El hombre venezolano del Siglo XXI percibe a la seguridad como una de las preocupaciones fundamentales de su vida cotidiana. Los ciudadanos se enfrentan de manera frecuente a demandas de seguridad que no están satisfechas por las políticas públicas del gobierno, por lo tanto, la seguridad se ha convertido en un asunto primordial en la agenda del venezolano. Esta investigación de tipo documental analiza la importancia que tienen la convivencia ciudadana, la creación del capital social y la preservación de los espacios públicos con respecto a la seguridad. El espacio público es el que da identidad y carácter a la ciudad, el que permite reconocerla, disfrutarla y diferenciarla, por lo tanto, es fundamental para el proceso de socialización de los residentes habituales, así como también para propiciar la integración de los recién llegados a la ciudad. En los espacios públicos se expresa la diversidad, se produce el intercambio social y se aprende la tolerancia, por lo tanto, la multiplicación y el mantenimiento de los mismos contribuyen de manera considerable al progreso de la comunidad y a la formación de ciudadanos. La percepción de una ciudad como segura o como peligrosa suele relacionarse con el índice de delitos que en ella se cometen. Generalmente, cuando la criminalidad es elevada y la ciudad ha sido catalogada como insegura se piensa que el problema habrá de resolverse con un incremento de la presencia y acción policial. No obstante, es muy probable que la solución del problema requiera de una intervención profunda en el diseño del espacio público que contribuye a la formación y mantenimiento del capital social. La ciudad debe ser considerada bajo una perspectiva de identidad social, incentivando el uso de mecanismos de integración como las actividades recreativas, culturales y deportivas que contribuyan a alcanzar un ordenamiento territorial orientado a la convivencia ciudadana. El desarrollo de una política de seguridad ciudadana debe estar en concordancia con el aumento del espacio físico y de su funcionamiento. Los muros, cercos preventivos, cámaras de seguridad y la presión policial no son suficientes, si no van acompañados de un cambio inducido desde el interior del territorio. La seguridad desborda el marco tradicional de las políticas gubernamentales; ya que no puede ser concebida como exclusiva seguridad policial, sino que debe ser abordada desde un enfoque más integral. El control permanente de un espacio territorial debe ser producto de la acción de la ciudadanía y no de la policía, cuya presencia debe ser un elemento disuasivo frente a la delincuencia, contribuyendo a producir confianza en la población. No obstante, la seguridad, como asunto de gobierno que incluye participación y decisión sobre políticas públicas, debe contar con la toma de decisiones de la ciudadanía y de sus organizaciones. En efecto, la construcción de un capital social que involucre la participación y el desarrollo de las comunidades contribuye a minimizar el papel de Estado en la aplicación de la coerción. Asimismo, las políticas públicas de seguridad ciudadana deben relacionarse con la protección de la naturaleza, la práctica del deporte y la promoción de actividades culturales. El enfoque exclusivo en los síntomas que afectan a la seguridad y en la prevención de la violencia, proporciona, en el mejor de los casos, una solución parcial y a corto plazo. La seguridad y la convivencia ciudadana sólo se pueden alcanzar corrigiendo y eliminando las causas subyacentes de la violencia y la inseguridad. Las políticas públicas de seguridad deben ir más allá de la prevención y control del delito, extendiéndose a acciones vinculadas a proporcionar y garantizar bienestar y calidad de vida a la ciudadanía. El abandono de esta clase de políticas sociales o la inexistencia de las mismas, conlleva a un crecimiento desmesurado del estado penal y a las políticas de control, antes que a la prevención. La estrategia institucional para la prevención social del delito debe orientarse a reducir los factores y las motivaciones que conducen a delinquir. Del mismo modo, el desarrollo de los espacios públicos que permitan la interacción comunitaria ayuda a construir un orden social voluntario.El centro de la acción institucional debe ser el individuo, por lo tanto, se requiere una agenda que contenga propuestas quehagan énfasis en la protección del ciudadano, con prioridad en el derecho a la vida, la integridad física y la libertad, así como también con un enfoque preventivo que promueva el empleo de los procedimientos alternativos de resolución de conflictos a la hora de hacer frente a las controversias. Las conclusiones alcanzadas permiten señalar que la seguridad se relaciona con la confianza social existente en la población, la creación compartida de las reglas de juego y el grado de asociación que se genera en la sociedad. El ser humano y no el Estado, debe ser el centro de las políticas públicas de seguridad ciudadana.