdad, pues impone un congelamiento en las áreas estratégicas para la matriz de desarrollo brasileña, tanto en el campo económico como social. Fenómeno que precisa ser cuestionado ya que, de acuerdo con lo aquí expuesto, los problemas fiscales no demandan sólo salidas que distorsionen el Estado de Derecho, pues existen otras alternativas constitucionalmente viables y adecuadas. Repensar la forma tributaria y orientarla al alivio de los más pobres, instituyendo mecanismos de redistribución de renta, también se muestra como un camino promisor e inexplorado por el gobierno en vigor en sus medidas de austeridad.