La presencia de cultivos de uso ilícito se ha convertido en una problemática central para las agendas políticas y de seguridad de los países a nivel mundial. El enfoque de sus agendas ha estado determinada por la relación desigual existente entre el norte-sur global, centrándose en la penalización de los cultivadores de los países productores. Es por esto que la perspectiva prohibicionista es la que ha imperado en la concepción, manejo y planeación de las políticas públicas de control de drogas. Sin embargo, varios de los cultivos ahora considerados de uso ilícito, anteceden al periodo colonial, donde eran cultivados y consumidos como complemento esencial de su dieta. Los usos de estos cultivos fueron transformándose a lo largo del tiempo y tuvieron su giro central a mediados del siglo XX, cuando empezaron a ser transformados químicamente para la producción de drogas. Fue precisamente en este momento, en el que se prestó especial atención internacional a los países productores, entendidos por las instituciones internacionales, como responsables de la problemática.

El Plan Colombia fue el primer referente en latinoamérica, de una política planteada con apoyo internacional, que dirigió sus esfuerzos a la eliminación masiva de cultivos de uso ilícito en el territorio nacional. Pero de fondo, esta política también llevaba consigo la intención de eliminar a las organizaciones insurgentes teniendo en cuenta que era en estos territorios donde mayor control ejercían. Esto, implicó una profundización del conflicto armado en Colombia producto de la injerencia masiva de las fuerzas armadas estadounidenses y la militarización por parte del ejército nacional.

Aunque el Plan Colombia ha sido reconocido por los gobiernos de Colombia y Estados Unidos como un instrumento e iniciativa exitosa, es necesario evidenciar que ha generado múltiples consecuencias negativas para el país. Uno de los principales objetivos de este plan era la reducción de los cultivos de uso ilícito de coca, lo cual hasta el año 2014 demostró no cumplirse, dado que ese año, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los cultivos aumentaron. Además, en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud catalogó al glifosato -producto usado en la erradicación por aspersión- como un producto probablemente cancerígeno, generando riesgos en la salud a las personas de las comunidades cercanas a los mismos. Sumado a esto, el conflicto armado interno se agudizó durante los primeros ocho años del Plan, aumentando considerablemente el número de víctimas, desplazamientos forzados y ataques a defensores de derechos humanos.
A pesar del fracaso del Plan Colombia, la esparción de glifosato y la erradicación forzada a manos de fuerzas militares, se mantuvieron como política gubernamental. Sin embargo, las masivas denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de estas políticas y la permanencia de los cultivos, como modo de sustento de gran parte del campesinado colombiano, brindaron el escenario para que en las negociaciones de la Habana, entre la guerrilla de las FARC-EP y el gobierno Colombiano, este fuera un punto específico del Acuerdo Final de Paz. Es allí en donde se plantea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), como alternativa para afrontar esta problemática de la mano de la población cultivadora. No obstante, los conflictos derivados de la nueva política, han abierto otro capítulo de confrontación que tiene como centro la pobreza criminalizada y como víctima a los y las campesinas de estos territorios.

Ante el nuevo escenario de violencia, emerge la necesidad de analizar esta problemática con mayor profundidad. La presencia de cultivos de uso ilícito se ha explicado desde el abandono estatal, la vulnerabilidad, y las demás condiciones que facilitan el surgimiento de los mismos. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta que éstos factores obedecen a condiciones estructurales determinadas por la matriz de dominación de raza, clase, geografía, sexo, y que profundizan las condiciones de desigualdad y opresión. En este artículo nos concentramos en las categorías clase, geografía, raza y las posiciones políticas en oposición a la democracia liberal que consideramos son las que emergen con mayor notoriedad en la problemática de los cultivos de uso ilícito. Lo anterior, también nos permite realizar un análisis imbricado que resulta fundamental para entender desde una perspectiva crítica las políticas gubernamentales y con esto, hacer una crítica estructural a la construcción misma del Estado.

Como se ha venido planteando, el tratamiento estatal a los cultivos de uso ilícito en Colombia, ha estado dictado por políticas que dan prioridad a formas de destrucción de la vida, tal y como lo representa la fumigación con glifosato y la erradicación forzada. La permanencia de este tipo de enfoque sigue perpetuando una ola de violencia que se profundiza en el país, y que tiene como antecedente un conflicto armado y estructural que no ha podido superar; igualmente, tiene como base una configuración geográfica y territorial donde conceptos como la racialización y la criminalización tienen un protagonismo decisivo. Es Tumaco, Nariño, el municipio que mejor evidencia la problemática descrita y el carácter imbricado de la misma. En este lugar fronterizo de la región pacífica, donde el 88 % de la población es negra y donde para el año 2016, se encontraban el 39% de los cultivos de coca (UNODC, 2017), en lo corrido de los meses de implementación de los Acuerdos de Paz (2016) se ha profundizado exponencialmente la violencia. Aquí la militarización -más de 2000 efectivos- en vez de mitigar los asesinatos, y de brindar seguridad a la población, ha agudizado las violaciones y vulneraciones a los derechos humanos. Bajo esta militarización han ocurrido masacres, como la de octubre de 2017, y asesinatos selectivos a líderes, lideresas y personas que encabezan la sustitución de cultivos de uso ilícito. Sumado a esto, la erradicación forzada continúa haciendo que los cultivadores sientan que el Programa de Sustitución no se ha cumplido y que sus condiciones de vida se precarizan cada vez más.

Es bajo este contexto que proponemos un acercamiento a los cultivos de uso ilícito en Tumaco, partiendo de una pregunta y es ¿Cómo influye la criminalización y racialización de la pobreza y de los territorios en las políticas que prioriza el Estado para enfrentar los cultivos de uso ilícito? Porque tal como hemos planteado, los programas y las políticas ejecutadas por parte del Estado, parecieran alimentarse de unas dinámicas que lejos de aterrizar soluciones reales para la población de los territorios, profundiza las condiciones jerárquicas que permiten que se renueven ciclos de violencias. Es de esta manera, que consideramos importante plantear la necesidad de leer con una mirada menos represiva y más crítica el problema de los cultivos ilícitos.