Durante casi 70 años, Colombia ha estado involucrada en un conflicto armado. Sin embargo, hasta la década del 90 el Estado mencionó el conflicto armado en su legislación. Desde el comienzo de este proceso de reconocimiento legal, también se destacó la particular vulnerabilidad de las mujeres. Esta atención particular a las mujeres como objeto de intervención llevó a la construcción de una nueva categoría "mujeres víctimas del conflicto". El propósito de esta ponencia es examinar las luchas discursivas entre el Estado y las organizaciones de mujeres en este proceso. Responderé a la pregunta de: ¿Cómo se ha construido el concepto de "mujeres víctimas del conflicto" en Colombia?
La ponencia presenta los resultados de dos fuentes de análisis distintos. Por un lado, la legislación y políticas públicas para rastrear los cambios y definiciones de los conceptos de conflicto, víctimas y mujeres. Por otro lado, declaraciones públicas de organizaciones de mujeres a través de Twitter.
Conflicto
Una de las primeras reglamentaciones sobre el conflicto armado en Colombia es la Ley 387-97. En su título se menciona la violencia como causa del desplazamiento interno. Sin embargo, el primer artículo define a las personas desplazadas como quienes deben emigrar a causa de un "conflicto armado interno; disturbios y tensiones, violencia generalizada " (Art 1). Unos meses más tarde, la Ley 418-97 elimina la ambigüedad y menciona exclusivamente el conflicto armado interno en Colombia. Sin embargo, en 2005, la Ley 975-05 retoma el concepto de violencia para definir el "fenómeno" colombiano. Finalmente, la Ley 1448-11 retoma el concepto de conflicto armado interno en Colombia.
Los cambios en las categorías utilizadas por las leyes son evidencia de cómo comenzaron a definir y disputar el “significante” de lo que ha sucedido en el país en los últimos 60 años. La diferencia entre "violencia sistemática" y "conflicto armado interno" no es lingüística, sino política e ideológica, y resalta las diferentes perspectivas de dos gobiernos diferentes. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez enfocó el problema como una amenaza terrorista y criminal. Por otro lado, el gobierno de Juan Manuel Santos, lo abordó como un conflicto que reconoce a varios actores que luchan y que son parte activa del fenómeno.
Víctima
La primera definición de víctima del conflicto en las regulaciones colombianas se presenta en la Ley 418-97. Allí se especifica que una víctima es una persona de la sociedad civil y no se refiere a los actores que cometen acciones o daños contra tales víctimas. En contraste, la Ley 975-05 es muy clara al afirmar que los daños que convierten a una persona en víctima "deben ser consecuencia de acciones llevadas a cabo por grupos armados organizados al margen de la ley". Además, aclara que los miembros del ejército y la policía también pueden ser víctimas. Esta definición resulta en la exclusión de las víctimas de crímenes de Estado. Esta perspectiva está en línea con la afirmación hecha unos párrafos más arriba sobre la comprensión del contexto colombiano, no como un conflicto que involucra a varios actores, sino como una amenaza que atenta contra el Estado y la sociedad civil.
Finalmente, la definición más compleja y completa de víctima de conflicto se encuentra en la Ley 1448-11 que destaca los siguientes elementos. En primer lugar, las acciones del Estado se incluyen como posibles causas de daños a las víctimas. En segundo lugar, los miembros del ejército y la policía pueden ser víctimas. En tercer lugar, los miembros de grupos armados fuera de la ley solo pueden ser víctimas si se desmovilizaron de esas organizaciones cuando eran menores de edad.
Género y mujeres
La Ley 975-05 es la primera que se refiere específicamente a la desigualdad de género, sin embargo lo hace de la siguiente manera: "Se tomarán en cuenta todos los factores relevantes (para proteger a las víctimas) (...) la naturaleza del delito, particularmente cuando implica violencia sexual, irrespeto a la igualdad de género ... "(Art. 38). Esta afirmación supone que hay una situación de equidad que el conflicto armado perturba o "falta al respeto". Por lo tanto, niega las desigualdades estructurales de género.
En cuanto a la forma en que las mujeres están representadas en las normas y políticas, encontré dos cuestiones principales. Primero, las representaciones binarias de género se reproducen continuamente. Las mujeres son víctimas pasivas y esencialmente pacíficas. En la Ley 1448-11, por ejemplo, el art. 28 enumera los derechos de las víctimas y el único que es exclusivo para las mujeres es "vivir una vida libre de violencia". ¿Por qué los hombres no están incluidos? Quizás esto se deba a la idea de que son esencialmente violentos o de que las mujeres son las únicas víctimas de la violencia.
