Resumen de ponencia
Sociedad civil, Policías y Derechos Humanos: hacia la modernización de las fuerzas de orden en Chile y el ejercicio del derecho a la protesta social.
Observatorio de Prácticas e Instituciones Policiales de Chile - OPIP (Chile)
*Carlos Falcón
El año 2016 el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile emitió su quinto y último Informe de Función Policial y Orden Público, en el cual se transparentaba claramente cómo la Policía en Chile sigue sosteniendo un actuar en el que la represión a discreción es un hecho constatado de forma sistemática. El año siguiente se hace público una investigación sobre la asociación ilícita de altos mandos de Carabineros, en donde un grupo de generales defraudó al Estado de Chile por una cifra cercana a los 5 millones de dólares, monto aún en incógnita dado que las indagaciones por parte de la fiscalía siguen desarrollándose.
Este contexto de crisis institucional se ha visto acentuado además con una serie de otras fallas en procedimientos de detención y en la nula posibilidad de acceder a información de estos por parte de la ciudadanía, propiciando una crisis de legitimidad institucional que ha comenzado a demoler la imagen proba que hasta hace poco la institución tenía en Chile.
A su vez, una serie de investigaciones periodísticas dieron cuenta de una solicitud de dinero permanente al congreso, por parte de carabineros, que difería de la que la institución requería. Carabineros solicitó durante varios años, presupuesto para una cantidad de plazas inexistentes, dinero que aún está intentando ser justificado ante la contraloría general de la república. El contexto se torna aún más complejo al saber que en Chile el presupuesto en seguridad pública se ha duplicado en los últimos diez años.
Los gobiernos de las últimas dos décadas, en tanto, siguen asociando la mejoría de la acción policial, con la entrega de más atribuciones, desentendiendo la dimensión política de todos los problemas sociales, su complejidad y profundidad.
La receta es evidente: trabajar por la percepción más que por la prevención. Mucho menos pensar en soluciones estructurales. La eficiencia de los recursos públicos es el cortafuego neoliberal de un estado tremendamente jibarizado.
Esto es precisamente lo que ha favorecido la aparición de una respuesta ciudadana acotada, que discute dando un limitado espacio a los DDHH como prisma contingente. Por esto es que la protesta social sigue siendo definida y validada según la simpatía del movimiento social que la ponga en el tapete y no como un paradigma que encuadre a todas las demandas sociales sin distinción.
La incapacidad de administrar políticamente temas complejos ha facilitado la criminalización, por ejemplo, de reivindicaciones de pueblos indígenas en Chile, mediante la represión sistemática a través de una polémica ley antiterrorista cuestionada internacionalmente por criminalizar al pueblo Mapuche. No son pocas las organizaciones que se han manifestado en contra de la invocación por parte del estado de esta ley, que sigue tomando atajos a todos los avances civilizatorios que la comunidad internacional ha convenido. En este mismo contexto, es que la actual administración gubernamental ha instruido a la policía de Chile para enviar y entrenar a un grupo de efectivos en Colombia con el fin de mejorar “la batalla” contra el terrorismo en lo que se ha denominado “el comando jungla”. Por último e igualmente grave es el anuncio de una reforma a la ley que pretende rehacer la forma y los criterios en que son procesados niños y adolescentes infractores de ley en Chile, desestimando en ella todo resguardo con los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Urge tomar todos estos diagnósticos y escenarios aquí presentados, poniéndolos en una clave moderna, que logre por un lado, interpretar la necesidad de las personas por lograr justicia en una amplia dimensión; pero también ampliar la percepción y el conocimiento sobre qué son los Derechos Humanos deselitizando esta discusión. La constante tergiversación que hacen algunos grupos políticos es de todo punto de vista irresponsable, pero posible, gracias a la situación antes descrita.
Esta ponencia intenta caracterizar la situación actual de la protesta social y las instituciones policiales desde una perspectiva crítica, entendiendo la urgencia de desnaturalizar los DDHH como una temática exclusiva de la dimensión de verdad, justicia y reparación.