Ante el alza de la demanda internacional de minerales y los requerimientos nacionales de algunos materiales estratégicos, gobiernos de países latinoamericanos ratifican a la minería como una de las actividades productivas con alto potencial económico, fundamentalmente en materia de inversiones extranjeras para su explotación. Sin embargo, al mismo tiempo en el Cono Sur y el Caribe, las tensiones y conflictos en torno al modelo extractivista son evidentes a partir de las resistencias populares al desarrollo de proyectos mineros en sus territorios y ecosistemas. Esta problemática cuenta con diversos antecedentes en Argentina: Esquel, Famatina, Veladero, Andalgalá, Mendoza entre otros, y demuestran las contradicciones existentes en los modelos de desarrollo que impulsan los gobiernos y empresas en relación a las expectativas populares.
Gran parte de las resistencias sociales a esta actividad proviene de la defensa a los recursos naturales-bienes comunes, entre estos el recurso hídrico, entendiendo que la promoción de la minería requiere de cuantiosas reservas de agua y genera severos impactos ambientales negativos.
La propuesta de este artículo es analizar aspectos de los conflictos socioambientales a la luz del caso de la resistencia al uranio en la ciudad de La Rioja, donde se manifiestan diferencias profundas ante los avances de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para la realización de estudios de prospección en la “Quebrada de Alipán”. Este asunto lleva años de pujas, movilización social, decisiones políticas y hasta la judicialización del caso. Fundamentalmente se propone analizar las resistencias sociales, las estrategias de los distintos actores que la componen (pobladores, gobiernos, CNEA, justicia) y el estado actual del asunto, poniendo en cuestión las políticas para el desarrollo nuclear en Argentina.
Desde esta perspectiva se propone cuestionar el extractivismo minero poniendo de relieve las contradicciones propias alrededor de esta actividad y el creciente rechazo por parte de los pobladores.
Durante la década de los 90s en América Latina diversos países con marcada riqueza de recursos naturales, realizaron reformas en sus legislaciones mineras con el objetivo de atraer y captar inversiones para el sector. Esta tendencia es observable de norte a sur de la región: México, Colombia, Perú (CEPAL, 2013: 9) pero también Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia entre otros casos. Las modificaciones introducidas en las leyes mineras de los países de la región fueron muy profundas, como en Argentina.
Estas reformas fueron además incentivadas por organismos como el Banco Mundial que desde 1988 brindó asistencia técnica a países de América Latina y otros (24), a partir de proyectos que asistieron a las reformas para esta actividad (World Bank, 2013) lo que generó un fuerte interés de los gobiernos que acompañaron este fortalecimiento a la minería desde un conjunto de políticas privatizadoras y desreguladoras de la economía.
Conforme al crecimiento de la minería en Latinoamérica, se fueron registrando una serie de conflictos socio-ambientales de diversos niveles, un decenio después de estas reformas. Los conflictos ambientales se presentan como “confrontaciones que ocurren en el espacio público, entre actores colectivos organizados, que mantienen diferentes percepciones, valores o perspectivas sobre el ambiente” (Gudynas, 2007:3).
Las tensiones y conflictos ponen de manifiesto las contradicciones sistémicas del capitalismo mediante la contraposición de intereses y proyecciones acerca de los modelos de desarrollo que proponen las empresas, gobiernos y las comunidades, donde las “alternativas al desarrollo apuntan a generar otros marcos conceptuales y otra organización económica. Es explorar otros ordenamientos sociales, económicos y políticos de lo que veníamos llamando desarrollo” (Gudynas, 2011: 42).
Desde este enfoque, coincidimos en observar, ser parte y analizar los conflictos y tensiones socio-ambientales desde la contribución de la Ecología Política, que según Left (2003):
La ecología política construye su campo de estudio y de acción en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales. Allí colindan, confluyen y se confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas: la economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología política, la antropología de las relaciones cultura-naturaleza, la ética política (p.18).
En la provincia de La Rioja-Argentina desde hace más de una década, gobiernos provinciales y nacionales buscaron promover el desarrollo minero a gran escala, pero no contaron con el consenso social para su efectividad, no obstante, la historia que liga este territorio a la minería se remonta a los pobladores anteriores a la conquista española, luego durante la invasión incaica y hasta la fundación por parte de Ramírez de Velasco, la que obedeció a la proyección del potencial minero (Bazán, 2017, 16).
En la actualidad sólo se desarrolla “con licencia social” la explotación de áridos y rocas de aplicación, pero “no hay licencia social” para la minería a cielo abierto, dentro de esta la uranífera.
Los conflictos socio-ambientales que se registran en América Latina ascienden a 2019 en 2017 según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL, 2017). Encabezan el listado de países con mayor cantidad de conflictos: México con 37, Colombia con 37 y Argentina con 27.
Estos son de diversas intensidades y se remiten a casos donde la resistencia a la minería no discrimina si se trata de minerales estratégicos o no, metalíferos o no metalíferos, si generan más o menos trabajo, la motivación común coincide con el rechazo a las actividades extractivas que degradan el ambiente, el agua y la vida.