El objetivo de esta ponencia es analizar las etapas de la integración gasífera en Sudamérica desde la década de 1970 hasta la actualidad. Tomando en cuenta estudios previos que abordaron parcialmente el tema, se aplicó una estrategia metodológica basada en la investigación documental, a través de la recolección, sistematización y análisis de fuentes documentales (acuerdos bilaterales y multilaterales, normas nacionales, documentos públicos y privados) y estadísticas (Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE); BP; U.S. Energy Information Administration; orgnanismos nacionales de energía).
Actualmente, el gas natural ocupa el segundo lugar en la matriz primaria de energía del subcontinente sudamericano. Sin embargo, la distribución desigual de las reservas de gas natural en la región determina que algunos países sean exportadores y otros importadores y que, a priori, pueden complementarse. Venezuela cuenta con el mayor volumen de reservas, seguido por Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Colombia.
El primer proyecto de interconexión gasífera se concretó en 1972 con la puesta en marcha del gasoducto Yabog, que une Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) con Campo Durán (Argentina). Este gasoducto, sumado a proyectos hidroeléctricos bilaterales, se enmarca en una etapa de carácter geopolítico, cuyo rasgo predominante fue la disputa entre las principales potencias regionales, fundamentalmente Brasil y Argentina, por expandir su influencia sobre los países limítrofes.
Durante la década de 1990 se configuró un escenario regional bajo la hegemonía neoliberal en el cual se llevaron a cabo reformas locales del sector hidrocarburífero, con distinto grado de profundidad, bajo la premisa de la apertura de la participación del capital privado. El caso más sobresaliente fue el de Argentina, cuya reforma habilitó una sobreexplotación de los yacimientos existentes por parte de los operadores privados, los cuales volcaron los excedentes de gas a los mercados limítrofes por medio de diez gasoductos de exportación (siete hacia Chile, dos hacia Uruguay y uno hacia Brasil). En términos del regionalismo abierto, hubo un predominio de la integración “de hecho”, motorizado por el interés privado, complementada con integración impulsada por políticas en la cual el Gobierno argentino suscribió los acuerdos necesarios con los países limítrofes para garantizar el intercambio comercial de gas por gasoductos. No se crearon organismos de seguimiento de los compromisos asumidos y tampoco mecanismos de anticipación de situaciones de riesgo de suministro. En el año 2004 cuando Argentina no pudo cumplir simultáneamente con el abastecimiento del mercado interno y los compromisos de exportación derivó en una crisis diplomática con el gobierno chileno.
Mientras Argentina abandonaba la condición de importador para convertirse en exportador, Bolivia reforzó el vínculo con Brasil para destinar su gas a ese mercado y para ello se contruyeron dos gasoductos, uno encabezado por las petroleras estatales YPFB y Petrobras y otro por un consorcio privado.
En 1994 se lanzó la Iniciativa Energética Hemisférica, promovida por EEUU en el marco del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), cuyos lineamientos eran la liberalización del mercado energético regional e implementación de marcos favorables a la inversión privada asentándose en los procesos de privatización, desregulación y apertura que con distintos grados ya estaban en marcha en buena parte de los países del continente. No obstante, la iniciativa no tuvo incidencia en la integración gasífera.
En el seno del Mercosur, en 1999 se firmó el Memorándum de Entendimiento relativo a los Intercambios Gasíferos e Integración Gasífera, en el cual los Estados Partes se comprometían a desarrollar un mercado regional de gas natural en el cual operen tanto empresas públicas como privadas, bajo las reglas del librecomercio y la competencia. Pese a que los asuntos energéticos se tratan en el Subgrupo de Trabajo Nº 9, las normativas legales de integración energética no han registrado avances en cuanto a la incorporación de dispositivos para la solución de controversias ni para normar situaciones de crisis y se evidencia la inexistencia de un cuadro institucional multilateral para reglamentar y coordinar los procesos de integración en el sector energético.
En síntesis, en el escenario neoliberal predominaron las iniciativas bilaterales por encima de las multilaterales, aunque tuvieron una suerte dispar en la década siguiente: la insustentabilidad en el largo plazo del perfil exportador de Argentina condujo al incumplimiento de los contratos entre privados y a una crisis diplomática, mientras que los términos del acuerdo YPFB-Petrobras fueron renegociados por ambos gobiernos tras la tercera nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.