Twitter y las org. de mujeres víctimas
Decidí analizar los discursos de dos organizaciones de mujeres víctimas:
Rosa Blanca es un grupo de mujeres víctimas de reclutamiento forzado y violencia sexual por parte de grupos armados al margen de la ley, principalmente las FARC. MAFAPO es una asociación formada por las madres de jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Estado denominadas Falsos Positivos.
Según Reguillo, las víctimas se han convertido en los actores autorizados para narrar los hechos que las pusieron en dicha posición. La autoridad conferida por su experiencia directa hace que sus afirmaciones sean incuestionables. Beatriz Sarlo explica que el testimonio se ha convertido en una herramienta fundamental en las ciencias sociales (2006) -me gustaría agregar medios de comunicación y redes sociales-. El testimonio ha sido interpretado como una verdad irrefutable ya que se basa en la autenticidad y el carácter unívoco de la experiencia que se refleja en la narración.
La mayoría de las declaraciones de Rosa Blanca Organization y de la asociación MAFAPO se centran en su demanda de justicia y, las quejas sobre la impunidad en el juicio de sus agresores. En ambos casos, acusan al Estado por encubrir y proteger a los perpetradores. No se sienten totalmente reconocidos como víctimas porque sus casos no han sido escuchados y no han recibido verdad, justicia ni reparación. Sin embargo, las razones que le atribuyen a su invisibilización son muy diferentes. Esto puede explicarse, en parte, por su posicionalidad y las diferentes circunstancias que las convirtieron en víctimas.
Por un lado, MAFAPO considera que Uribe es el responsible directo por los crímenes en contra de sus hijos. Por otro lado, Rosa Blanca apoya la política de Uribe: solución militar contra la guerrilla. La asociación utiliza el mismo vocabulario que este político, en sus twits se refieren a los líderes de las FARC como narcoterroristas.
Santos ha sido una persona controvertida en el campo político. Era el Ministro de Defensa cuando el ejército desapareció y mató a jóvenes civiles. MAFAPO es víctima de estos crímenes, por lo que también lo culpan como jefe de las fuerzas armadas y han solicitado vincularlo con las investigaciones judiciales. Por el contrario, Rosa Blanca lo critica no por su desempeño como ministro, sino por sus decisiones como presidente. Santos decidió iniciar una conversación de paz con las FARC.
El principal desacuerdo entre el partido político de Uribe y la administración de Santos fue el proceso de paz. En este tema, Rosa Blanca y MAFAPO también difieren. MAFAPO considera que los Acuerdos de Paz con las FARC son un paso hacia la justicia y la verdad en sus casos. En oposición, el Colectivo Rosa Blanca critica los Acuerdos de Paz porque opinan que dejarán impunes los crímenes de los que fueron víctimas. Finalmente, durante las elecciones presidenciales de 2018, Rosa Blanca y MAFAPO manifestaron públicamente su afiliación política con los candidatos de derecha e izquierda, respectivamente.
En sus declaraciones a través de Twitter, estasorganizaciones han utilizado estrategias para legitimarse como las verdaderas víctimas del conflicto. Ellas utilizan discursos que refuerzan los estereotipos de género, para reafirmar su posición como mujeres víctimas. La disputa en el campo discursivo busca priorizar la posicionalidad de cada organización en función de la importancia y sacralidad de los roles que cada una representa, así como de su dolor y la crueldad de los perpetradores.
Aunque algunos de los miembros de MAFAPO son hermanos o padres de los desaparecidos, la asociación se llama Madres de falsos positivos para destacar el rol con el que quieren ser asociadas. Refuerzan este papel a través de declaraciones en fechas como el Día de la Madre y la Mujer. Explican que su trabajo busca evitar que las madres colombianas experimenten lo que han vivido. Además, muestran simpatía por el feminismo y la población LGBTI. Se refieren a los crímenes como "asesinatos a sangre fría" y "atrocidades" y reiteran que el dolor de perder un hijo es incomparable.
Rosa Blanca por lo general se refiere a sus miembros como "niñas" a pesar de que actualmente son adultas. Enfatizan principalmente el abuso y la explotación sexual que sufrieron. En sus Twits, a menudo muestran solidaridad con las niñas víctimas de violación, no solo en el contexto del conflicto armado. Se refieren a sus abusos con nombres como "degeneración", "pedofilia" y "horror".
Ambas organizaciones intentan encarnar a mujeres víctimas del conflicto armado porque aquellos que ocupan ese puesto tienen la autoridad para legitimar ciertas opiniones políticas y acciones específicas en el contexto del conflicto. Sin embargo, de la mano a estas posiciones hay otros intereses políticos, opiniones y perspectivas más amplias, que en el caso de estas organizaciones tuvieron efectos concretos en la campaña presidencial de 2018. El triunfo en el campo discursivo como representantes de las mujeres víctimas no se limita a su reconocimiento y su lucha por la justicia y la reparación, sino que tiene consecuencias directa en el campo electoral