Por el contrario, la integración gasífera en el escenario postneoliberal estuvo signado por las iniciativas multilaterales. Entre los factores que dieron impulso se cuentan: el aumento del precio internacional del barril de petróleo; el cuestionamiento de los esquemas privatizadores mediante la ampliación del control estatal, nacionalizaciones y/o de mecanismos de captación de la renta petrolera; la implementación de una “diplomacia petrolera” desde Venezuela por parte del gobierno de Hugo Chávez; la crisis de abastecimiento en Argentina con repercusiones directas en Chile, cuyo gobierno inició la búsqueda de nuevas opciones dentro y fuera de la región. Bajo estas condiciones, el intercambio energético se convirtió en un eje estratégico de la agenda de la integración regional.
Las principales iniciativas multilaterales fueron el Anillo Energético del Sur; el Gran Gasoducto del Sur; OPPEGASUR y el Consejo Energético de Suramérica en el marco de UNASUR.
El proyecto del Anillo Energético fue impulsado por Chile con el fin de afrontar la caída del suministro de gas argentino. Se preveía la construcción de una red de gasoductos, interconectando nuevos y viejos, con el gas proveniente del yacimiento peruano Camisea -y posiblemente el gas boliviano- para abastecer a toda la subregión. Bolivia sólo participó en calidad de observador, ya que condicionaba su participación plena a la solución de su histórica demanda de salida al mar con Chile. Finalmente, Perú desistió continuar con el proyecto por la reactivación del conflicto limítrofe con el mismo país y optó por priorizar el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) por medio de una planta de licuefacción.
El Gasoducto del Sur fue una iniciativa de Chávez para construir un gasoducto de 8.000 kilómetros de extensión que uniría Venezuela-Brasil- Argentina, interconectando el resto de los países de la región. En 2005 los tres presidentes firmaron la Declaración de Montevideo sobre Integración Gasífera Sudamericana pero se enfrió tras la Cumbre de Margarita de 2007. La iniciativa era débil en términos de factibilidad económica y ambiental, además que existía cierto recelo brasileño para aceptar un proyecto que colocaría a la Venezuela chavista en una situación de liderazgo regional. La crisis económica internacional de 2008 sumó también problemas de financiamiento. Un factor adicional fue el lento desarrollo gasífero de Venezuela.
En 2007 Argentina, Bolivia y Venezuela - los tres primeros productores de la región- acordaron el Tratado Energético para la Creación de una Organización de Países Productores y Exportadores de Gas de Sudamérica (OPPEGASUR). El objetivo era crear una OPEP gasífera que coordinara las políticas de inversión, de producción, de precios y de exportación de los países de la región en materia de gas. El gobierno brasileño mostró su desagrado por haber quedado fuera de la iniciativa. La iniciativa quedó trunca a partir del lento desarrollo gasífero venezolano y la declinación de la producción en Argentina.
La creación de UNASUR consagró a la energía como uno de los motores centrales de integración. Bajo su órbita quedó el Consejo Energético de Suramérica (CES), creado por la Declaración de Margarita de 2007 e integrado por los Ministros de Energía de cada país y se le fijó como meta redactar el Tratado Energético de Suramérica (TES). Sin embargo, la existencia de modelos energéticos contrapuestos (entre los países más volcados al protagonismo estatal y los promercado); la permanente rotación de funcionarios y la retención de la presidencia por parte de un solo país conspiraron contra su funcionamiento.
En cuanto a las relaciones bilaterales, se destaca el reimpulso a la importación de gas boliviano por parte de Argentina. En 2006 se celebró un contrato de 20 años y más tarde se acordó la ampliación de la capacidad de transporte por medio de la construcción del Gasoducto de Integración Juana Azurduy.
A su vez, Colombia y Venezuela se interconectaron por medio del gasoducto Transcaribeño en 2007. La duración del contrato era de 20 años, estando previsto que Colombia le vendiera su gas a Venezuela durante los primeros 4 años para cubrir sus faltantes en la región occidental y al término de ese plazo se revirtiera el suministro de Venezuela a Colombia. El atraso de las inversiones en territorio venezolano no permitió cumplir el contrato por lo cual el suministro desde Colombia se extendió hasta 2015.
En definitiva, las iniciativas multilaterales en el escenario posneoliberal, a diferencia de la etapa anterior, tuvieron una fuerte impronta estatal y buscaron trascender el vínculo comercial en función de una agenda de desarrollo económico y social. Sin embargo, no se materializaron debido a obstáculos históricos, políticos, técnicos, económicos y financieros. Mientras que la integración bilateral ha estado condicionada por la crisis interna en Bolivia y las urgencias en Argentina y Brasil que llevaron a estos dos países a instalar plantas de regasificación de GNL, al igual que Chile.